La falta de medios amenaza con retrasar aún más la investigación de Adamuz tras el accidente de Urda

La investigación del accidente de Adamuz, que dejó 46 fallecidos el pasado 18 de enero, parece destinada a eternizarse. Hace apenas unas semanas, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) reconocía que las pesquisas superarían el plazo legal de doce meses por su «carácter excepcionalmente complejo». Ahora, los integrantes del mismo equipo investigador han tenido que hacerse cargo también del accidente de Urda, lo que amenaza con prolongar todavía más unos trabajos que ya acumulaban retrasos.

La situación es particularmente delicada, ya que la AITAT apenas cuenta con tres investigadores especializados en accidentes ferroviarios. De hecho, la escasez de personal ya obligó a recurrir a especialistas en accidentes aéreos y marítimos para reforzar la investigación de Adamuz. Con un segundo accidente sobre la mesa, la autoridad debe afrontar una carga de trabajo todavía mayor.

Hace apenas unas semanas, el propio presidente de la AITAT, Gonzalo Guillén, comunicó a la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz que el informe definitivo se demoraría debido al «carácter excepcionalmente complejo del accidente, uno de los más complejos a los que los investigadores se han enfrentado».

Guillén reconoció que la investigación se encontraba todavía en «fase de análisis técnico» y explicó que la coordinación con el procedimiento judicial había requerido diversos trámites relacionados con los encargos de análisis a los laboratorios.

El presidente de la AITAT aseguró entonces que estas gestiones estaban en «vías de resolución» y que «no han supuesto la paralización de las restantes actuaciones de investigación». Sin embargo, admitió que no sería posible concluir el informe final dentro del plazo inicial de doce meses.

El anuncio provocó el enfado de las víctimas. Mario Samper, presidente de la asociación, calificó aquella demora de «mazazo inconcebible» e «inadmisible» y denunció que los investigadores llevaban meses reclamando más recursos. «La investigación empezó con tres investigadores y continúa con tres, e incluso ha habido meses en los que solo ha habido dos. Nos parece terrorífico», declaró entonces.

Samper también criticó que las reclamaciones de personal hubieran sido desatendidas tanto por la anterior Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como por la nueva autoridad, constituida en julio para sustituir a las anteriores comisiones de investigación de accidentes ferroviarios, aéreos y marítimos.

La falta de investigadores no era, por tanto, un problema desconocido cuando se produjo el accidente de Urda. La asociación de víctimas ya había advertido de sus consecuencias semanas antes, mientras la AITAT reconocía que necesitaría más tiempo para esclarecer lo ocurrido en Adamuz.

Mismos investigadores

La situación de los investigadores en Urda no ha cambiado. Los sindicatos denuncian que estos especialistas se desplazaron a la localidad castellanomanchega con sus pertenencias guardadas en una bolsa de supermercado y material prestado ante la falta de medios.

En una carta enviada a Óscar Puente después del accidente de Urda, los representantes sindicales señalan que la investigación de Urda ha recaído sobre «los mismos investigadores encargados del accidente de Adamuz». La escasez de efectivos habría llevado a especialistas en accidentes aéreos y marítimos a ofrecerse voluntariamente para prestar apoyo a las dos profesionales desplazadas, una solución que ya se llevó a cabo en Adamuz.

Recomendación de seguridad

Los «palos en las ruedas» de la investigación no se limitan a la escasa dotación de la AITAT. Los investigadores elaboraron una propuesta de recomendación de seguridad para mejorar la detección de roturas de carril en las líneas de alta velocidad, una de las cuestiones consideradas fundamentales para prevenir accidentes similares al de Adamuz.

Según fuentes cercanas a la AITAT, el documento advertía de que los sistemas actuales no garantizan que una fractura de la vía sea detectada a tiempo. De hecho, en Adamuz, el carril permaneció roto durante 22 horas sin que se advirtiera la incidencia.

La propuesta fue trasladada inicialmente a la antigua CIAF, pero nunca llegó a aprobarse. Su entonces presidente, Iñaki Barrón, optó por remitir una carta al presidente de Adif, Luis Pedro Marco, advirtiendo de la necesidad de mejorar estos sistemas. Sin embargo, no se trataba de una recomendación oficial de seguridad y el asunto acabó en el cajón.

Los investigadores volvieron a presentar la propuesta ante el nuevo Consejo de la AITAT. El documento figuraba en el orden del día de la reunión prevista para el 30 de septiembre, pero Guillén canceló aquella convocatoria. Cuando se convocó nuevamente el Consejo, la recomendación había desaparecido del orden del día.

La decisión provocó el malestar de las víctimas. Samper aseguró a El Debate que Guillén había justificado su oposición a la recomendación por las consecuencias que podría tener para Adif. «Me dijo que eso significaría que algunas malas personas crucificarían a Adif», relató el presidente de la asociación.

Más presión sobre Adif

Nueve meses después del accidente de Adamuz, las víctimas siguen esperando las conclusiones de una investigación que debe esclarecer las causas de la tragedia y determinar qué medidas de seguridad son necesarias para evitar que vuelva a repetirse. El procedimiento es independiente de la investigación judicial y no tiene como finalidad establecer responsabilidades penales. Sin embargo, sus conclusiones permitirán conocer con mayor precisión qué ocurrió y qué deficiencias pudieron contribuir al siniestro.

Mientras tanto, el nuevo accidente de Urda ha vuelto a situar bajo la lupa a Adif y a su presidente, Luis Pedro Marco. En su comparecencia del pasado viernes, Puente apuntó a un fallo humano como responsable de la tragedia. Hasta que se esclarezca lo ocurrido, esta investigación no hace sino retrasar todavía más la publicación de las conclusiones técnicas sobre Adamuz. Cabe preguntarse, en estas circunstancias, por qué el presidente de la AITAT todavía no ha dado la cara.