El «fraude constitucional» de los decretos de vivienda amenaza con recortar aún más la oferta de pisos

El Gobierno ha vuelto a aprobar por segunda vez los dos decretos de vivienda que decayeron el pasado viernes en el Congreso y que, con la disolución de las Cortes por el adelanto electoral, se tienen que votar en la Diputación Permanente donde PP, Vox y Junts no tienen mayoría.

El sector inmobiliario ha mostrado su rechazo a la triquiñuela que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez y la ha calificado de «fraude constitucional» que genera una grave situación de inseguridad jurídica.

Desde la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei) consideran especialmente preocupante que, una vez convocadas las elecciones para el próximo 29 de noviembre, «el Gobierno sustituya la voluntad expresada por la mayoría del Congreso por la futura decisión de una Diputación Permanente compuesta por 69 miembros». Este órgano, recuerda la asociación, debe actuar ante situaciones de extraordinario y urgente necesidad, una circunstancia que, a su juicio, no concurre en este caso.

«El problema del acceso a la vivienda lleva gestándose años y las pretendidas soluciones adoptadas hoy por el Consejo de Ministros no atajan una cuestión imprevisible, que es precisamente lo que define la situación de extraordinaria urgencia o necesidad. Estas medidas podrían haberse adoptado hace meses y el problema subyacente seguirá existiendo aunque sean implementadas», lamentan desde la patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid.

En la misma línea va la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei), que considera que «reformular y reactivar de manera inmediata unas normas que no obtuvieron respaldo parlamentario profundiza la desconfianza y aleja la posibilidad de alcanzar un acuerdo estable en materia de vivienda». Además, advierte de que el mercado residencial necesita reglas claras, previsibles y duraderas, especialmente en un momento en el que acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

A juicio de la patronal, las medidas que introducen nuevas obligaciones o limitaciones sin actuar simultáneamente sobre la escasez de oferta trasladan más presión a un mercado ya tensionado. «El resultado puede ser una mayor retirada de viviendas, menos alternativas para quienes buscan un alquiler y requisitos de acceso cada vez más exigentes», aseguran desde Fadei.

Con medidas como la paralización de los desahucios de personas vulnerables, ante la posibilidad de afrontar varios meses sin cobrar la renta, y sin disponer de mecanismos suficientemente ágiles para recuperar el inmueble, algunos propietarios pueden exigir perfiles económicos más sólidos y garantías adicionales. Los principales perjudicados serían los jóvenes, los trabajadores temporales, los autónomos y los hogares con ingresos irregulares, que ya encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda.

«La protección de las personas vulnerables debe ser plenamente compatible con la seguridad jurídica y económica de quienes ponen una vivienda en alquiler», aseguran desde la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (Seag). «Cuando un hogar deja de pagar por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, necesita una respuesta rápida de los servicios sociales y, cuando corresponda, una alternativa habitacional financiada con recursos públicos», añaden.

En este sentido, Seag advierte que trasladar durante meses el coste de esa protección al propietario particular no resuelve el problema social y puede generar otro adicional: que cada vez haya menos viviendas disponibles para alquilar.

El sector inmobiliario insiste en que la crisis residencial tiene un carácter estructural y requiere actuar sobre sus causas. Agilizar la creación de vivienda, movilizar suelo disponible, reducir los plazos administrativos, ofrecer seguridad a los propietarios y favorecer la colaboración entre administraciones y sector privado, están entre las principales soluciones que proponen. También se reclaman incentivos eficaces para incorporar viviendas vacías al mercado y mecanismos que permitan aumentar el parque asequible sin descargar toda la responsabilidad sobre los particulares.