Interior de un centro de datos
«Una completa ilegalidad»
Los centros de datos estallan contra el Gobierno tras eximir al que impulsa en Cataluña de cumplir su propia normativa
Fuentes sectoriales trasladan que esto demuestra que el Gobierno «está convencido de que su nueva propuesta es incumplible», a pesar de la nueva redacción
La nueva propuesta del Gobierno para regular a los centros de datos no ha apagado el incendio sobre el sector. De hecho, lo ha avivado con un manguerazo de gasolina. Según fuentes del sector, a pesar de las modificaciones nuevas modificaciones dadas a conocer por el Ministerio de Transición Ecológica, la nueva normativa «consolida a España como el peor país de Europa para invertir».
El sector recurrirá la nueva propuesta de Real Decreto, recién remitida al Consejo de Estado, y que a pesar de incluir un alivio para este tipo de instalaciones sigue siendo «incumplible». «Estamos valorando todas las vías posibles, incluyendo la judicial», traslada el sector, que considera «evidente» que no se cumplen los criterios de urgencia que requiere la figura del Real Decreto y hay invasión sobre competencias de la CNMC y las comunidades autónomas.
El Gobierno «está tan convencido de que es incumplible que exime a su propio centro de datos de cumplir su propia normativa», lo que es «una completa ilegalidad», según fuentes sectoriales. Se refieren en concreto al proyecto de gigafactoría en Morá La Nova (Tarragona), que está en un 48 % en manos del Estado a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).
«Pagamos por el apagón»
El sector se considera «pagador» del apagón del 28 de abril de 2025. Los centros de datos cuestionan especialmente que se pueda cortar el suministro a las instalaciones sin compensación alguna. «Es inaceptable, seríamos la única industria a la que afectaría» Tampoco gusta que los inversores se expongan a perder los puntos de acceso y conexión. La consecuencia es que el sector «ya está perdiendo inversiones», afirman las fuentes.
El nuevo texto, frente al anterior que se aplicaba a centros a partir de una potencia de acceso igual o superior a 1 megavatio (MW), eleva ahora sustancialmente ese umbral a partir de 10 MW, «por ser aquellos cuya demanda tiene incidencia apreciable sobre la capacidad de red disponible y sobre los recursos hídricos y territoriales», que deberán consumir mayoritariamente energía renovable hasta que el mix del país sea un 90 % renovable, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, se amplia de los 18 meses del texto que se lanzó a consulta a finales de agosto a 36 meses la ventana temporal de antigüedad permitida para el acta de puesta en servicio de las plantas renovables asociadas frente a la puesta en marcha del centro de datos -sin límite de tiempo en el caso de instalaciones solares-, con contratos de al menos seis años de duración. Esta modificación, según los centros de datos, «es más un guiño al sector fotovoltaico que a nosotros»
