El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en Campamento (Madrid) en una imagen de archivo
Enfado del inmobiliario con el Gobierno por la «utilización» del desahucio de Maricarmen cuando «no hacen nada en vivienda»
El sector da por segura una nueva prórroga de la prohibición de desahuciar en el próximo Consejo de Ministros
Recuerdan el retroceso en la construcción de vivienda protegida el año pasado, e inciden en que el 60 % de las que se construyen es gracias a promotores privados
Creciente enfado en el sector inmobiliario por la «demagogia» y «utilización» por parte del Gobierno del desahucio de Maricarmen, la anciana desalojada de su piso de Madrid tras incumplir las condiciones de un contrato de renta antigua.
El sector da por hecho que el Ejecutivo retomará la prohibición de desahuciar con un nuevo decreto que se aprobaría el próximo Consejo de Ministros, algo que ya estaría negociando con Junts y el resto de socios precisamente gracias al clima social generado en los últimos días.
Distintas fuentes del sector alertan del impacto jurídico de una nueva prórroga tras las dos ya producidas en esta legislatura, que acabaron decayendo ante la imposibilidad de ser revalidadas en el Congreso de los Diputados. Esto ha generado una cascada de demandas judiciales en diversos tribunales, abocadas en su mayoría a acuerdos extrajudiciales.
Empresas de la cadena de valor del inmobiliario apuntan a El Debate que el Ejecutivo, «muy influenciado por Sumar» en materia de vivienda, «no está haciendo nada» en esta legislatura. Cabe recordar que la Ley de Vivienda, que establece limitaciones a la subida de los alquileres, fue aprobada antes de los comicios de julio de 2023.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a impulsar la construcción de 183.000 casas de alquiler asequible. Pero, según datos del Ministerio de Vivienda, el número de viviendas protegidas construidas se situó el año pasado en apenas 11.104, un 22,7 % menos que en 2024. De ellas, más del 60 % procede además de promotores privados, y solo el 36 % procede de promotores públicos, ya sean entidades autonómicas o estatales.
«Toda la vivienda de protección que se está construyendo, que es muy poca, la están haciendo los promotores privados», resaltan las fuentes.
Otro ejemplo que argumentan desde el sector para cimentar la inacción del Ejecutivo es Casa47, el 'Idealista público' anunciado por el Gobierno público entre alharacas, que solo ofrece 638 casas en alquiler, ninguna de ellas en Madrid, ni tampoco en Barcelona capital.
El Plan Vive de Madrid, un ejemplo positivo
Las mismas coinciden en valorar por el contrario de manera muy positiva el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que impulsa la oferta de viviendas en alquiler a precios más asequibles gracias a la cesión de suelo público regional a empresas privadas en régimen de concesión.
En cambio, a nivel estatal las «luchas políticas» y la falta de una mayoría en el Congreso están dificultando cualquier medida eficaz en materia inmobiliaria. «No quieren facilitar una medalla que pueda colgarse otro Gobierno», inciden fuentes con conocimiento directo de la Administración.
El ejemplo más evidente es, señalan, la Ley del Suelo. A pesar de ser clave para la construcción de vivienda nueva, y de que PP y PSOE tienen al respecto posturas muy similares –en esencia «es la misma Ley», ha naufragado en dos ocasiones durante esta legislatura.
