Fundado en 1910
Educar en la tormentaJuan Antonio Gómez Trinidad

Una ley «non nata»

Tiene un aire distinto al de los últimos textos legislativos: es armónico, completo y modifica la arquitectura del sistema con una Secundaria de tres años y un Bachillerato de tres, con distintas modalidades

Tras debatir sobre muchos de los problemas sociales y de convivencia que padecemos, solemos terminar diciendo: «Esto se soluciona con educación». Con ello se consigue un cierto consenso y algo de esperanza. El problema surge cuando nos planteamos cómo está la educación misma y por los síntomas, no parece gozar de buena salud.

En estos tiempos electorales, hay quien espera de los partidos alguna propuesta seria y acertada. Caben pocas esperanzas cuando la política ha dejado de ser un medio para resolver problemas y se ha convertido en uno más, según la perciben los españoles.

¿Puede la política actual resolver el problema educativo? ¿Le importa la educación a los partidos? Ya advertí hace dos meses, al publicarse los resultados de PISA, que pronto caerían en el olvido pese a la debacle que supusieron. Aun así, conviene exigirles qué proponen para mejorar la enseñanza. Los programas electorales no se han publicado todavía, pero, a juzgar por los documentos y avances conocidos, la educación no parece importar.

No es pesimismo, sino realismo sano. La política no puede resolver la educación, aunque sí ayudar a mejorar la enseñanza… o a empeorarla. Ni siquiera un pacto de Estado, tan deseable como improbable hoy, bastaría por sí solo para resolver los muchos problemas de la enseñanza, y menos aún los de la educación. Esta es algo demasiado grande e importante como para dejarla en manos de los políticos.

Un segundo error es culpar de los males de la enseñanza a la proliferación de leyes educativas. De las ocho aprobadas en España, dos apenas se aplicaron. La Loece (1980) fue derogada por el PSOE en 1985, y la LOCE (2002) la frenó el gobierno socialista tras ganar las elecciones de 2004, antes de que se desplegara su calendario de aplicación. La LODE (1985) y la Lopeg (1995) se centraron en la financiación (los conciertos) y en la gestión de los centros.

De las cuatro restantes, solo una la aprobó el PP: la Lomce (2013), derogada después por el PSOE con la Lomloe (2020). El ADN educativo y la arquitectura del sistema siguen siendo los de la Logse (1990), y han pervivido en la LOE (2006) y en la citada Lomloe. La izquierda española ha considerado siempre la educación como patrimonio exclusivo suyo y le ha imprimido una fortísima carga ideológica. ¿Tiene el PP un proyecto educativo alternativo para España? No lo sé, pero al menos tuvo un patrimonio rico en ideas. Cuando se tramitó la «Ley Celaá» (2020), votó a favor de las enmiendas de devolución a la totalidad, como también hicieron Ciudadanos y Vox, pero no presentó un texto alternativo, lo que hizo pensar que carecía de modelo propio.

Sin embargo, sí que hubo un documento completo alternativo que finalmente no se presentó por razones que desconozco. Acaba de publicarse y considero que es la propuesta más sólida y necesaria que existe hoy día en España. El impulsor de dicho proyecto fue Eugenio Nasarre, –tristemente fallecido–, uno de los políticos españoles que más sabía de enseñanza en España, a la que dedicó gran parte de su vida.

El PP ignoró ese documento y el propio Nasarre fue quien dijo: «Si ellos –el aparato del partido–, no lo publican lo haremos nosotros». Lo han hecho dos de sus colaboradores y coautores, Francisco López Rupérez y Xabier Gisbert. Tiene un aire distinto al de los últimos textos legislativos: es armónico, completo y modifica la arquitectura del sistema con una Secundaria de tres años y un Bachillerato de tres, con distintas modalidades. Amplía la escolarización obligatoria hasta los dieciocho, de forma diversificada. Plantea pruebas finales de evaluación al terminar la Secundaria y el Bachillerato, y acaba así con la tremenda injusticia de la selectividad actual, cuyas pruebas y temarios dependen en última instancia de las universidades y las comunidades autónomas.

Propone también dignificar de verdad la Formación Profesional, equiparable a un Bachillerato Profesional y vinculada al mundo del empleo. Aborda la necesaria reforma del currículo, con un tronco común sólido que ayude a vertebrar el Estado. Refuerza la dirección de los centros con autonomía pedagógica, organizativa y económica. Y afronta la tarea siempre pendiente de la formación, evaluación y promoción del profesorado, con una carrera docente similar al MIR, que tan buenos resultados ha dado a la medicina española.

Es un proyecto con sentido de Estado que vela por la calidad, la igualdad y la equidad de todos los alumnos, para lo cual crea un Fondo de Cohesión Interterritorial educativo.

El documento rezuma otro aire, recupera valores olvidados: responsabilidad, rendición de cuentas, mérito, esfuerzo, valores y hábitos sin los cuales no es posible mejorar la calidad ni los resultados.

Un texto que devuelve la esperanza: otra enseñanza es posible. Su lectura es aconsejable para todos, pero imprescindible para quienes aspiren a dirigir el rumbo de la educación en España.

  • Juan Antonio Gómez Trinidad es catedrático de Filosofía en Instituto y exvicepresidente del Consejo Escolar del Estado