El Gobierno se ofrece a pagar a la UE para que el catalán se enseñe en las Escuelas Europeas

Entre las innumerables cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a la formación liderada por el prófugo Puigdemont, se encuentra el reconocimiento del catalán como una lengua oficial de la Unión Europea, demanda histórica de los nacionalistas catalanes y punto presente en el acuerdo de investidura que revalidó a Sánchez como líder del Ejecutivo español.

Aunque para alcanzar este objetivo se requiere una reforma del reglamento de lenguas comunitarias acordada por unanimidad por los Veintisiete, escenario poco probable, el Gobierno está maniobrando para introducir paulatinamente el catalán en Europa y así mantener a raya a Junts, su socio necesario para seguir gobernando en España.

Ahora, el Ejecutivo de Sánchez, a través del Ministerio de Educación regido por Pilar Alegría ha pedido que los alumnos de origen español puedan solicitar recibir clases de catalán como Otra Lengua Nacional (ONL) en las Escuelas Europeas, independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados.

La petición del Ejecutivo español recoge que la cartera regida por la socialista Pilar Alegría «está dispuesta a cubrir los gastos que pueda implicar esta propuesta», aunque no ofrece cifras del alcance que tendría el proyecto, ni en número de alumnos ni a nivel presupuestario.

El Gobierno ha realizado esta petición, que se debatirá en una reunión que se celebrará el 13 y 14 de febrero en Bruselas y que no incluye el gallego o el euskera, a la Oficina del Secretario General de Escuelas Europeas.

Las Escuelas Europeas

Las Escuelas Europeas son centros educativos creados conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) con el fin de ofrecer una educación multicultural y multilingüe, basada en el aprendizaje por competencias y con una dimensión europea.

Están destinadas a escolarizar, de forma prioritaria, a los hijos de los funcionarios de las instituciones de la UE. Las escuelas gozan de un estatuto jurídico como centro de enseñanza pública en los respectivos países en los que se encuentran. Ofrecen enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria a través de un currículo específico supervisado por el Consejo de Inspección de las Escuelas Europeas.

Los alumnos se agrupan por secciones lingüísticas y, al finalizar la Educación Secundaria, obtienen el título de Bachillerato Europeo, que les otorga los mismos derechos que los títulos y las pruebas nacionales oficiales de los Estados miembros de la UE.

Para justificar el desembolso económico que supondrá esta iniciativa, el Gobierno ha asegurado que «facilitaría la transición de regreso al país de origen para los alumnos que deseen continuar sus estudios superiores o carreras en la administración pública u otros sectores en catalán en su país de origen»; si bien restringe esta propuesta al catalán y deja fuera el gallego y el euskera.