Los inmigrados representan ya el 25 % de los ocupados de España: el 32 % en Cataluña y el 29 % en Madrid
Entre 2000 y 2026 la población de España creció en 9,1 millones de habitantes merced a 10,0 millones de inmigrantes
Entre los años 2000 y 2026 los habitantes de España han pasado de 40.499.791 a 49.542.844. La población creció en 9.043.053 personas, un 22,3 %. En estos 26 años el crecimiento vegetativo acumulado fue de -961.528 personas (9.587.905 nacidos frente a 10.549.433 fallecidos).
En consecuencia, entre 2000 y 2026 la inmigración extranjera neta (aquella que ya culminó en residencia legal; los inmigrados aún no legalizados son incontables, no se cuentan), es decir, los nuevos residentes de España fueron 10.004.581. Ésta es la nueva España.
De la población legalmente residente en España el 1 de enero de 2026 el 20,2 % ha nacido fuera de España y el 14,6 % no tiene (aún) la nacionalidad española. España es el país de la Unión Europea con mayor inmigración. En proporción de población inmigrada, España (20,2 %) ya supera a Alemania (19,4 %), Francia (13,5 %), Italia (11,0), Polonia (4,4 %) … y ¡Estados Unidos (15,1 %)! Menudo cambio, pues, hasta llegar a ser España el país de Europa con mayor inmigración anual y acumulada, mayor incluso que en el paraíso de la inmigración que es (fue) Estados Unidos.
El cambio demográfico de España ha sido muy rápido e intenso, tanto en caída de la natalidad como en auge de la inmigración. En 1990 la población nacida fuera de España era el 2,1 % de los residentes en España, en 2000 el 3,8 %, en 2010 el 14,0 %, en 2020 el 15,2 %, siendo la actual del 20,2 %.
En la Nueva España, el 36 % de los inmigrantes nació en Hispanoamérica
De la población inmigrada legalmente residente en España el 1 de enero de 2026 procedieron de Hispanoamérica el 36 %, de África el 26 %, del resto de Europa el 24 %, de Asia el 12 % y del resto del mundo el 2 %. Ésta es la ¡nueva España!
Los valores anteriores corresponden a la media nacional. Según regiones, las diferencias son importantes. Así, en Cataluña el 26,1 % de los residentes legales han nacido fuera de España y el 18,7 % (aún) no tienen la nacionalidad española. En la Comunidad de Madrid estos valores son 24,5% y 16,9%; en Andalucía 13,8% y 10,8%; y en Castilla y León 10,9% y 7,9%.
Los inmigrados representan el 25 % de los ocupados de España, el 32 % en Cataluña, el 29 % en Madrid
La población inmigrada es mayor en las edades laborales y en colectivos específicos. De este modo, entre los varones de entre 20 y 45 años aquellos nacidos fuera de España son el 28,1 % para el conjunto de España, el 45,8 % en Cataluña, el 42,7 % en Madrid, el 12,4 % en Andalucía y el 14,1 % en Castilla y León.
Por su parte, los inmigrados son ya el 24,8 % del empleo en el conjunto de España. En Cataluña son el 31,5 %, el 29,2 % en Madrid, el 11,8 % en Andalucía y el 13,5 % en Castilla y León. En Cataluña y Madrid, en hostelería y cuidados personales los empleados nacidos fuera de España superan el 60 %. En Andalucía y en Castilla y León son vitales en agroindustria, agricultura intensiva y turismo.
La dinámica del mercado laboral español consolida, pues, una realidad estructural: la inmigración extranjera sostiene el aumento de la población ocupada, suponiendo el 85 % de los nuevos puestos de trabajo.
El conjunto de dinámicas analizadas anteriormente se debe a:
- La demografía española: desde 2015 el crecimiento vegetativo es negativo, son más los fallecidos que los nacidos.
- Una inmigración extranjera fulgurante.
- La diferencia en la renta per cápita, el desarrollo y el bienestar entre España y África, Hispanoamérica y Asia,
- La atractividad económica, política, social y cultural de España.
- La nula política de inmigración y el inexistente control de las fronteras exteriores españolas.
Visto todo lo anterior entenderemos, pues, las vicisitudes de la sociedad y de la economía españolas en aspectos como:
- la renta per cápita, estancada desde 2015;
- la productividad, cuyo crecimiento es nimio;
- el flujo neto de capital extranjero, que disminuyó con la inestabilidad política, institucional y jurídica;
- las tasas de ahorro y de inversión, que son exiguas;
- la criminalidad, al alza;
- la pobreza, al alza; y
- la vivienda, de los impedimentos regulatorios a la okupación.
- Ferran Brunet es economista y autor de Economía del separatismo catalán y de The Economics of Catalan Separatism