Discriminación en Cataluña

Desde hace décadas, gracias al informe PISA y a que Cataluña ha concurrido a esta evaluación con muestra ampliada desde 2003 hasta hoy, sabemos que existen diferencias notables tanto en el rendimiento como en el sustrato socioeconómico y cultural de las familias de los alumnos nativos castellanohablantes con respecto a los alumnos catalanohablantes, siempre a favor de estos últimos. Esas diferencias de rendimiento entre ambos grupos oscilaban, dependiendo de la edición de PISA, entre 20 y 40 puntos, el equivalente a entre uno y dos cursos de retraso. Hasta ahora, la investigación constataba que, en algunas ediciones de PISA, la brecha de rendimiento entre ambos grupos se explicaba por las diferencias en el sustrato sociocultural de las familias, y en otras ediciones esa diferencia se mantenía incluso tras controlar por este último factor, lo que dejaba a la inmersión lingüística obligatoria como responsable de dicha diferencia. En este último caso es cuando podemos hablar de discriminación.

Para el nacionalismo catalán, esto quería decir que, cuando la diferencia se explicaba por factores socioeconómico y culturales, no existía discriminación, mientras que cuando la diferencia persistía, eran excepciones. Cualquier intento de avanzar en la discusión se cerraba con un «no hay datos». Sin embargo, sí que había datos, pero controlados y ocultados. El Csase, el organismo que durante años se encargó de la evaluación educativa en Cataluña, ya extinto, realizó evaluaciones anuales a todos los alumnos de 6º de Primaria y 4º de ESO, pero en los informes nunca se hacían los análisis pertinentes para comprobar si la brecha entre catalanohablantes y castellanohablantes persistía o no cuando se tenían en cuenta los factores socioeconómicos. Por supuesto, los microdatos de las evaluaciones tampoco se cedían para que otros investigadores pudieran responder a esa pregunta. Cuando pasaban las evaluaciones y dicha diferencia no se medía nunca, los propios informes comenzaron a hacer referencia a otros más antiguos donde, supuestamente, esa diferencia se habría medido, con el resultado de que, una vez controlados los factores socioeconómicos, dicha diferencia no existiría. Sin embargo, era mentira: nunca se publicó tal análisis, y la referencia era falsa.

Desgraciadamente, esta falta de transparencia no es exclusiva de Cataluña, sino que, hoy en día, esos análisis parciales, ese negar los datos que permitan a los ciudadanos y a la academia participar en la mejora de los sistemas educativos o en sacar los colores a los gestores políticos que no hacen su trabajo, es común tanto a nivel nacional como en todas y cada una de las autonomías españolas. Ni un solo partido con responsabilidades de gobierno permite el acceso público a los datos de las evaluaciones educativas.

En el informe del que soy autor, patrocinado por Societat Civil Catalana, presentado en Barcelona y denominado 'La educación en Cataluña. Un modelo de fracaso, discriminación e injusticia social', mostramos, con datos de PISA, que la discriminación a los alumnos nativos castellanohablantes ha sido un fenómeno constante a lo largo de los últimos veinte años, y que la diferencia con respecto a los catalanohablantes, una vez controlado el origen social de los alumnos es, en promedio, el equivalente a medio curso escolar. Además, usando datos del propio Gobierno catalán, se comprueba que las diferencias en PISA entre catalanohablantes y castellanohablantes se proyectan en el futuro de los alumnos, tanto en su trayectoria académica como, con toda probabilidad, en su vida laboral.

Estamos, por tanto, ante una desventaja inicial que es ampliada por la escuela en vez de reducirla. Por un lado, es una diferencia basada en una característica intrínseca del alumno –la lengua materna–, de la cual el estudiante no puede escapar, lo que es la definición clásica de discriminación. Por otro, un sistema educativo así amplía la desventaja entre el grupo privilegiado y el discriminado en vez de reducirla, rompiendo el ascensor social y perpetuando las diferencias. De hecho, el sistema educativo en que estudiaron los padres de los hoy alumnos que se presentan a PISA redujo las diferencias sociales entre catalanohablantes y castellanohablantes de manera acelerada gracias a la extensión de la enseñanza y a la igualdad de oportunidades.

Nuestro estudio también intenta buscar las causas por las cuales la calidad de la educación en Cataluña se ha desplomado a partir de 2015 en todas las evaluaciones internacionales donde esta región ha concurrido. Hacemos un análisis prospectivo de las posibles causas de esta debacle, en la que Cataluña se ha dejado la friolera de 28 puntos en Lectura, equivalente a casi dos cursos escolares, en tan sólo siete años. Se analizan y descartan como causantes aquellas más presentes en el debate público, como el sustrato socioeconómico y cultural de las familias de los alumnos, la repetición o los inmigrantes, mientras que se buscan otros factores menos presentes en la discusión, a menudo porque afecta a decisiones políticas. En el informe se explica cómo Cataluña ha cambiado un sistema con una calidad de 500 puntos en PISA por otro de, aproximadamente, 450 puntos, y eso lo ha logrado atacando las bases de la calidad de un sistema, especialmente aquellas que definen lo que un alumno sabe, como el currículo y la exigencia.

El problema fundamental para Cataluña es que esta labor de destrucción de la calidad educativa ha alcanzado no sólo a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que es lo que mide PISA, sino ha llegado hasta la Primaria. Eso significa que, incluso adoptando las medidas correctoras oportunas, Cataluña puede tardar una década en recuperar el nivel que tenía en 2015. Podemos estar hablando de una «generación perdida» con importantes deficiencias en su formación, lo que tendrá impacto social, económico y cultural en la Cataluña del futuro.

Lo peor es que las medidas que Cataluña ha tomado en contra de la calidad de la educación han sido imitadas en otras comunidades que llevan años sufriendo retrocesos similares. Y que algunas de estas medidas se han trasladado al conjunto de la nación a través de la ley educativa hoy vigente, la Lomloe. Si no se toman medidas rápidamente, España entera puede verse arrastrada al pozo donde ya ha caído Cataluña, a la vez que el entorno social –detención del aumento del nivel educativo de los padres propiciado por la Logse, inmigración creciente– se va a volver hostil al progreso de la calidad de la educación española.