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De los 1.800 millones en medidas sociales anunciados por el Gobierno al regalito marroquí que le dejan al que venga

Empieza también una semana clave para la candidatura de Pablo Hernández de Cos a la presidencia del Banco Central Europeo

Act. 15 nov. 2026 - 16:09

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros desclasificar  los informes de los servicios de inteligencia y seguridad relativos a la entrada de migrantes en Ceuta el pasado mes de julio.

Diego Radamés / Europa Press
10/11/2026

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con la ministra de la Seguridad Social y portavoz, Elma Saiz.Diego Radamés / Europa Press

Estábamos todos tan pendientes de las sorpresas que Sánchez y sus terminales tenían preparadas para la campaña electoral, que tampoco nos imaginábamos que las noticias iban a venir por otro lado: desde el fraude de las pulseras en el Ministerio de Igualdad, o la instrucción del juez Ismael Moreno y las donaciones al PSOE, a las investigaciones de la UCO y de la Fiscalía Europea.

Pero el Gobierno seguía a lo suyo. La excusa era que quería multiplicar sus medidas sociales antes de las elecciones y que por eso convocaba una retahíla de consejos de ministros extraordinarios que, de momento, han incluido 1.800 millones de regadío electoral.

A Bustinduy se le olvidó decir que su ley ya está vigente en algunas comunidades; por ejemplo, en Andalucía

Las razones las explicaba Pedro Sánchez en una de las entrevistas que está concediendo: «Hay temas que se nos han quedado pendientes». Temas y temas. Quizá se olvida de los Presupuestos Generales de Estado, pero eso ahora tampoco le da votos, sino que más bien se los quita. También dijo que están pensando en el indulto al ex fiscal general del Estado. Pero en el argumentario sanchista tampoco eso les crea muchos problemas. Porque claro, si amnistió a los condenados por el procés, ¿por qué no se va a indultar a García Ortiz? Una lógica que solo choca con el coste electoral que esta medida pueda tener. Nada que el CIS de Tezanos pueda enmascarar al grito de que la apoyan en 90 % de los españoles. Un decir.

Pero vamos con lo aprobado en el último Consejo de Ministros. Pablo Bustinduy fue el encargado de presentar las medidas sociales por un coste de casi 1.800 millones de euros. La primera fue un real decreto-ley que pretende «reconocer a las familias monoparentales y reforzar su protección social». El segundo, un blindaje del sistema de dependencia mediante «una inversión histórica de 7.240 millones de euros para 2027». La Administración General del Estado asumirá el 50 % de la financiación total del sistema para «consolidar el cambio hacia un nuevo modelo de cuidados». Es decir, una financiación a futuro, de esas que deberá incluir en los Presupuestos el próximo Gobierno. Pero vamos con lo de las familias.

El decreto aprobado por el Gobierno solo afectará a aquellas familias con un solo progenitor y dos hijos. El Gobierno lo vendió resaltando que podrían acceder a las ventajas fiscales, educativas y transporte de las familias numerosas, pero se le olvidó a Bustinduy decir que esa ley ya está vigente entre algunas comunidades, Andalucía entre otras. Allí, el 10 % de los hogares son monoparentales, unos 375.000, de los que la inmensa mayoría, 204.300, están constituidos por madres solteras con descendientes a su cargo. Es más, según un estudio de Family Watch, el 66 % de las familias monoparentales tienen un único hijo; dos, el 28,3 % y tres o más el 5,6 %. Es decir, una medida del Gobierno con mucho ruido y pocas nueces.

Ya se ve que los argumentarios de este final de fiesta dejan bastante que desear: no estuve en Toledo porque «no voy a funerales católicos»; o que la inmigración en El Hierro «es bastante habitual en este momento del año»…

Los argumentarios de este final de fiesta dejan bastante que desear: no estuve en Toledo porque «no voy a funerales católicos»; la inmigración en El Hierro «es bastante habitual en este momento del año»…

Pero quedan varios Consejos de Ministros más y, desde Moncloa, ya han filtrado un par de medidas económicas adicionales.

La primera afecta al salario mínimo. La subida se situará por encima de la inflación: un 5,3 %; lo que supone situar el sueldo mínimo en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, 65 euros más que en la actualidad.

La segunda se refiere al interés de Yolanda Díaz en aprobar una nueva normativa que refuerce el control del registro horario de las empresas. Se anunció que en septiembre se aprobaría un decreto para que las empresas conviertan en digital este control, y que así resulte más operativo para la Inspección de Trabajo. Pero claro, Yolanda está desaparecida en combate, y tampoco hay mucho interés en que reaparezca en la vida pública. No ayuda en las elecciones. Veremos.

Y he dejado para el final el regalito marroquí. El Gobierno quiere conceder la nacionalidad española a los saharauis que en 1977 tenían DNI español, un año después de la retirada de España del Sáhara. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Tesh Sidi, hoy candidata del Frente Amplio por Madrid, pidió el martes pasado que esa ley se aprobara por decreto, pues aunque pasó por el Congreso en septiembre, quedó a la espera de su aprobación en el Senado tras la disolución de las Cortes. Quizá el problema no esté tanto en que se reconozca la nacionalidad a los españoles que ya lo eran, sino en los que, con este argumento, se apunten a la fiesta. Me temo que, como es norma en este Ejecutivo, hasta la Familia Real marroquí podría conseguir la nacionalidad. Un regalito, en fin, para el Gobierno que llegue.

Y un último apunte. Esta semana acaba el plazo para la presentación de candidaturas para el Banco Central Europeo. De momento hay dos candidatos: un español y un neerlandés. Y parece que las cosas se van clarificando.

Francia acaba de renunciar a hacerse con el cargo de economista jefe que ostentaba el irlandés Philip Lane. Me dicen que París ha tomado esta decisión para que Alemania pueda conseguir el cargo y así evitar que el candidato alemán, el neerlandés Klaas Knot, dirija el BCE. Tanto Alemania como otros países del norte de Europa «consideraban inaceptable que un español fuera presidente del BCE acompañado por un economista jefe francés». Los franceses, con su deuda por las nubes y un déficit disparado, prefieren a Hernández de Cos, que siempre será más comprensivo hacia su política monetaria.

Este fin de semana, el canciller alemán, Friedrich Merz, decidirá con sus socios del SPD si propone a Tobias Adrian, cercano a la CDU, o a Markus Brunnermeier, más de los socialistas. Elección importantísima la de Pablo Hernández de Cos que, aunque dejaría a Feijóo sin su ministro de Economía in pectore, serviría para que España pueda volver a sacar la cabeza en Europa.

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