El expresidente de la Generalitat en el Parlamento Europeo (Bruselas)
Cerdeña
Las cautelas de la Justicia italiana para no entregar a Puigdemont a España
La juez sarda Plinia Clara Azzena que decidirá hoy sobre el futuro judicial del expresidente catalán, cuenta con al menos dos vías para inhibirse sobre una cada vez más compleja cuestión
Puigdemont se enfrenta hoy, por tercera vez en los últimos cuatro años, a la decisión de un tribunal sobre su futuro judicial. Prófugo de la Justicia española, su entrega a España para ser juzgado por dos delitos de sedición y malversación, como cabecilla político del 1-O, se ha convertido en un asunto europeo y en un auténtico ejercicio de constancia por parte del Supremo español. Este lunes a las 11.30 horas comparecerá de nuevo ante la Corte de Apelación de Sassari, en la italiana isla de Cerdeña, para que la juez sarda Plinia Clara Azzena, que se jubilará en los próximos meses, decida si en virtud de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por el magistrado Pablo Llarena, el expresidente catalán debe ser reintegrado a nuestro país para responder de sus actos.
Puigdemont acudirá presencialmente a la vista fijada por la misma juez que, en primera instancia, decretó su puesta en libertad provisional hasta tomarle nueva declaración esta misma mañana. Atendiendo a la posición de la fiscal general italiana, Gabriela Pintus, Azzena no solicitó el ingreso en prisión preventiva para Puigdemont y, en su auto, motivó la decisión con los argumentos esgrimidos por la máxima representante del Ministerio Público sobre cómo una restricción de los movimientos de Puigdemont «pondría en grave peligro» el derecho a desplazarse al Parlamento Europeo que se desprende de su condición de eurodiputado.
Así las cosas, lo más probable es que la juez active cualquiera de las dos vías posibles, desde un punto de vista legal, para no entregar a Puigdemont a España. La primera de ellas, según fuentes expertas consultadas por El Debate, alegar la existencia de una pre litis judicial. Esto es, inhibirse de tomar una decisión sobre la detención y entrega a España porque otro tribunal –belga– está conociendo del mismo asunto con anterioridad. La segunda, hacerlo tras conocerse que el reclamado ha intentado ganar tiempo con una nueva vista ante el TGUE para que el órgano europeo acuerde medidas cautelares para suspenderle la retirada de la inmunidad.
La vigencia de la Euroorden
Apenas unas horas antes del primer encuentro entre la juez sarda y el prófugo Puigdemont, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés y responsable jurídico de la Euroorden, pidió a su colega que le entregase a España porque la orden emitida el 14 de octubre de 2019 para su detención sigue vigente. No en vano, Llarena siempre ha sostenido que el expresidente catalán carece de inmunidad tal y como ratificó, el pasado 30 de junio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Por lo tanto, el debate jurídico se centra en este momento en determinar si la Euroorden contra Puigdemont está o no suspendida.
La defensa del expresidente catalán, por su parte, sostiene que en el Auto del TGUE que le levantó la inmunidad parlamentaria se advertía que «en caso de detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o de aplicación de un procedimiento de entrega a las autoridades españolas», Puigdemont podría solicitar recuperar la inmunidad. Pero lo cierto es que el tribunal lo aclaró porque la Abogacía del Estado, en contra del criterio del Supremo español, comunicó por error una información que no respondía al estado real del proceso dado a entender que la ejecución de las euroórdenes había quedado en suspenso.
Recuperar la inmunidad
Tras la rápida actuación del magistrado Llarena, el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, ha decidido combatir el escrito consignado ante la Justicia italiana por el juez del Supremo para solicitar la «entrega inmediata» de Puigdemont. Boye ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el que reclama que le sea restaurada al prófugo su inmunidad como eurodiputado. De la juez sarda dependerá, hoy, que la nueva ofensiva del separatismo catalán surta el efecto deseado o que, por el contrario, Italia sea la tumba jurídica de Puigdemont.
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