Sánchez cae en la trampa y Europa no pondrá ni un euro para su última cesión a Puigdemont: «Nace ya fracasada»

Apartir del próximo curso, el catalán podrá empezar a impartirse en las Escuelas Europeas, red de centros educativos destinados a formar a los hijos de los trabajadores de las instituciones europeas, de diplomáticos y de trabajadores de la OTAN, tal y como se ha acordado esta mañana en una reunión del Consejo de Gobierno de las Escuelas Europeas celebrada en Chipre.

Con esta nueva cesión al independentismo, Sánchez vuelve a ceder ante las exigencias del expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, y allana aún más el camino para que el catalán se convierta en lengua oficial de la Unión Europea, exigencia estrella de los independentistas en Bruselas.

Según han trasladado fuentes del PP europeo a El Debate, los Gobiernos de la Unión Europea han acordado hoy «no poner ni un euro para pagar el catalán en la red de las 13 escuelas europeas para los hijos del personal de las instituciones comunitarias, tal y como hubiese deseado el Gobierno de Pedro Sánchez».

«Aunque en un principio el Gobierno ha vendido que costearía la enseñanza del catalán en las escuelas europeas, lo cierto es que el acuerdo de neutralidad económica impedirá que se implante en la práctica. No habrá dinero europeo para pagar a ningún profesor», señalan.

A instancia del Partido Popular, el Ministerio de Educación ya dejó claro que tampoco pagará más. «El coste del profesorado destinado a las Escuelas Europeas para el Estado español es el mismo que el salario que recibe un docente en territorio nacional, ya que no se imputa el complemento de extranjería al país de origen», recoge una respuesta escrita del Gobierno al diputado popular en el Congreso Oscar Clavell del pasado 19 de marzo, a la que ha accedido este medio. Esto significa que España no pagará los suplementos que le corresponden a los profesores desplazados a alguna de las 13 escuelas europeas y, por su parte, la Comisión se ha negado a costearlos.

«El Gobierno de Sánchez no ha dudado en mentir a sus socios asegurando que el catalán es una lengua cooficial en España, como lo son el maltés en Malta o el gaélico en Irlanda. Sin embargo, estas son lenguas oficiales en todo el territorio nacional, mientras que el catalán es una lengua cooficial solo en Cataluña, coexistiendo con otras lenguas con el mismo rango de cooficialidad en otras regiones como el euskera en el País Vasco o el gallego en Galicia», afean los populares.

Según ha manifestado la portavoz del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat, «es sangrante que Sánchez, en vez de estar centrado en los problemas de la guerra comercial, haya desplegado toda su maquinaria diplomática para lograr un asunto que vende como logro al independentismo pero que en realidad es pura fachada política y que encima nace fracasado», ha apostillado.

El precio de la cesión

Tras la aprobación de esta propuesta, los alumnos de origen español podrán solicitar recibir clases de catalán como Otra Lengua Nacional (ONL) en las Escuelas Europeas, independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados, y el coste que esta nueva cesión genere será asumida por todos los españoles, a los que el Ejecutivo central todavía no ha rendido cuentas sobre el monto de las arcas públicas que irá destinado a esta cuestión.

La realidad es que un profesor de una Escuela Europea proveniente de España, enviado por el Ministerio, recibe un salario mensual de aproximadamente 10.000 euros netos al mes, lo que supondría 120.000 euros de las arcas españolas al año por profesor. Contando con que hay 14 escuelas europeas repartidas por todo el viejo continente, el Gobierno español gastaría de nuestros impuestos, 1.680.000 euros al año solamente en profesorado.

Según han informado fuentes europeas, existen otros gastos que afrontar y «no hay que olvidar que estas escuelas tienen carencias, tales como la imposibilidad de desdoblar algunos grupos o la falta de psicólogos, algo que, obviamente, las familias consideran prioritario», lo que elevaría aún más la cifra anual que el Ministerio de Educación se ha comprometido a costear.

Además, para intentar lograr su objetivo y contentar a los de Puigdemont, el Gobierno «adornó su propuesta inflando las cifras de hablantes de catalán», al asegurar que es una lengua hablada por diez millones de personas, lo que significa que han incluido, por ejemplo, a los hablantes de valenciano y a los de algunas zonas de Francia e Italia.