Por qué hay que desahuciar a Maricarmen

La imagen es terrible. Maricarmen saliendo de su casa en camilla. Con 87 años, 70 de ellos en el mismo piso de Madrid. Nadie puede contemplar una escena así sin sentir compasión. Pero, precisamente por eso, conviene decir algo políticamente incorrecto: Maricarmen tenía que ser desahuciada.

No porque una sociedad decente deba abandonar a una anciana vulnerable. Todo lo contrario. La Administración tendría que haber encontrado una solución digna para ella. Pero una cosa es la política social y otra muy distinta obligar a un propietario a asumirla. Cuando confundimos ambas cosas, terminamos destruyendo un pilar de la economía de mercado: el derecho de propiedad.

La Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada (artículo 33.1). No es una extravagancia liberal ni una concesión a los propietarios. Es una institución que, con diferentes formulaciones, hunde sus raíces en el Derecho romano. Y supone uno de los fundamentos de las sociedades prósperas. Los países ricos no son ricos por casualidad. Lo son porque disponen de buenas instituciones: seguridad jurídica, cumplimiento de los contratos, separación de poderes, transparencia, libertad económica y derechos de propiedad bien definidos.

Y aquí aparece la paradoja que explica Benito Arruñada: cuando protegemos al débil de hoy alterando los contratos, podemos estar perjudicando al débil de mañana (revista Economistas nº192 dedicado a las «Paradojas económicas»).

Pensemos en una familia joven que busca piso. Tiene ingresos modestos, uno de sus miembros es autónomo y no dispone de grandes ahorros. ¿Qué hará el propietario si sabe que, ante un eventual impago, puede tardar meses o años en recuperar su vivienda? Pedirá más garantías, más nóminas, más avales, un seguro de impago o simplemente elegirá a otro inquilino. La protección de los inquilinos vulnerables actuales cerrará la puerta a este mismo colectivo en el futuro.

Ése es uno de los grandes errores de la política actual de vivienda. Desde 2020, se han sucedido suspensiones extraordinarias de desahucios, limitaciones a la actualización de las rentas, prórrogas contractuales y, desde 2023, una Ley de Vivienda que permite intervenir los alquileres en determinadas zonas. En 2026 todavía seguimos prorrogando medidas de suspensión de determinados desahucios con origen en la pandemia.

Lo provisional se ha convertido en estructural

Y el problema fundamental sigue sin resolverse: faltan viviendas.

El Banco de España aporta datos. En 2025, se terminaron unas 92.000 viviendas, mientras se crearon 225.000 nuevos hogares. Muy insuficientes para absorber una demanda muy intensa. Suelo escaso, lentitud urbanística, licencias interminables, inseguridad regulatoria, falta de mano de obra, encarecimiento de los materiales y una construcción residencial que no responde con suficiente rapidez.

La política económica española se ha conformado demasiadas veces con administrar la escasez. Como no construimos suficientes casas, intervenimos el precio. Como el alquiler sube, limitamos las rentas. Como algunas familias no pueden pagar, dificultamos que se les desahucie. Y, como los propietarios reaccionan retirando viviendas, pasándolas al alquiler de temporada o exigiendo mayores garantías, volvemos a intervenir.

Es el pez que se muerde la cola.

Además, las consecuencias son profundamente injustas. El funcionario con nómina estable, el trabajador de una gran empresa o quien dispone de padres que pueden avalarle seguirá encontrando vivienda. El joven con contrato temporal, el autónomo, el inmigrante o la familia con ingresos irregulares tendrán cada vez más dificultades. Cuanto más arriesgado resulte alquilar, más selectivo será el propietario.

¿Significa eso abandonar a Maricarmen? En absoluto.

Significa exactamente lo contrario: si una sociedad considera que Maricarmen necesita protección, debemos pagarla entre todos. Los servicios sociales, el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o el Estado deben proporcionar ayudas temporales, una vivienda social o una solución residencial adecuada. Lo que no tiene sentido es convertir al propietario de una vivienda, sea una persona física o una empresa, en un proveedor del Estado del Bienestar.

La política social debe financiarse con los Presupuestos. Así sabemos cuánto cuesta y quién la paga. Cargarla sobre un propietario parece gratis, pero no lo es. La factura reaparece después: con menos viviendas en alquiler, alquileres más caros, mayores garantías y exclusión de inquilinos con menos recursos.

Por eso el desahucio de Maricarmen no demuestra que haya que debilitar todavía más el derecho de propiedad. Pero sí demuestra el fracaso de la política de vivienda.

Necesitamos construir mucho más, liberar suelo, acelerar licencias, aumentar la vivienda social, ofrecer seguridad jurídica y garantizar que los contratos se cumplen. Y, cuando alguien verdaderamente vulnerable no pueda pagar, ayudarle con recursos públicos.

Porque defender el derecho de propiedad no significa olvidarse de Maricarmen. Significa evitar que mañana haya miles de Maricármenes que ni siquiera consigan que alguien les alquile una vivienda.