Las bazas de Sánchez para avanzar hacia los Presupuestos tras el varapalo del Congreso con el déficit

El Congreso, como era previsible, ha rechazado este martes la senda de déficit presentada por el Gobierno, paso imprescindible para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo también informó a la cámara del techo de gasto, de 226.032 millones, el cual, a diferencia de la senda de déficit, no se somete a votación.

Hacienda elaboró una trayectoria fiscal que limita el déficit público al 1,8 % del PIB en 2027, el 1,6 % del PIB en 2028 y el 1,5 % del PIB en 2029. El grueso de este déficit se lo atribuye el Estado, dejando a las comunidades autónomas un margen de una décima. Las administraciones locales están obligadas al equilibrio presupuestario.

El artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012 da al Gobierno el plazo de un mes para aprobar de nuevo en Consejo de Ministros el mismo objetivo (o uno nuevo) y remitirlo de nuevo a las Cortes.

El Congreso está ya de vacaciones, si bien hay convocado otro pleno extraordinario para el próximo 23 de julio. Desde Hacienda confirman que la tramitación se produciría «lo antes posible». Si el Congreso lo aprueba en esa ocasión, pasará al Senado, donde la mayoría absoluta del Partido Popular garantiza un nuevo rechazo.

En anteriores legislaturas, el rechazo del Senado hubiera dado al traste con el trámite presupuestario. Sin embargo, en 2023 la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargó un informe a la Abogacía del Estado que concluyó que la obligación constitucional de tener Presupuestos exige que el Gobierno siga adelante con la tramitación para no incumplir los compromisos europeos que exigen al país reducir su endeudamiento.

Para ello, la Abogacía señala que «a falta de aprobación, conforme a la legislación interna (...) resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo [Europeo].

La amenaza de Hacienda a las autonomías es poco creíbleDiego Martínez LópezCatedrático de Economía Aplicada y analista de Fedea

El programa de estabilidad fue sustituido en 2024 por el Plan Fiscal Estructural a medio plazo, tras el nuevo acuerdo europeo alcanzado después de la pandemia. En esta hoja de ruta, España se comprometió a tener un déficit del 2 % en 2027; del 1,5 % en 2028; y del 1,2 % en 2029. Según el criterio de Hacienda de 2023, el Gobierno podría remitirse a este compromiso para redactar las cuentas y continuar así un camino parlamentario más que incierto.

«Si esa segunda votación también fracasa, no se bloquean los Presupuestos, sino que entrarían en juego los objetivos ya comunicados a Bruselas en el Plan Fiscal Estructural», según Santiago Lago, investigador de Funcas. Estos objetivos «recortan el margen de las comunidades autónomas a déficit cero mientras el Estado gana una décima», detalla a este periódico.

Un «vacío legal financiero»

El problema es que ese informe «ya no es operativo, porque se trata de una recomendación de la Comisión Europea, y no es tan vinculante como una Ley Orgánica», explica a El Debate Diego Martínez López, catedrático de Economía Aplicada en la Pablo de Olavide e investigador de Fedea. Además, según abunda, no reparte el déficit entre niveles administrativos, lo que genera «un vacío legal financiero».

Hacienda, sin embargo, tiene otro as bajo la manga. Ya lo esbozó la propia María Jesús Montero en el último intento de aprobar una senda de déficit, en noviembre de 2025, para las no natas cuentas de 2026. Se trata de referenciarse a la Constitución «que fija el equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas», según trasladó Montero en rueda de prensa.

Según adelantó El País, el ministerio ahora en manos de Arcadi España podría recurrir a este segundo planteamiento, que dejaría a las comunidades autónomas sin un margen de gasto superior a los 5.000 millones de euros. Así lo confirmó el ministro España ayer en el Congreso: «Si se rechaza, las autonomías dejarán de contar con ese margen fiscal».

Diego Martínez considera, sin embargo, que se trata de «una amenaza poco creíble», dado que «exige calcular el déficit estructural, que nunca se ha hecho oficialmente, y el Estado no saldría bien parado». En suma, Hacienda se enfrentaría «a un jaleo de mil demonios», que podría causar además la anomalía de que el Estado tuviera un objetivo de déficit y las comunidades autónomas no. «Sería una disciplina fiscal a dos o tres velocidades», valora Martínez.

Elija una u otra vía, o una tercera por pergeñar, el siguiente paso sería que los distintos ministerios elaboren sus propias previsiones de ingresos y gastos, un trabajo que muchos departamentos tienen ya avanzado.

En base a ello, el Consejo de Ministros elabora un Proyecto de Ley de Presupuestos y lo remite al Congreso de los Diputados. Para garantizar su aprobación en tiempo y forma, es decir, antes del 1 de enero, debería entrar en la cámara en el mes de octubre, dando comienzo a la inclusión de enmiendas y posteriormente, al debate de dichas enmiendas.

El último paso sería la votación de las cuentas en el pleno, antes de la remisión final al Senado. Si la Cámara Alta introduce modificaciones, el Congreso tendrá la última palabra para aceptarlas. Para todo ello, sin embargo, el Ejecutivo necesitará una mayoría parlamentaria que, en los últimos años, ni ha estado ni se ha esperado en la Cámara Baja.