Boletos en una administración de lotería
Posible fraude
El Tribunal de Cuentas da diez días a Loterías para explicar los 520 «premios mayores» no repartidos en los últimos tres años
El órgano fiscalizador investiga la «metodología» empleada por la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para el cálculo de los 3.500 millones de euros que se quedó Hacienda, en los ejercicios 2023, 2024 y 2025
El Tribunal de Cuentas investiga el destino de algo más de 3.500 millones de euros, correspondientes a 520 premios de «mayor cuantía», que no se han repartido en los últimos tres años y que habrían ido a parar al Ministerio de Hacienda, durante la etapa de María Jesús Montero. Tal y como reveló ayer El Debate, el órgano fiscalizador ha pedido a la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) explicaciones sobre la «metodología» con la que hizo el cálculo de dicho importe que ha venido consignando, a lo largo de las cuentas presentadas en los tres últimos ejercicios, dentro del epígrafe «Otros ingresos de explotación».
Y, para ello, la Sección de Enjuiciamiento del TC, ha dado a Loterías un plazo de diez días. Tiempo del que dispondrá la entidad pública de apuestas para recopilar toda la información necesaria y la documentación complementaria, de la que carecen ese medio millar de operaciones que no están debidamente justificadas, así como el detalle del «procedimiento de pago de premios y los criterios de actuación y contables aplicados» en los casos de aquellos que no hayan sido «cobrados en el plazo correspondiente». Es decir, dentro de los 3 meses posteriores al resultado del sorteo.
El foco sobre la etapa de María Jesús Montero
El Tribunal de Cuentas busca más de 3.500 millones de Loterías que Hacienda ingresó por premios no repartidos
Y es que, desde que la Comisión Mixta del Tribunal preguntase sobre este aspecto, al hilo de las cuentas presentadas por Loterías en 2022, la SELAE «no ha contestado a lo solicitado». Y su única alegación, hasta la fecha, ha sido confirmar su imposibilidad de rendir cuentas sobre los 3.539 millones de euros afectados, «por la falta de concreción del concepto (...) premios no repartidos» que se usó en el requerimiento inicial.
De ahí que el Informe de fiscalización número 1703 –al que ha tenido acceso El Debate, en exclusiva y aprobado por el Pleno del TC, el pasado mes de octubre– haya derivado en la apertura de un expediente administrativo de actuación, orientado a depurar, si procede, las correspondientes responsabilidades.
