Alumnos durante un examen
El PP defiende que las universidades paguen a empresas para «sufragar los costes» de las prácticas de los becarios
Vox quiere evitar la pretensión del PSOE de «impedir la celebración de acuerdos de colaboración entre universidades y la empresa»
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica del sistema universitario (LOSU) para permitir que las universidades hagan aportaciones destinadas a sufragar los costes materiales, logísticos o de aseguramiento inherentes al desarrollo de las prácticas, siempre que no constituyan un requisito para la aceptación del alumnado.
En la enmienda a esta ley impulsada por el PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP recoge el deber de las universidades de «asegurar el acceso efectivo del estudiantado a las prácticas curriculares mediante la formalización de acuerdos o convenios con entidades públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras, que garanticen la idoneidad y calidad de la formación práctica».
En ningún caso, puntualiza la enmienda, el acceso o la realización de prácticas curriculares podrá estar condicionado al pago de contraprestaciones o donaciones que impliquen discriminación o limitación en el acceso del estudiantado.
No obstante, el PP añade que podrán preverse aportaciones destinadas a sufragar los costes materiales, logísticos o de aseguramiento inherentes al desarrollo de las prácticas, siempre que no constituyan un requisito para la aceptación del alumnado. Esta medida no sería de aplicación a las prácticas extracurriculares.
El Grupo Popular justifica esta medida advirtiendo de que en numerosos territorios, «la escasez de empresas y entidades receptoras limita de forma objetiva la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a desarrollar fórmulas de colaboración que, a menudo, requieren apoyo financiero o logístico por parte de las propias instituciones universitarias».
El PP ha registrado otra enmienda para tumbar el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades mediante una disposición derogatoria única a la norma impulsada por el PSOE.
En la enmienda, los populares consideran que el Gobierno «se ha extralimitado» en la regulación de este real decreto que, a su juicio, «precisa rango de ley».
Además, el PP cree que «se ha generado inseguridad jurídica, se ha aprobado sin consenso, y establece unos criterios que no persiguen buscar la calidad del sistema universitario, todo ello de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen».
Este real decreto ya ha sido recurrido en el Tribunal Supremo por varias administraciones, como la Comunidad Autónoma de Madrid, Baleares, Aragón, Extremadura o La Rioja; o las instituciones académicas CEU, la Universidad Fernando Pessoa, la Universidad de las Hespérides, CIS, Schiller, Saint Louis o Francisco Marroquín, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
