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Carles Puigdemont se dirige a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo

Carles Puigdemont se dirige a Pedro Sánchez en el Parlamento EuropeoEFE

Sánchez se doblega una vez más ante Puigdemont y consigue que se imparta catalán en las Escuelas Europeas

Con esta nueva cesión al independentismo, Sánchez vuelve a ceder ante las exigencias del expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, y allana aún más el camino para que el catalán se convierta en lengua oficial de la Unión Europea

A partir del próximo curso, el catalán podrá empezar a impartirse en las Escuelas Europeas, red de centros educativos destinados a formar a los hijos de los trabajadores de las instituciones europeas, de diplomáticos y de trabajadores de la OTAN, tal y como se ha acordado esta mañana en una reunión del Consejo de Gobierno de las Escuelas Europeas celebrada en Chipre.

Con esta nueva cesión al independentismo, Sánchez vuelve a ceder ante las exigencias del expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, y allana aún más el camino para que el catalán se convierta en lengua oficial de la Unión Europea, exigencia estrella de los independentistas en Bruselas.

Durante la citada reunión, los Estados miembros y el Consejo Europeo han aprobado la petición del Ministerio de Educación español, liderado por la socialista Pilar Alegría, aceptando así que el catalán pase a ser una asignatura optativa en las Escuelas Europeas a cambio de que sea el Gobierno de España quien financie el 100 % del coste de esta medida.

Tras la aprobación de esta propuesta, los alumnos de origen español podrán solicitar recibir clases de catalán como Otra Lengua Nacional (ONL) en las Escuelas Europeas, independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados, y el coste que esta nueva cesión genere será asumida por todos los españoles, a los que el Ejecutivo central todavía no ha rendido cuentas sobre el monto de las arcas públicas que irá destinado a esta cuestión.

La realidad es que un profesor de una Escuela Europea proveniente de España, enviado por el Ministerio, recibe un salario mensual de aproximadamente 10.000 euros netos al mes, lo que supondría 120.000 euros de las arcas españolas al año por profesor. Contando con que hay 14 escuelas europeas repartidas por todo el viejo continente, el Gobierno español gastaría de nuestros impuestos, 1.680.000 euros al año solamente en profesorado.

Según han informado fuentes europeas, existen otros gastos que afrontar y «no hay que olvidar que estas escuelas tienen carencias, tales como la imposibilidad de desdoblar algunos grupos o la falta de psicólogos, algo que, obviamente, las familias consideran prioritario», lo que elevaría aún más la cifra anual que el Ministerio de Educación se ha comprometido a costear.

Además, para intentar lograr su objetivo y contentar a los de Puigdemont, el Gobierno «adornó su propuesta inflando las cifras de hablantes de catalán», al asegurar que es una lengua hablada por diez millones de personas, lo que significa que han incluido, por ejemplo, a los hablantes de valenciano y a los de algunas zonas de Francia e Italia.

Las Escuelas Europeas

Las Escuelas Europeas son centros educativos creados conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) con el fin de ofrecer una educación multicultural y multilingüe, basada en el aprendizaje por competencias y con una dimensión europea.

Están destinadas a escolarizar, de forma prioritaria, a los hijos de los funcionarios de las instituciones de la UE. Las escuelas gozan de un estatuto jurídico como centro de enseñanza pública en los respectivos países en los que se encuentran. Ofrecen enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria a través de un currículo específico supervisado por el Consejo de Inspección de las Escuelas Europeas.

Los alumnos se agrupan por secciones lingüísticas y, al finalizar la Educación Secundaria, obtienen el título de Bachillerato Europeo, que les otorga los mismos derechos que los títulos y las pruebas nacionales oficiales de los Estados miembros de la UE.

Para justificar el desembolso económico que supondrá esta iniciativa, el Gobierno ha asegurado que «facilitaría la transición de regreso al país de origen para los alumnos que deseen continuar sus estudios superiores o carreras en la administración pública u otros sectores en catalán en su país de origen»; si bien restringe esta propuesta al catalán y deja fuera el gallego y el euskera.

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