El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una imagen de archivo
El Gobierno recortó un 21 % la construcción de vivienda para alquiler social con fondos UE días antes del caso Maricarmen
De las 20.000 casas prometidas solo se levantarán finalmente 15.718 tras la última modificación del Plan
Pocas semanas antes del estallido del caso Maricarmen, el Gobierno rubricó el último de varios recortes en la construcción de vivienda para alquiler social con fondos Next Generation.
En concreto, rebajó la promesa de vivienda asequible hasta 15.718 viviendas, cuando en enero había comprometido erigir 17.365. El objetivo inicial, plasmado en 2021, pasaba por la construcción de 20.000 pisos con estos fondos.
Para el PP este recorte, plasmado en agosto en la novena adenda al Plan de Recuperación, es un ejemplo palmario de la mala gestión de las ayudas, que ha provocado «la pérdida de millones destinados a política social y vivienda». La estimación del partido es que España pueda llegar a perder hasta 2.500 millones.
«Se ha rebajado la ambición en vivienda, violencia de género, servicios forestales y todo aquello que era un problema de primer orden para España», traslada el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal. Nadal resalta además el pinchazo de los grandes PERTE, con un recorte del 41,5 % y 13.500 millones menos de inversiones a las previstas inicialmente.
Nadal y Juan Bravo, responsable de Hacienda de la formación, defendieron en un encuentro con periodistas que las ayudas «han sido una oportunidad perdida», a lo que se suma que el Gobierno ha renunciado a 61.000 millones de los 163.000 comprometidos inicialmente, el 38 % del total. Está previsto que este miércoles el Ejecutivo oficialice la petición del séptimo y último tramo de la ayuda, por importe superior a 23.000 millones de euros.
En materia de vivienda destaca además el recorte en la rehabilitación energética de viviendas. Si en 2021 el Gobierno se comprometió a 510.000 actuaciones, en 2023 redujo este objetivo a 410.000, un 19,61 %. En la última revisión, el objetivo ha cambiado, hasta quedar en 32.390 certificados energéticos en viviendas o edificios residenciales.
Los populares denuncian además «ocultación» del Ejecutivo a la hora de conocer cuánto dinero ha llegado realmente a las familias y a las empresas. Para ello se remiten a que la Intervención General del Estado (IGAE) dejó de publicar en agosto de 2021 el desglose del Plan en contabilidad nacional.
Además, el Ejecutivo no se marca una fecha límite para la ejecución de los gastos pendientes, a pesar de que oficialmente el programa expiró el pasado 31 de agosto, gracias a una «extraña» disposición de cierre publicada por el Ministerio de Hacienda y a que, amparándose en una disposición adicional de un real decreto ley sobre Oriente Medio, el 1 de septiembre el Gobierno acordó dejar todas las actuaciones ya iniciadas y no finalizadas sin fecha límite de ejecución y sin control de la IGAE.