Por qué los sindicatos ya no pueden paralizar España

A medianoche del 14 de diciembre de 1988, Televisión Española dejó de emitir. Así se enteraron los trasnochadores de que empezaba la huelga general. Felipe González acabó retirando su plan de empleo juvenil. El 11 de noviembre, más de ocho años después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, Comisiones Obreras y UGT le convocaron su primera huelga general. Hubo paros parciales por Gaza de los sindicatos mayoritarios en 2025. Pero, a la hora de pedir a los trabajadores un día entero de sueldo, las dos grandes centrales han esperado hasta dieciocho días antes de las elecciones.

UGT anunció seguimientos de hasta el 95 % en algunos sectores. Según el cálculo de El Debate, con datos de Red Eléctrica, la demanda cayó cerca del 6,7 % respecto al miércoles anterior. En marzo de 2012, la caída fue del 20,1 %. El contador eléctrico da una pista sobre la actividad, sobre todo la industrial.

Ir a una manifestación al salir del trabajo cuesta tiempo. Hacer huelga cuesta el salario. Y, si el alquiler se lleva media nómina, perder un día de sueldo para protestar por el precio del alquiler exige mucho compromiso para un objetivo muy difuso. En 1988, había un plan que el Gobierno podía retirar. El 11-N se protestaba por la vivienda, los salarios y los precios. ¿Qué medida concreta iba a arrancar la huelga al Gobierno para que el alquiler del mes siguiente fuese más barato? Reservarse la protesta más contundente, en ocho años de gobiernos del PSOE, para cuando la legislatura ya está liquidada, ¿qué margen queda para obtener algo?

El Gobierno llega tarde

Insisto, Comisiones Obreras y UGT han tardado más de ocho años en convocar una huelga general de 24 horas. Y, cuando por fin la convocan, apuntan a la oposición. Curiosa manera de pedir cuentas a quien lleva desde 2018 en La Moncloa. Es al Gobierno al que hay que exigirle explicaciones por su gestión del ferrocarril, de la red eléctrica y de la vivienda. Y por la parte que le toca en sanidad y educación. Basta mirar lo que ha pasado con la vivienda. Según el Banco de España, entre 2021 y 2025 se crearon unos 750.000 hogares más que las viviendas que se terminaron. ¿A quién se supone que hay que exigirle responsabilidades por eso?

Mientras crecía esa brecha, el Ejecutivo hizo de los topes al alquiler una de sus principales respuestas. Poner un tope se hace en un despacho. Sacar suelo, acelerar licencias y conseguir que se construya donde la gente busca casa exige que el Gobierno se ponga a trabajar con otras Administraciones y con el tejido empresarial. Después de ocho años, al Ejecutivo le faltan 750.000 viviendas.

El malestar se acrecienta también por la sanidad. En diciembre de 2025 la espera media para operarse en la sanidad pública era de 121 días. La gestión de la sanidad y de la enseñanza recae principalmente en las Comunidades Autónomas. Pero al Gobierno central le toca responder de la financiación y la coordinación. Repartir competencias tiene sentido. Repartirse las excusas, bastante menos.

Cada vez menos afiliados y más dinero

En 2009 estaba afiliado a un sindicato el 17 % de los asalariados españoles. En 2023, el último dato nacional comparable de la OCDE era el 12,5 %. La pregunta para las dos grandes centrales es por qué la afiliación retrocede.

A un asalariado al que solo se visita para pedirle que haga huelga, cuesta convencerlo de que pague una cuota el resto del año.

Sin embargo, la convocatoria estatal de ayudas para actividades sindicales pasó de 8,9 millones de euros en 2020 a 17 millones en 2024 y 32 millones en 2025. En 2026 el Gobierno mantuvo esos 32 millones, un 88 % más que dos años antes.

Barcelona después de la marcha

En Barcelona, la manifestación transcurrió pacíficamente. Al terminar, llegaron los escaparates rotos, los contenedores incendiados y los lanzamientos de pirotecnia contra los Mossos. El balance fue de 52 detenidos. La consellera de Interior, Núria Parlon, defendió la actuación policial. Cabe reconocer el trabajo de los agentes. Pero también pedir al Govern que explique por qué el dispositivo no evitó que, una vez acabada la marcha, el paseo de Gràcia se convirtiera en el escenario de una algarada. El comerciante que, al día siguiente, tuvo que cambiar el escaparate también tiene derecho a pedir cuentas.

El Gobierno hará bien en tomar en serio el malestar de quienes salieron a la calle. A los sindicatos les toca preguntarse contra quién se han manifestado. Porque da la sensación de que estamos ante una huelga general preventiva. Una huelga contra el próximo Gobierno.