La «voracidad recaudatoria» agrava el problema de la vivienda: Hacienda se lleva más de 30.000 euros de una casa de 300.000

Un nuevo informe apunta a la «voracidad recaudatoria» de las Administraciones entre las causas que agravan el problema de la vivienda en España.

Según el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), las cargas fiscales incrementan el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda, especialmente entre los jóvenes y las familias de renta media. «Todo ello contribuye a hacer imposible el acceso a la vivienda de muchas personas, que tienen que saber que es el intervencionismo y la voracidad recaudatoria quienes están jugando en su contra», aseguran desde el equipo que dirige el economista José María Rotellar.

En particular la elevada carga fiscal de la vivienda afecta a los jóvenes, dificultando su acceso a un mercado inmobiliario ya impactado por el alza de precios motivado por el desfase entre demanda y oferta. Según las estimaciones del Observatorio, en una vivienda de 300.000 euros la carga fiscal puede añadir otros 30.000 euros o más.

«Si un joven ahorra y puede llegar a comprar una vivienda de 300.000 euros, si es que la encuentra por ese precio, tiene que reunir entre 18.000 y 30.000 euros más para Hacienda, vía pago de impuestos, que para vivienda nueva es un 10% de IVA y para vivienda de segunda mano el impuesto de transmisiones (TPO) oscila entre el 4 % y el 13 % al que puede llegar en alguna comunidad autónoma siendo el punto de partida indicado en su día por la AGE el 7 %.».

«Cuando los ciudadanos van tan al límite para poder comprar, ese importe adicional tributario puede impedir que puedan comprar en ese momento, de manera que, si continúan ahorrando para pagar la parte tributaria, probablemente cuando consigan ese ahorro el precio habrá subido todavía más, incrementando el esfuerzo para poder pagar tanto el precio de la vivienda como el impuesto, ya que también habrá crecido en valores absolutos al ser un porcentaje sobre la base. Y a eso hay que añadirle otro impuesto, el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava la escritura de compraventa en vivienda nueva -aunque la escritura de las hipotecas, desde el cambio de criterio del Tribunal Supremo en 2018, que derivó en una modificación legislativa en dicho año, hace que sea el prestamista-, que se mueve entre otro casi medio punto y punto y medio (siendo el punto de partida recomendado por la AGE el 1%), es decir, hay que añadir el pago de otros entre 1.500 y 4.500 euros», añaden desde el Observatorio.

Retraso de hasta tres años por los requisitos medioambientales

Entre las medidas que plantean los expertos, destaca la necesidad de ampliar la disponibilidad de suelo urbanizable, de manera que pueda ponerse en producción suficiente oferta en el mercado inmobiliario. Este aumento impulsaría exponencialmente el tamaño de la oferta, clave para poder reducir el precio.

El Observatorio propone también una reducción de la burocracia al mínimo posible, con la aplicación de silencio positivo, y una revisión de la normativa medioambiental «puesto que actualmente existe una agresiva restricción medioambiental no justificada, que puede llegar a retrasar dos o tres años la construcción de viviendas».

Los expertos de la UFV inciden además en la necesidad de eliminar las políticas de control de precios instauradas por la Ley de Vivienda de 2023, así como reforzar la seguridad jurídica en el mercado de la vivienda «con un cambio normativo que luche contra la ocupación y que permita recuperar una vivienda en casos de ocupación ilegal de manera inmediata».