La brecha creciente entre jubilados y trabajadores: las pensiones han subido un 70 % y los sueldos un 25 % desde 2010

La inflación no castiga a todos por igual. En España, hemos construido un sistema que garantiza a los pensionistas la recuperación del poder adquisitivo, mientras deja a millones de jóvenes expuestos a la subida de los precios. El problema no son los pensionistas, que han cotizado durante décadas y merecen seguridad. El problema es que la factura de esa protección recae cada vez más sobre unas generaciones que no disfrutan de una protección comparable.

Los datos publicados esta semana vuelven a encender todas las alarmas. El Índice de Precios de Consumo Armonizado español alcanzó, en tasa anual, en agosto, el 4,6 %, siete décimas más que en julio. Mientras que en la zona euro se situó en el 3,2 %. La inflación española supera a la europea, por tanto, en 1,4 puntos. Eso significa que nuestro poder adquisitivo se reduce más rápidamente que el de nuestros socios.

La inflación española responde en parte al encarecimiento de la energía y a una economía que crece más que la media europea. Pero también refleja problemas internos: una demanda estimulada por el gasto público, cotizaciones sociales que crecen cada vez más, escasez de vivienda y regulaciones que dificultan aumentar la oferta. No toda la inflación es responsabilidad del Gobierno, pero el aumento del gasto público está echando más gasolina al fuego.

La inflación utilizada para revalorizar las pensiones alcanzará el 3,6 %, la factura aumentará en 2027 alrededor de 7.300 millones de euros solo por la actualización. Si añadimos el incremento del número de pensionistas y el efecto sustitución –las nuevas pensiones son generalmente más altas que las que causan baja–, el gasto podría crecer 13.000 millones en un año, hasta rondar los 219.000 millones. ¡Una barbaridad!

No se trata de enfrentar a nietos y abuelos. Tampoco de negar a los jubilados una pensión digna. Se trata de preguntarnos si es justo que una generación tenga blindada por ley su renta frente a la inflación, mientras otra debe pagar esas pensiones con salarios que no siempre se actualizan y contratos precarios.

Desde 2010, la pensión media ha aumentado un 70 %, mientras que el IPC lo ha hecho aproximadamente un 35 %. En ese mismo periodo, los salarios medios habrían crecido solamente un 25 %. Son cifras que ayudan a entender la brecha generacional: la renta de los pensionistas ha avanzado considerablemente más que los salarios y los precios.

La diferencia se agrava porque la subida del IPC refleja aumento de los alquileres, alimentos, electricidad, combustible, etc. A lo que hay que unir ahora el efecto de la subida de los tipos de interés. El joven que contrató una hipoteca variable verá aumentar su cuota. Quien quiera comprar su primera vivienda tendrá que afrontar un préstamo más caro y una entrada mayor. Mientras la pensión se actualiza con la inflación pasada, el sueldo del joven no tiene garantía alguna. Además, su hipoteca se encarece con los tipos presentes. Es difícil imaginar una máquina más eficaz para ampliar la brecha generacional.

Desde comienzos de este siglo, el gasto en pensiones ha crecido mucho más que el PIB, mientras la inversión pública por habitante se ha reducido

La inflación también pasa factura al Estado. Aumentan las pensiones, los sueldos de los funcionarios, el coste de carreteras, hospitales y colegios. Y, sobre todo, los intereses de la deuda. Cada euro destinado a pagar intereses es un euro que no puede dedicarse a políticas sociales.

Desde comienzos de este siglo, el gasto en pensiones ha crecido mucho más que el PIB, mientras la inversión pública por habitante se ha reducido. Estamos financiando cada vez más el presente y cada vez menos el futuro. No es solidaridad intergeneracional cargar a los jóvenes con cotizaciones crecientes, alquileres prohibitivos y servicios deteriorados para mantener intactas las promesas del pasado.

La solución no consiste en recortar arbitrariamente las pensiones ni en abandonar a nuestros mayores. Consiste en introducir racionalidad. Las pensiones más bajas deben estar especialmente protegidas, pero no tiene sentido revalorizar exactamente igual una pensión mínima y otra elevada. También es necesario prolongar la vida laboral, fomentar el ahorro complementario y evaluar cada partida de gasto público.

Y, sobre todo, hay que aumentar la oferta de vivienda, reducir las trabas a la construcción y recuperar la inversión pública. La inflación no solo sube precios, redistribuye renta, oportunidades y futuro. En España, lo está haciendo en una dirección demasiado clara. Protegemos a quienes ya tienen vivienda y una renta garantizada, mientras pedimos paciencia a quienes todavía están intentando conseguir ambas cosas.

Los pensionistas no son los culpables. Pero tampoco podemos construir una sociedad que garantice el poder adquisitivo de sus mayores, pero condene a sus jóvenes. Hace quince años apareció en las calles de Madrid un lema inquietante: «Juventud sin futuro». El peligro es que aquello que nació como una pancarta termine convirtiéndose en una descripción de nuestro actual modelo económico.