
ilustración Pedro sánchez estelada
El precio que pagaremos los españoles por el chiringuito catalán que Sánchez quiere en los colegios de la UE
La petición del Ejecutivo español recoge que la cartera liderada por Alegría «está dispuesta a cubrir los gastos que pueda implicar esta propuesta», aunque no ofrece cifras
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ceder ante las presiones de Puigdemont, cuya formación, Junts per Catalunya, tiene el empeño de elevar el catalán a lengua oficial de la Unión Europea, petición que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está luchando, sin mucho éxito, en Europa.
Ante las dificultades que el titular de Exteriores se está encontrando en los organismos europeos para elevar esta propuesta en la UE, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación regido por Pilar Alegría, ha pedido que los alumnos de origen español puedan solicitar recibir clases de catalán como Otra Lengua Nacional (ONL) en las Escuelas Europeas, independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados.
La petición del Ejecutivo español recoge que la cartera liderada por Alegría «está dispuesta a cubrir los gastos que pueda implicar esta propuesta», aunque no ofrece cifras del alcance que tendría el proyecto, ni en número de alumnos ni a nivel presupuestario.
La realidad es que un profesor de una Escuela Europea proveniente de España, enviado por el Ministerio, recibe un salario mensual de aproximadamente 10.000 euros netos al mes, lo que supondría 120.000 euros de las arcas españolas al año por profesor. Contando con que hay 14 escuelas europeas repartidas por todo el viejo continente, el Gobierno español gastaría de nuestros impuestos, 1.680.000 euros al año solamente en profesorado.
Según han informado fuentes europeas a Hablamos Español, existen otros gastos que afrontar y «no hay que olvidar que estas escuelas tienen carencias, tales como la imposibilidad de desdoblar algunos grupos o la falta de psicólogos, algo que, obviamente, las familias consideran prioritario», lo que elevaría aún más la cifra anual que el Ministerio de Educación se ha comprometido a costear.
Por otro lado, el encaje legal de la propuesta está en entredicho, ya que aunque el Gobierno español «de forma tramposa», a juicio de Hablamos Español, ha querido agrandar su estatus, es una lengua regional, no nacional, como sí lo son las demás lenguas impartidas en estas escuelas. «La UE no vería con buenos ojos que se sentase un precedente que podría abrir la puerta a la inclusión de otras lenguas regionales según las apetencias de cada país», apostillan
Para intentar lograr su objetivo y contentar a los de Puigdemont, el Gobierno «adornó su propuesta inflando las cifras de hablantes de catalán», al asegurar que es una lengua hablada por diez millones de personas, lo que significa que han incluido, por ejemplo, a los hablantes de valenciano y a los de algunas zonas de Francia e Italia.