El Gobierno empuja a los propietarios de pisos en alquiler a un caos histórico con miles de demandas

El Gobierno va a intentar aprobar a toda costa, a lo largo del mes de julio, un macrodecreto de vivienda. Y aunque las medidas están todavía por concretar, el Ejecutivo de Sánchez ya ha adelantado algunos puntos, como es recuperar la prórroga de los contratos de alquiler que estuvo en vigor un mes, pero que no pasó su examen final en el Congreso.

Esta normativa prorrogaba de manera extraordinaria hasta dos años los contratos de alquiler que vencían entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Pero como «no tenía una técnica jurídica correcta», en palabras de juristas, ha dado lugar a muchas interpretaciones, y ha aumentado, aún más, la «guerra» entre inquilinos y propietarios.

Son muchos los expertos del sector y de derecho inmobiliario que consideraban que la solicitud solo era válida para los contratos que acababan durante su vigencia. Por el contrario, otros decían que, si se había solicitado, aunque fuese antes de tiempo, era plenamente válida y se tenía que conceder la prórroga.

Ahora, los despachos de abogados se están encontrando con una oleada de litigios, que va a ir en aumento. Los inquilinos quieren conservar su contrato de alquiler y los propietarios, ya sea porque lo quieren para sus hijos o lo iban a vender, quieren finalizarlo. En muchas ocasiones se encuentra una salida, evitando alargar el procedimiento mucho tiempo, pero en otras la única vía es la Justicia.

Si el Ejecutivo de Sánchez vuelve a aprobar otra prórroga y es calcada a la impulsada hace tres meses, se va a generar más conflictividad y crispación entre propietarios y arrendatarios. Y es que, tal y como explica Matilde Cuena, Catedrática de Derecho Civil y miembro de la Fundación Hay Derecho, a El Debate, «el nuevo decreto no resolvería automáticamente los conflictos ya existentes entre propietarios e inquilinos derivados de la caída del anterior decreto». Para eso, se tendría que incluir expresamente una clausula que aclarase que va a tener efectos retroactivos, pero considera que «plantearía importantes problemas de seguridad jurídica».

Por lo que serviría para regular las situaciones futuras, pero no eliminaría la litigiosidad ya generada, ya que seguirá dependiendo de la interpretación que hagan los tribunales. De hecho, se prevé un nuevo boom de litigios.

«Estamos ante un Gobierno irresponsable que inunda de inseguridad jurídica el mercado de la vivienda para arrancar un puñado de votos», asegura Cuena. «Si no eres competente para legislar, no lo hagas», reclama, por su parte, Arantxa Goenaga Llorca, abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis.

Moratoria antidesahucios

Sumar ha celebrado el decreto con medidas de vivienda que se tiene previsto aprobar, pero han advertido que no van a renunciar a recuperar la moratoria de los desahucios a familias vulnerables.

Esa moratoria, que venía prorrogándose desde la pandemia, se derogó en el Congreso el pasado 26 de febrero, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN, lo que dejó sin alternativa habitacional a más de 60.000 familias vulnerables.

Si finalmente también se incluye en el texto, «va a aumentar aún más la inseguridad jurídica, y generará más conflictividad y crispación entre propietarios y arrendatarios porque todos buscan proteger lo suyo», sentencia Goenaga.