Yolanda Díaz habla con Elma Saiz durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La descoordinación entre Trabajo y Seguridad Social lastra la inserción laboral de los beneficiarios del IMV
El 46 % de los beneficiarios continúa recibiendo la prestación cinco años después, mientras los servicios públicos de empleo siguen sin poder incorporar automáticamente la información del INSS para gestionar su activación laboral
Cinco años después de la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Estado sigue teniendo dificultades para facilitar la incorporación de sus beneficiarios al mercado laboral. Casi la mitad de los hogares continúa dependiendo de la prestación, mientras Trabajo y Seguridad Social siguen sin coordinar sus sistemas para gestionar la activación laboral de este colectivo.
De acuerdo con los datos de la AIReF, el 46 % de los hogares beneficiarios sigue percibiendo la prestación transcurridos 60 meses desde su concesión, porcentaje que aumenta al 57 % entre quienes perciben cuantías próximas a la renta garantizada, frente al 34 % de aquellos hogares cuya cuantía es más reducida.
Por ello, el organismo aboga por reformular el actual incentivo al empleo. A su juicio, cuando la protección económica es más elevada y no va acompañada de políticas de activación eficaces, aumenta el coste de oportunidad de aceptar un trabajo, por lo que recomienda introducir cambios que faciliten la transición desde la prestación al mercado laboral.
Esa activación, precisamente, es uno de los ámbitos en los que Trabajo encuentra mayores dificultades. El Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) 2026 reconoce que la falta de interoperabilidad entre los sistemas de información de la Seguridad Social y los servicios públicos de empleo autonómicos provoca «limitaciones operativas» para gestionar la inserción laboral de los perceptores del IMV.
El documento explica que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilita información desagregada sobre las personas potencialmente activables. Sin embargo, añade que esos datos «no pueden aún incorporarse de forma automática a los sistemas de registro de los servicios públicos de empleo», lo que dificulta fijar objetivos cuantitativos ajustados a la realidad de este colectivo.
En la práctica, esta limitación dificulta que las oficinas de empleo integren automáticamente la información procedente del INSS para planificar la activación laboral de los beneficiarios del IMV, especialmente en aquellas comunidades autónomas que utilizan plataformas informáticas propias. El PAFED confía en que esta situación pueda corregirse «a lo largo del presente ejercicio» mediante nuevos avances en la interoperabilidad entre administraciones.