El plan del PP para empresas controladas por el Estado y organismos clave: «Hay que recuperar la independencia»

Alberto Nadal, portavoz económico del PP, esboza en esta tercera entrega de su entrevista para El Debate las prioridades en materia energética y empresarial de la formación y traslada su apoyo a Pablo Hernández de Cos para liderar el Banco Central Europeo. En otras entregas habla de impuestos y la situación ferroviaria, y de pensiones y vivienda.

–¿Hasta cuándo cree que podrán operar las centrales nucleares españolas?

–Todo lo que puedan. Una central nuclear pasa es una ITV cada 10 años. Se revisa, se mira qué inversiones son necesarias. Las centrales nucleares españolas están muy bien construidas, son seguras y el Consejo de Seguridad Nuclear dice, mire usted, para seguir 10 años más necesita hacer estas inversiones. Los propietarios de la central miran esas inversiones, miran cómo está el mercado y deciden si continúan o no. Nosotros vamos a permitir que esto siga ocurriendo, nos parece muy bien que siga ocurriendo de manera indefinida. Mientras las centrales nucleares sean un activo del sistema, sean rentables y sean seguras, ¿por qué tenemos que cerrarlas?

– El recorte retroactivo de las ayudas a las energías renovables se ha judicializado y amenaza con cargar sobre las arcas públicas una factura de varios miles de millones. ¿Fue un error? ¿Qué haría si estuviera el gobierno?

– El origen del cambio regulatorio, que a nadie le gusta, son 30.000 millones de déficit de tarifa que se habían acumulado y cada año se acumulaban otros 10.000 millones adicionales. La reforma energética supuso un ahorro para la economía española de 160.000 millones de euros. Estamos hablando de unos arbitrajes que están muy en cuestión de 1.000, 2.000 millones de euros. Es decir, es algo que hay que solventar, que hay que resolver lo antes posible, pero hay que mirar el cuadro completo. Se cometieron unos gigantescos errores de política energética por parte del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que hubo que corregir. Como se están cometiendo ahora unos gigantescos errores en política energética por parte del gobierno de Pedro Sánchez que habrá que revertir. Entonces crearon un déficit de tarifa, una regulación caótica que hizo que los ingresos eran muy inferiores a los gastos del sistema, que pretende el cierre de centrales nucleares pero cuando llega el momento echan para atrás porque es imposible, que ha creado un apagón como no ha existido en ningún otro país de la OCDE porque no han puesto las inversiones necesarias para realizar el control de tensión, en el que tenemos una inmensa bolsa de generadores que quieren entrar en el sistema y de demandantes que quieren entrar y no pueden hacerlo porque no se han hecho las inversiones en red necesarias. Para resolver los problemas la posición del Gobierno es expulsar a sectores completos como el los centros de datos en el que nos jugamos el futuro del país, la incorporación a las nuevas tecnologías y la modernización de la estructura productiva española. Si hay un área donde el gobierno socialista es ideológico y activista es en el área energética y los resultados son siempre catastróficos para la economía española.

Si hay un área donde el gobierno socialista es ideológico y activista es en el área energética

– Respecto a los centros de datos que menciona, ¿Qué haría el Partido Popular? ¿Derogaría la legislación que quiera aprobar el gobierno para frenar su instalación?

– No es que los frene, los expulsa. Es de facto una prohibición. Incluso con las pequeñas modificaciones que he introducido ahora, en la práctica los hace inviables, y se van a ir a otros países europeos. Lo que hay que hacer es invertir en la red con un plan de choque que entre un plazo máximo de 12 a 18 meses alivie de manera sustancial la situación, de manera que el sistema eléctrico vuelva a ser neutral, es decir, que pueda aceptar a todo aquel que quiera ofertar energía y que también pueda integrar a todo aquel que pueda demandar energía. Necesitamos un periodo transitorio y en ese periodo transitorio tendremos que ordenar el sector, pero con criterios de objetivos y neutralidad.

– ¿Qué tipo de perfiles debe haber en la cima de las empresas públicas y participadas por el Estado?

– Personas que gestionen y tengan experiencia en la gestión, no personas que estén puestas ahí o para pagar favores políticos o para ser cadena de transmisión de las posiciones ideológicas que se emiten por parte del gobierno.

– ¿Debe el Estado permanecer en el capital de empresas como Indra o Telefónica?

– El Estado, las administraciones, deben estar en empresas, solo en empresas que tengan una de estas dos características. Son empresas de seguridad nacional o de defensa. Uno puede entender que el Estado está en Navantia porque fabrica submarinos o fragatas. O son gestoras de un servicio público esencial que debe estar controlado por parte de la autoridad. Por ejemplo, el operador del sistema eléctrico o el operador del sistema gasista. Si una empresa no está relacionada directamente con la seguridad o la defensa nacional o está relacionada con un servicio público esencial en la que el Estado tiene que tener el control porque es el bien común lo que predomina, el Estado no debe estar ahí.

– ¿Talgo, por ejemplo, cumple esos criterios?

– Yo ya le he dado los parámetros y que cada cual saque sus consecuencias.

– En los organismos regulatorios clave se han incorporado perfiles con origen claramente político y en muchos casos están blindados durante lo que probablemente sea la próxima legislatura...

– Esto es uno de los elementos esenciales de nuestro programa o nuestro plan de reconstrucción institucional de España. Alberto Núñez Fijó habla de reconstrucción porque el país hay que reconstruirlo. Hay que reconstruirlo en sus infraestructuras, hay que reconstruirlo en sus servicios públicos, pero sobre todo hay que reconstruirlo en sus instituciones. Y los órganos independientes que regulan los aspectos claves de la economía deben recuperar su independencia. ¿Y por qué decimos que deben recuperar su independencia? Porque todos y cada uno de los miembros de estos órganos que ha nombrado Pedro Sánchez han sido pactados con Bildu, con Esquerra, con Podemos, con Sumar y en ningún caso ni siquiera se ha dialogado con el Partido Popular. En cualquier país normal los partidos de gobierno son los que garantizan mediante su acuerdo la independencia de estos órganos. Y con independencia de cada persona en concreto, lo cierto es que cada decisión que toman desde entonces, porque esto ha ocurrido no ahora, sino en los últimos ocho años, sin excepción, cada decisión que toman está bajo sospecha. Y por lo tanto será nuestra obligación restaurar la credibilidad de los órganos independientes.