Moncloa subestima el peso de la Sanidad en su nuevo modelo de financiación a medida de Cataluña

Sanidad y Educación concentran más de tres cuartas partes del gasto autonómico, pero su peso en la nueva fórmula de financiación diseñada por Moncloa apenas alcanza el 58,5 % en conjunto. Mientras tanto, los servicios generales pesan un 30 % en el cálculo de las necesidades, prácticamente el doble del 15,6 % que representan en el gasto real de las comunidades.

El Gobierno utiliza una fórmula de población ajustada para aproximar las necesidades de financiación de cada territorio, en la que otorga un peso relativo a las distintas partidas. En el caso de la Sanidad, esta ponderación se mantiene en el 38 %. Sin embargo, los cálculos del director de Fedea, Ángel de la Fuente, a partir de las liquidaciones presupuestarias de las comunidades, apuntan a que la Sanidad representa realmente el 48,29 % del gasto autonómico analizado.

Lo mismo ocurre en el caso de la Educación. Hacienda le otorga un peso relativo del 20,5 % –un 17 % para la población en edad escolar no universitaria y un 3,5 % para las necesidades universitarias–, mientras que representa en realidad el 28,11 % del gasto neto analizado.

Por el contrario, los denominados «servicios generales», donde se incluye tanto la burocracia regional como las partidas de cultura, vivienda, empleo, infraestructuras, regulación o ayudas a distintos sectores, conservan un peso del 30 %, pese a representar apenas el 15,62 % del gasto autonómico analizado.

«En consecuencia, el peso asignado a estas partidas dentro del sistema de financiación actual resulta seguramente demasiado bajo, mientras que el peso atribuido a los servicios generales que van ligados al tamaño de la población sería aproximadamente el doble de lo necesario», explica el economista.

La comparación no significa que Hacienda destine únicamente el 38 % de los recursos del sistema a hospitales y centros de salud. La población ajustada funciona como una fórmula para determinar las necesidades relativas de cada comunidad y posteriormente repartir los recursos. En el caso sanitario, se utiliza la denominada población protegida equivalente, que pondera de manera diferente a los ciudadanos en función de su edad y de sus necesidades sanitarias previsibles.

El mantenimiento del peso sanitario en el 38 % resulta especialmente llamativo porque Hacienda sí introduce numerosos cambios en la población ajustada. En Sanidad, amplía de siete a veinte los grupos de edad utilizados para calcular la población protegida equivalente. En Educación, separa las necesidades correspondientes a la población escolar de las universitarias. También divide a los mayores de 65 años en dos tramos según la incidencia de la dependencia e introduce los parados sin prestación contributiva como nueva variable.

A ello se añade una partida del 0,4 % para los denominados «costes fijos», mientras se reduce ligeramente la importancia de factores geográficos como la superficie, la dispersión de la población o la insularidad. Pese a todos estos retoques, el peso agregado de la Sanidad permanece exactamente en el 38 % que ya tiene en el sistema vigente.

Aumentar el peso de la Sanidad

De la Fuente calcula cómo cambiarían las ponderaciones si se aproximasen a la estructura real del gasto autonómico. El resultado supondría elevar el peso de la Sanidad desde el 38 % hasta el 46,84 %, casi nueve puntos más. Educación pasaría del 20,5 % al 27,27 %, mientras que los servicios generales caerían prácticamente a la mitad, desde el 30 % hasta el 15,15 %.

Si el objetivo de la nivelación es que todas las comunidades dispongan de recursos suficientes para prestar una cesta similar de servicios públicos, De la Fuente considera razonable que el peso asignado a las distintas necesidades guarde relación con el coste que esos servicios tienen realmente para las autonomías. El economista advierte, no obstante, de que se trata de un cálculo preliminar realizado con datos de 2023. Para trasladarlo a una fórmula definitiva sería conveniente utilizar una media de varios ejercicios y depurar con mayor detalle las cifras de gasto y financiación específica.

Un traje a medida para Cataluña

La propuesta de financiación ha despertado fuertes recelos entre los distintos gobiernos regionales, que consideran el texto como un traje a medida para Cataluña. El propio De la Fuente advierte en su informe de que el borrador incorpora «dos nuevos mecanismos de lógica (y estética) más que discutibles que favorecerían fundamentalmente a Cataluña».

Uno de ellos afecta a las denominadas competencias no homogéneas, aquellas que solo han sido transferidas a determinadas comunidades, como la policía autonómica catalana o algunas funciones de la Administración de Justicia. Hacienda ofrece mantener su actual financiación mediante transferencias del Estado o sustituirla por un tramo adicional del IVA, hasta alcanzar un máximo del 90 %, lo que permitiría que estos recursos evolucionasen más ligados a la marcha de la economía de cada territorio que a la del conjunto de España.

A ello se suma la creación de un nuevo «subfondo de competencias homogéneas», que abriría la puerta a establecer valoraciones diferentes para unas mismas competencias en distintas comunidades. De la Fuente es especialmente crítico con esta posibilidad, que, a su juicio, «atentaría gravemente contra la lógica igualitaria del modelo y debería por tanto evitarse».