Una anciano en un parque en Madrid (España).
Fedea plantea que toda la vida laboral cuente para calcular la pensión, incluidos los años peor cotizados
El centro de estudios también propone sustituir las cotizaciones adicionales por un recargo en el IRPF y vincular la jubilación a la esperanza de vida
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone una nueva reforma del sistema público de pensiones que modificaría tanto el cálculo de las prestaciones como su financiación. Entre sus principales medidas figura utilizar toda la vida laboral para determinar la cuantía de la pensión, incluidos los periodos de menor cotización, y sustituir los recargos actuales sobre las nóminas por un gravamen adicional en el IRPF.
Las propuestas aparecen recogidas en la última entrega de la serie Food for thought: aportaciones al debate sobre políticas públicas, elaborada por los economistas Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez. Los investigadores advierten del creciente desequilibrio financiero del sistema y cuestionan las medidas aprobadas durante la reforma de 2021-2023.
Según sus cálculos, el déficit contributivo conjunto de la Seguridad Social y las Clases Pasivas alcanzó casi 64.000 millones de euros en 2025, equivalentes al 3,8 % del PIB. Se trata de un deterioro de más de 70.000 millones respecto a 2005, que obliga a recurrir a recursos procedentes de los impuestos generales para financiar las prestaciones.
Los autores sostienen que la última reforma ha optado por «escribir un cheque en blanco para mantener un sistema de pensiones muy generoso sin tener en cuenta» el riesgo de que los recursos disponibles resulten insuficientes para sostenerlo.
Una de las principales propuestas de Fedea consiste en extender el periodo utilizado para calcular la pensión a toda la carrera profesional del trabajador, sin excluir los meses en los que haya registrado cotizaciones más bajas.
Este cambio supondría abandonar el criterio de utilizar únicamente una parte de la vida laboral para determinar la base reguladora de la prestación. También eliminaría la posibilidad de descartar determinados periodos de menor cotización, contemplada en el sistema vigente.
La propuesta podría reducir la pensión inicial de aquellos trabajadores cuyos salarios hayan aumentado a lo largo de su carrera profesional, aunque su efecto dependería de la trayectoria de cotización de cada persona.
Fedea también plantea modificar las condiciones de acceso a la jubilación mediante la recuperación del Factor de Sostenibilidad o la introducción de un mecanismo que vincule automáticamente la edad legal de retiro a la esperanza de vida en buena salud una vez alcanzados los 67 años.
Los investigadores proponen mantener excepciones para las profesiones especialmente penosas o que requieren un esfuerzo físico elevado.
A medio y largo plazo, el centro de estudios defiende avanzar gradualmente hacia un modelo de cuentas nocionales, similar al utilizado en Suecia. Este sistema mantendría la financiación de reparto, pero calcularía las prestaciones a partir de las aportaciones acumuladas por cada trabajador y de criterios actuariales ligados a la evolución económica.
Sustituir el MEI por un recargo
La segunda gran propuesta afecta a la financiación de las pensiones. Fedea plantea sustituir el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad por un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF.
Ambos mecanismos incrementan actualmente las cotizaciones sociales para obtener ingresos adicionales destinados al sistema de pensiones. La alternativa de Fedea permitiría distribuir esa carga entre los contribuyentes del impuesto sobre la renta, en lugar de concentrarla en los trabajadores y las empresas mediante mayores cotizaciones.
Los autores consideran que este mecanismo permitiría repartir el esfuerzo fiscal de forma más transparente y equitativa, además de «visibilizar el coste de oportunidad» de destinar una proporción creciente de los recursos públicos al pago de las pensiones.
En este sentido, advierten de que el aumento de las transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado podría reducir los recursos disponibles para financiar otras partidas, como la sanidad, la educación, las infraestructuras o la investigación.
Un déficit que podría seguir creciendo
Las previsiones de Fedea apuntan a que el desequilibrio financiero del sistema continuará aumentando durante las próximas décadas debido a la jubilación de las generaciones del baby boom.
Según sus modelos, este proceso podría incrementar el déficit contributivo entre uno y 2,3 puntos adicionales del PIB hasta 2050. Para sostener el sistema actual, los investigadores estiman que serían necesarias transferencias extraordinarias anuales equivalentes a entre cinco y algo más de seis puntos del PIB a mediados de siglo.
El informe también señala que España registra una tasa de reposición de las pensiones del 77 %, frente al 45 % de media en la Unión Europea. Este indicador relaciona la pensión percibida con los ingresos anteriores a la jubilación.
Para los autores, estas diferencias justifican introducir mecanismos que acerquen gradualmente las prestaciones a las aportaciones realizadas y permitan contener el crecimiento del gasto.