Un camarero sirve un café a una clienta en la Cafetería Tristana, en Badajoz.
ATA exige archivar reclamaciones de ayudas COVID a más de 100.000 autónomos tras vencer el plazo del año
Pide igualmente la devolución de las cantidades ya cobradas «indebidamente»
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirma que no se puede seguir reclamando las ayudas COVID a más de 100.000 autónomos porque «ya ha finalizado el año en el que podía hacerse de forma legal». Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han exigido archivar las reclamaciones de las ayudas por valor de 127 millones de euros
Según la sentencia del TSJ del País Vasco, recogida por Economía XXI, la entidad colaboradora no puede ampararse en «detectar omisiones formales» sobre la prestación de forma indebida de 127 millones de euros. Por ello, el Tribunal ha considerado que para cuestionar el derecho del autónomo debe contar con «pruebas sólidas» de que hubo fraude.
Ante esta situación, la Federación ha demandado que se archiven los expedientes de revisión de las prestaciones extraordinarias por el cese de actividad durante el Covid-19 cuando haya pasado más de un año desde su concesión provisional y no exista prueba de fraude del autónomo.
Asimismo, ATA ha reclamado la devolución de las cantidades ya cobradas «indebidamente» a aquellos autónomos que se les exigió el reintegro de las ayudas mediante procedimientos de revisión realizados fuera del plazo legal.
A su vez, la asociación de los autónomos ha reclamado una seguridad jurídica «clara y definitiva», en el que la Administración «deje de litigar contra los autónomos y dar por cerradas las prestaciones» tras cumplir su función «en el momento más severo de nuestra historia económica reciente».
«Si la Administración gestiona con retraso la verificación de los expedientes, el plato roto no pueden pagarlo los autónomos que actuaron de buena fe», ha sostenido el presidente de ATA en declaraciones a Economía XXI, recogidas por Europa Press.
Desde la asociación de autónomos han considerado que la resolución del Tribunal ha reforzado la postura que la organización viene defendiendo desde hace meses y que ha sido respaldada por diferentes juzgados como el Juzgado de lo Social y la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Errores de la Administración
Frente a este informe, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos ha manifestado su respeto hacia la fiscalización, aunque «estrictamente sometido» al Estado de Derecho, tras afirmar que las conclusiones del Tribunal de Cuentas «no pueden situarse por encima de las leyes procesales ni del ordenamiento jurídico protector de los ciudadanos».
En este sentido, ha asegurado que la «ineficiencia» de la Administración «no pueden pagarlo los autónomos», señalando directamente a la Administración por querer reclamar un pago tras errores en «deficiencias, falta de control inicial o dilataciones de más de tres años para comprobar las declaraciones responsables» por parte de la propia Administración.
Finalmente, ATA ha sostenido que la Administración ha tenido el tiempo suficiente para verificar las condiciones de las concesiones, por lo que tras la expiración del plazo legal «cargar» sobre el patrimonio de más de 100.000 autónomos ha supuesto para la organización un «quebranto irreparable a la confianza legítima».
