¿Dónde reside la verdadera inclusión?

El pasado sábado 21 de marzo, España volvía a celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down. Como cada año, decenas de campañas plagaban periódicos, revistas y redes sociales trasladando al conjunto de la sociedad un profundo alegato en defensa de la igualdad real de estos niños –nuestros niños– hoy ya algunos adultos, en un país donde las actuaciones dirigidas a las personas con discapacidad, específicamente a las personas con discapacidad intelectual, han avanzado significativamente en las últimas décadas.

Afortunadamente a día de hoy y siempre bajo la consideración de que la Constitución Española en su Artículo 49 reconoce la igualdad efectiva de derechos de las personas con discapacidad y su ejercicio en libertad, nuestro país ha venido desarrollando diferentes políticas en diversos ámbitos conducentes a la plena «inclusión» de estas personas, desde las edades más tempranas hasta las más avanzadas, un reto este último que habrá que afrontar con la máxima celeridad porque es un hecho la existencia de una mayor longevidad en las personas con discapacidad y por tanto la necesidad de nuevas actuaciones ajustadas a la nueva realidad.

El sistema educativo no ha permanecido ajeno a la necesidad de que las personas con discapacidad encontrasen en el conjunto del sistema la mejor fórmula para acceder a una educación de calidad en condiciones de igualdad y libertad. No obstante, el primer obstáculo a evitar ha residido siempre en incluir a estas personas en una especia de cajón de sastre donde su inclusión y permanencia en el sistema educativo ha sido considerado un éxito en sí mismo sin tener en cuenta la especificidad y diferencia de cada una de ellas y por tanto la imprescindible adaptación del sistema a cada una de sus necesidades. Considerar en los mismos términos a un alumno con una discapacidad motora que a un alumno con una discapacidad intelectual constituye un craso error, lo mismo que considerar que se puede tratar a todos los alumnos con discapacidad intelectual con los mismos parámetros sin tener en cuenta en ocasiones el origen de la misma y el grado de afectación.

El falso igualitarismo que la izquierda de este país se ha empeñado en introducir en el conjunto del sistema educativo y que desgraciadamente ha llegado a conducir al fracaso en algún momento hasta al 30 % de los alumnos, ha impregnado también las políticas educativas dirigidas a las personas con discapacidad. Abrazado el gobierno socialista al Artículo 24º de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad que consagra el derecho de las mismas a una educación inclusiva, de calidad y gratuita en todos los niveles, sin discriminación y en igualdad de condiciones, afirmación que el conjunto de la sociedad puede suscribir, ha utilizado esta disposición para intentar imponer un sistema único donde sólo tienen consideración y cabida los centros ordinarios, al ser posible públicos, en la educación y formación de las personas con discapacidad, ignorando y persiguiendo a los llamados centros de educación especial –el pasado miércoles la nueva ministra de educación se negó a responder sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados– y vulnerando el derecho de los padres, derecho consagrado en el Artículo 27 de la Constitución, como primeros responsables de la educación de sus hijos a elegir el centro educativo de sus preferencia, sea este público, concertado o privado. Sea un centro ordinario o un centro de educación especial.

Basta repasar los prorrogados Presupuestos Generales del Estado para observar cómo tanto el programa de cooperación territorial financiado por el Fondo Social Europeo, como el específico de Educación Inclusiva se dirigen a financiar única y exclusivamente a centros ordinarios, arrinconando a alumnos, familias y extraordinarios profesionales que han optado por desempeñar su labor en los centros de educación especial.

¿Es esta la verdadera inclusión? ¿O simplemente es la coartada de un gobierno empeñado en utilizar el sistema educativo para imponer sus postulados ideológicos? No hay que olvidar que la Disposición Adicional Cuarta de la Lomloe sigue vigente y que todos los intentos del Partido Popular por derogarla han sido infructuosos. Es más, el tiempo corre y cada vez queda menos para ese plazo de diez años que se dio en su momento el gobierno socialista con el fin de reconvertir los centros de educación especial en centros de apoyo de los ordinarios dejando a los alumnos escolarizados en los mismos en el limbo más absoluto.

Mientras tanto, un total de 46.873 alumnos y sus familias han optado este curso por la escolarización en centros específicos de Educación Especial, lo que supone un incremento de 1.491 estudiantes más respecto al curso anterior, es decir, la demanda de una educación especializada ha crecido en los últimos años pese a los intentos del gobierno de revertir la situación.

Nuestro país tiene una asignatura pendiente que solo un nuevo gobierno capaz de aplicar políticas sensatas, rigurosas y alejadas del sectarismo puede afrontar: la correcta aplicación de los tratados internacionales, especialmente en este caso de la Convención Internacional de los derechos de las personas con Discapacidad. El uso torticero de la misma ha llevado a un enfrentamiento entre la enseñanza ordinaria y la educación especial que jamás debió ocurrir. Afirmar que los Centros de Educación Especial son guetos como en su día señaló el portavoz socialista en el congreso es un grave insulto a las familias que han optado- que hemos optado por la educación especial- para nuestros hijos. La libertad y los derechos de las familias son señas de identidad de nuestra Constitución y han de presidir las políticas educativas dirigidas a los alumnos, también a los alumnos con necesidades educativas especiales. Si a este gobierno le preocupasen de verdad habría realizado el máximo esfuerzo por su verdadera inclusión, no la incrustación en centros ordinarios donde en ocasiones los profesores no tienen los instrumentos necesarios para poder ayudar adecuadamente a los alumnos. Cada uno es diferente. Cada uno de nosotros somos diferentes. Solo necesitamos la misma igualdad de oportunidades para desarrollar todo nuestro potencial. La izquierda lo ha olvidado. Afortunadamente ya queda menos.