El Estatuto del Estudiantado Universitario reconocerá el derecho de estudiantes con discapacidad a formación adaptada

El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario reconocerá el derecho de los estudiantes con discapacidad a adaptarles la formación a sus necesidades específicas, «respetándose la autonomía universitaria en términos de cómo se organiza la actividad docente y los servicios universitarios para que estos derechos sean efectivos».

Así lo señala el Proyecto de Real Decreto al respecto, que ha estado en periodo de consulta pública hasta el 15 de abril. «A mí me ha sorprendido que no estuviera en ninguna norma (...) que es un derecho del estudiante con discapacidad que la universidad adapte sus planes de estudio», indicó la pasada semana el secretario de Universidades, Francisco García Pascual, en el acto de presentación de la publicación 'Universidad 2026', el monográfico anual de 'Nueva Revista' en la UNIR

García Pascual ha recalcado, además, que alrededor del «5%» de estudiantes de Bachiller tienen reconocida oficialmente la dislexia, mientras que en la universidad el porcentaje es de «0,0%». Igualmente, ha resaltado que la norma ha sido pactada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y que «lo que tiene que ver con los estudiantes ha sido pactado con ellos».

«En las comisiones han participado profesores y profesoras, vicerectores y vicerectoras de universidades públicas y privadas, de estudiantes de universidades públicas y privadas», ha puesto en valor.

Esta nueva norma pretende sustituir al Estatuto vigente, aprobado en 2010. La futura norma también pretende consolidar el derecho subjetivo del estudiantado a beca o ayuda pública, conforme a normativa vigente y a los requisitos de la misma, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios «y con ello contribuir a la cohesión social del país», según informa el Ministerio de Universidades.

Asimismo, pretende mejorar las garantías de calidad en las prácticas académicas externas y de la movilidad nacional e internacional del estudiantado; así como reconocer como un derecho del estudiantado el facilitar la compatibilidad de estudios con la actividad laboral, «preservando la autonomía universitaria y la ponderación respecto de la naturaleza de la asignatura o titulación y de las necesidades organizativas de la universidad».

Igualmente, persigue reforzar derechos individuales y colectivos del estudiantado, entre otros el de orientación académica y sociolaboral. Por esta parte, también busca garantizar el hecho de que el estudiante reciba una docencia y formación de calidad, independientemente del tipo de universidad (pública o privada), de su localización geográfica, especialidad, o modalidad de impartición de la docencia.