Las desigualdades territoriales en la educación española

En estos tiempos de zozobra para una gran parte de los ciudadanos españoles, tiempos de una incertidumbre esencial sobre el futuro de España, podría parecer ilusorio suscitar una reflexión, basada en hechos e informada por evidencias, sobre las desigualdades territoriales que padece la educación española. Sin embargo, y cualquiera que sea el desenlace político en el corto plazo de la situación actual, existen suficientes asideros racionales, en el medio y largo plazos, como para albergar alguna forma de esperanza. En esta perspectiva, pensar el futuro no es sólo una opción académica, constituye además una obligación moral.

La consistencia de una parte significativa de la sociedad civil española y de sus instituciones, a cuyo dinamismo e inteligencia cabe atribuir una cuota importante de los niveles de modernización alcanzados por España en el último cuarto de siglo; el soporte que, en materia de derechos pero también de obligaciones legales, ofrece nuestra pertenencia a la Unión Europea; los diques de contención encarnados en la Justicia y sus recursos legales; y la movilización de ciudadanos, personalidades y organizaciones políticas, comprometidos con la preservación de un estado de derecho homologable al de las democracias occidentales, constituyen, en su conjunto, una garantía para la defensa de una España constitucionalmente compuesta, pero, a la vez, internamente cohesionada.

La cuestión de la cohesión social ha desembocado en una caracterización del concepto que reposa en dos pilares principales: el sentido de pertenencia y la solidaridad entre individuos y grupos sociales, en el seno de una sociedad avanzada. Y estos dos pilares se refuerzan mutuamente, de modo que el sentido de pertenencia favorece la solidaridad y viceversa. No es casualidad que el desarrollo económico y la cohesión social hayan sido repetidos, con insistencia, por la Unión Europea como grandes metas del proyecto europeo.

En este marco conceptual y político, cabe preguntarse si la educación española atiende suficientemente, o no, ese principio de ecualización de los territorios, en lo concerniente a la satisfacción del derecho a la educación, derecho fundamental que influye, y de qué manera, en nuestro futuro personal, social y económico.

En lo que sigue, nos aproximaremos a la respuesta considerando la educación escolar como un sistema que está condicionado por unos inputs, entrantes o recursos económicos, que son utilizados mediante un conjunto de procesos y de políticas, y del cual, en un contexto dado, emergen unos outputs o resultados. Y lo haremos recurriendo a los diferentes estudios de diagnóstico, efectuados desde la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC (Cátedras - UCJC), a partir del análisis de indicadores internacionales.

En materia de inputs, cabe destacar el «gasto público por alumno en instituciones de educación no universitaria financiadas con fondos públicos». En este caso, la brecha territorial de gasto -o diferencia máxima entre comunidades autónomas- supera el 50% del valor medio nacional. Es sabido que la ruralidad es un fenómeno que, por efecto de un menor número de alumnos por profesor, supone un mayor gasto por alumno. Pues bien, aun corrigiendo ese efecto, la brecha territorial sobrepasa el 30% del valor medio nacional armonizado.

En materia de resultados, los datos de PISA indican la existencia de una brecha entre comunidades autónomas que equivale a un retraso de un año de escolaridad de los niños de la comunidad más rezagada frente a los de la más adelantada, una vez corregido el efecto sobre el rendimiento del nivel socioeconómico y cultural. Algo parecido cabe decir de otros indicadores de resultados escolares, como el porcentaje de alumnos repetidores a los 15 años, cuya brecha entre comunidades autónomas supera el 100% de la media nacional.

Cuando nos detenemos en el impacto que el nivel socioeconómico tiene sobre el rendimiento de los alumnos, la brecha territorial es, en este caso, cercana a un 40% con respecto al valor nacional. Esta cifra, por su significado, constituye un factor de desigualdad especialmente relevante.

Si nos fijamos en las consecuencias de la educación, más allá de la propia educación escolar, y centramos la mirada en el abandono educativo temprano y en el riesgo de pobreza o de exclusión social de la población joven, volvemos a una fotografía de un aspecto similar a la anterior. Así, para el primer indicador, la brecha entre comunidades autónomas es de un 94%, con respecto a la media nacional; y supera el 120 % para el segundo.

Estas cifras, por su magnitud y consistencia, o reiteración, nos interpelan y exigen de los poderes públicos una atención prioritaria. El reparto competencial en materia de educación y formación que consagran la Constitución y los Estatutos de autonomía, en modo alguno oblitera las responsabilidades del Estado en la búsqueda de un igual derecho efectivo a la educación que vaya más allá de la mera escolarización. Dentro del repertorio de la «caja de herramientas» disponible, existen políticas eficaces para el logro de dicha meta, que el Estado, en el uso legal y legítimo de sus competencias constitucionales, puede y debe aplicar.

Al mirar a un horizonte que supere las graves turbulencias institucionales del presente, no hay ninguna duda de que, desde un compromiso cierto con una sociedad de ciudadanos libres e iguales, ésa es una asignatura pendiente, pero ineludible, de un Gobierno de España que aspire a un futuro mejor para todos sus ciudadanos.

Francisco López Rupérez es director del Máster oficial de la UCJC en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos y expresidente del Consejo Escolar del Estado