Juan y el verdadero motivo del estado de las infraestructuras básicas en España

Mi amigo Juan siempre fue lo que se dice una lumbrera; tan brillante como discreto. Ubicado entre las sombras de su partido político –nunca se sintió atraído por cámaras ni micrófonos–, estoy convencido de que está llamado a ocupar un papel relevante en el entorno del que probablemente será el próximo gobierno de España. No descarto que incluso llegue a recibir una cartera con letras doradas.

El otro día, comentaba con él las noticias que estos últimos años han venido sucediéndose en relación con la situación de las infraestructuras básicas del Estado, que han generado en muchas personas una preocupación fácil de entender. Recordamos el famoso apagón y los avisos cursados, en varias ocasiones posteriores, a diversas industrias, con el objeto de reducir drásticamente la demanda de energía eléctrica, ante la saturación de la Red Eléctrica Española. Hablamos de la penosa situación del firme en numerosos tramos de autopistas y autovías, así como en la red de carreteras. Citábamos las manifestaciones de destacados profesionales de la ingeniería al referirse al preocupante estado de conservación de presas y otras obras hidráulicas, no faltando las menciones al estado de los cauces y obras de protección –las existentes y las proyectadas pero no construidas– ante potenciales avenidas provocadas por grandes temporales de lluvia. Las alarmas suscitadas en relación con el mantenimiento de la red ferroviaria tras los últimos accidentes constituyeron una cita obligada en nuestra charla. Concluimos que la situación en la que se encuentran las infraestructuras nacionales que dan soporte a los servicios esenciales que precisa nuestra sociedad era sumamente preocupante.

Juan afirmaba que esto era consecuencia de la mala gestión de estos últimos años. Sin quitarle mucha de la razón que tiene, le expuse que, en mi opinión, el origen de la delicada situación de nuestras infraestructuras había que buscarla hace no menos de 20 años; quizá más. Y la raíz última del problema mucho tiempo antes, pues bastante tiene que ver con la pérdida de un sentido ético, de una moral reconocible compartida por la mayoría social.

En su libro La crisis de Europa (Sekotia, 2026), Raúl Mir ha expuesto con notable lucidez su visión del proceso histórico que ha desembocado en la crisis de la civilización occidental. Enuncia en él su tesis conclusiva de que «Una civilización puede resistir al colapso de sus estructuras, pero no a la pérdida de los valores que le dan sentido». He escogido una frase de esta obra que resume algunas de las impresiones recogidas a lo largo de mi vida profesional, particularmente en los últimos veinticinco años, al referirse a dicha crisis: «…la consecuencia es una gobernanza centrada en la gestión de conflictos inmediatos, en lugar de la construcción de un bien común duradero».

Mi amigo no me quitaba la razón, pero decía que eso eran conclusiones muy vagas y generales que poco aportaban a nuestra conversación. Yo le repuse que la falta de una ética compartida, enraizada en un sentido trascendente de la existencia, cuanto menos en unos valores y principios morales elementales socialmente reconocidos, dejaba sin fundamento el concepto de bien común. Con ello quedaba en situación de orfandad la capacidad de criterio y análisis para una gestión honesta de los asuntos públicos, quedando sometida la realidad a la mirada subjetiva del actor, a la visión del grupo de interés, a la ideología. De este modo, se confunde la eficiencia y la eficacia en el logro de resultados inmediatos con la gestión inteligente, que debería perseguir la administración sabia de los recursos para prestar los servicios que la sociedad precisa; lo que significa tener en cuenta la realidad del entorno material, económico y social en el corto, medio y largo plazo, las alternativas y sus implicaciones. Si, además, el gestor incurre en comportamientos deshonestos…

–Vale, me dijo Juan, pero tenemos una legislación razonablemente garantista pensada para proteger las infraestructuras críticas siguiendo las directrices de la Unión Europea. Y si alcanzamos el gobierno en las próximas elecciones sacaremos adelante lo que el actual no ha podido, que es tener en cuenta la nueva Directiva (UE) 2022/2557 relativa a la resiliencia de las entidades críticas, que deroga la anterior directiva y amplía el abanico de las amenazas contra las que protege las infraestructuras.

Le repuse que las amenazas que contempla la normativa en cuestión se refiere fundamentalmente a las externas (terrorismo, fenómenos naturales extremos…), y que aunque deja abierta la cuestión de las acciones del hombre, implícitamente parte de la suposición de que las infraestructuras, de acuerdo con la normativa propia de cada sector, están adecuadamente gestionadas; esto es, construidas, mantenidas y explotadas de manera correcta.

–Admitamos lo que dices, ¿qué harías tú entonces?

Le dije que si yo fuera él y tuviera en el futuro inmediato alguna responsabilidad en la materia, me plantearía realizar un plan de auditorías de las principales infraestructuras del país: identificación de los activos que las conforman (a un nivel de definición que habría que analizar como paso preliminar), su edad y la relación con su vida útil esperable (amortización), su estado, el grado de cumplimiento de sus planes de mantenimiento, la validez o adecuación de dichos planes a la normativa de referencia, etc. En una segunda etapa, debería llevarse a cabo un análisis de riesgos basado en el estado de dichos activos, que permitiera proponer una serie de recomendaciones con sus correspondientes prioridades, de cara a su traslado –por ejemplo– a los pertinentes planes sectoriales para su ejecución con arreglo a unos plazos establecidos.

–Y eso, ¿quién lo pagará?

La pregunta era esperable, pero tosca. Por una parte, si hay algo que es necesario pagar, es que hay un gasto en el que es necesario incurrir, luego justificado. Le recordé la exorbitante valoración de los fondos europeos no empleados para el fin para el que habían sido previstos (no hablamos de dónde estaba ese dinero), así como los sorprendentes destinos (y no solo en el sentido geográfico del término) que se habían dado a numerosas partidas presupuestarias, sin entrar en el uso realizado de aquellas provisiones oficialmente destinadas al mantenimiento de las infraestructuras en cuestión.

Que quede claro que no creo que debamos ser catastrofistas

Para terminar confesaré a los amables lectores que mi amigo no se llama Juan. En realidad no es amigo mío. Ni siquiera sé si existe. Pero si existiera, le habría dado las mismas respuestas a sus preguntas. Quede claro que honestamente no creo que debamos ser catastrofistas. No es ni razonable ni prudente; contamos con buenos profesionales en las instituciones competentes en estas materias, por más que se trate de instituciones excesivamente politizadas en su gobierno y desde hace demasiado tiempo, lo que constituye parte importante del problema. Pero es bien cierto que nos encontramos en un momento muy serio en relación con las principales infraestructuras de nuestro país, especialmente las relacionadas con los transportes, la energía y la gestión del agua, entendida esta última no solo como recurso, sino también como agente capaz de provocar daños. Los recientes accidentes, incidencias y serias advertencias de distintos profesionales de la ingeniería y de los propios colegios profesionales, nos muestran que es preciso no perder más tiempo para poner remedio. Y el remedio no consiste únicamente en realizar las actuaciones precisas para poner al día esas infraestructuras, sino también para redefinir el modelo de su gestión, que es lo que permitirá que no vuelva a suscitarse el feo escenario actual.