El CEO de Glovo, a un paso de juicio por mantener a los falsos autónomos

El consejero delegado y cofundador de Glovo, Óscar Pierre, se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El juez que investiga el caso considera que la compañía mantuvo a sus repartidores como falsos autónomos pese a las sucesivas resoluciones judiciales que habían reconocido la naturaleza laboral de su relación y a los requerimientos enviados posteriormente por la Inspección de Trabajo. El auto, que todavía puede ser recurrido, pone fin a la instrucción y concede ahora diez días a las partes para presentar sus escritos antes de que se decida sobre la apertura del juicio oral.

La resolución del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona sostiene que Glovo utilizaba trabajadores a los que exigía darse de alta como autónomos mediante una relación «en apariencia mercantil» que permitía a la compañía reducir sus costes empresariales. El juez señala que este sistema evitaba garantizar un salario conforme a la jornada realizada y permitía a la empresa ahorrarse las correspondientes cotizaciones laborales.

El auto llega después de años de litigios alrededor del modelo laboral de la plataforma. El magistrado recoge como indicios hasta 18 sentencias que concluyeron que los repartidores de Glovo eran trabajadores por cuenta ajena, entre ellas la dictada por el Tribunal Supremo en septiembre de 2020. Pese a esas resoluciones, el instructor sostiene que la empresa continuó manteniendo sustancialmente la misma relación con sus repartidores.

«Glovo continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores», señala la resolución, que sostiene que los repartidores seguían obligados a darse de alta como autónomos y pagar sus propias cotizaciones para poder prestar sus servicios.

El juez considera que esta práctica no estaba autorizada por la legislación laboral y que «menoscaba y suprime» derechos reconocidos a los asalariados, entre los que cita el salario, la jornada, los descansos, los permisos, las vacaciones y la protección de la Seguridad Social.

Las sentencias no fueron las únicas advertencias recibidas por la compañía. El auto recoge también 17 requerimientos realizados por distintas inspecciones provinciales de Trabajo después de la entrada en vigor de la ley rider para comprobar si Glovo había reconocido la relación laboral y aplicado a los repartidores los correspondientes derechos laborales.

Según el magistrado, la compañía no acreditó que hubiera realizado esa regularización y se limitó a responder que la relación inicialmente analizada ya no se mantenía en el momento en que se produjeron los requerimientos.

El juez sostiene, sin embargo, que los repartidores continuaron desarrollando su actividad sin disponer de una organización empresarial propia. El auto pone especialmente el foco en el funcionamiento de la plataforma digital, a través de la cual Glovo organizaba los trabajos, determinaba las condiciones y el precio de los servicios y controlaba el proceso mediante la gestión algorítmica.

Este funcionamiento se encuentra precisamente en el origen de la sentencia con la que el Tribunal Supremo estableció en 2020 la naturaleza laboral de la relación existente entre Glovo y sus repartidores.

Cambio de modelo

Pierre fue citado a declarar como investigado en diciembre de 2024 y Glovo anunció un día antes de su comparecencia que abandonaría el modelo de repartidores autónomos y pasaría a realizar contratos laborales. La compañía justificó entonces la decisión por la voluntad de evitar nuevas incertidumbres jurídicas, mientras Pierre defendió posteriormente ante el juzgado que el cambio buscaba alcanzar la «paz social» y que el modelo anterior era legal.

La transformación terminó materializándose en 2025. Glovo inició en julio de ese año la contratación de alrededor de 14.000 repartidores dentro del proceso para abandonar el modelo de autónomos que había mantenido durante años.