Sánchez quiere arrinconar la educación privada y está cocinando varios decretos para conseguirlo

El Gobierno liderado por Pedro Sánchez se ha propuesto arrinconar a la educación privada en todas sus etapas. Aunque las reformas han ido llegando de forma paulatina, desde el año 2020, el Ejecutivo central ha llevado a cabo una serie de actuaciones que pretenden cercar la privada.

Este pasado viernes, el propio presidente del Gobierno anunció que está trabajando en un nuevo real decreto que incluirá nuevos requisitos para las universidades, como que cuenten con un 50 % de profesores que tengan título de Doctor o presencialidad «allí donde sea necesaria».

«Va a establecer nuevos requisitos para garantizar que en cada una de las titulaciones haya una formación universitaria de calidad», señaló Sánchez durante su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAC) de Madrid, acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

«Vamos a evitar que algunas privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones para ampliar su oferta online sin garantizar los estándares de calidad y presencialidad», recalcó.

Además, después de aprobar el decreto que pone coto a la creación de las universidades privadas, el Ministerio de Educación ultima ahora otro reglamento para regular la creación de centros de FP privados.

Así lo confirmó la ministra de Educación, Milagros Tolón, durante un acto dedicado a la formación profesional celebrado este martes. «Desde el Gobierno de España vamos a seguir impulsando esa transformación que iniciamos con la reforma de la Ley de Formación Profesional. Y lo haremos garantizando algo muy importante: garantizando por ley la calidad de los centros y sobre todo con más inversión», aseguró la ministra.

Según anunció en abril el Gobierno, este nuevo decreto quiere «poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantía públicas de calidad y lo vamos a hacer a través de un real decreto par asegurar que quien imparta formación lo haga con calidad y con control». Estos límites pasan por exigencias estrictas de instalaciones, número de profesores, titulaciones y presencialidad.

Por otro lado, el Gobierno endureció recientemente los requisitos para la creación y reconocimiento de nuevas universidades privadas al elevar las exigencias en materia de docencia, investigación, profesorado, instalaciones y gestión y obligó a las iniciativas privadas a acreditar su sostenibilidad económica mediante garantías financieras, un plan de viabilidad y un plan de cierre para el supuesto de que la actividad resultase inviable.

Además, las nuevas universidades privadas deben ahora justificar la experiencia docente, investigadora y de gestión de sus futuros equipos directivos y someter su proyecto a la evaluación de las agencias de calidad y de las Administraciones Públicas.