31 de enero de 2023

La fiscal general del Estado, y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado

La fiscal general del Estado, y ex ministra de Justicia, Dolores DelgadoEFE

Terrorismo

Víctimas de ETA piden a Delgado que fiscalice el patrimonio de los etarras que aún deben indemnizaciones

Algunos condenados se declararon insolventes y el Estado tuvo que hacerse cargo de los pagos

Las víctimas de ETA continúan sufriendo. Lo hacen al tener que ver como aquellos que un día asesinaron a sus familiares disfrutan de privilegios, acercamientos y homenajes. Muchos de los etarras ni siquiera tuvieron que hacer frente al pago de indemnizaciones. Ahora, la asociación Foro Libertad y Alternativa ha presentado un escrito ante el Ministerio de Interior, la Abogacía del Estado y la Fiscalía para que inicien los trámites para reclamar los pagos y recabar los datos sobre la situación económica de los deudores.
«Cualquier Estado democrático debe hacer cumplir sus resoluciones judiciales en cualquier caso. Pero esta exigencia debe ser máxima cuando se trata de sentencias que condenan a criminales que han utilizado el terror para conseguir sus objetivos», recoge el documento entregado a la Fiscalía y al que ha tenido acceso El Debate.
«Es asimismo conocido que en la actualidad numerosos terroristas condenados tienen suficiente solvencia para hacer frente a sus responsabilidades civiles, ya que ocupan cargos en ayuntamientos gobernados o apoyados por Bildu, herederos políticos de la organización terrorista Herri Batasuna, en la universidad o en diferentes ocupaciones», añaden.
El escrito recuerda que los condenados «han generado situaciones de insolvencia que han conllevado la imposibilidad de hacer frente a sus responsabilidades» y esto ha supuesto que las víctimas no recibiesen la indemnización acordada por la justicia. De este suceso se deriva la actuación del Estado como subsidiario de los etarras haciendo frente a los pagos. La denuncia resalta especialmente que muchos de los etarras que un día se declararon insolventes han cambiado su situación económica en los últimos años. Por lo tanto, y basándose en la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil, las instituciones pueden y deben exigir que solventen su deuda.

Solicitud de información

El escrito presentado en el Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska pide, en base al derecho de acceso a la información pública, que se entregue a la fundación el informe de la Policía Nacional elaborado en el año 2015 en el que se recogen las acciones terroristas de ETA.
Además, solicitan los expedientes de abono a las víctimas por parte del Estado de la responsabilidad civil hasta día de hoy.

Un problema para la Fiscalía

La fiscal general de Estado, Dolores Delgado, tendrá que emitir una respuesta dirigida a la fundación y aclarar si inicia los trámites de investigación que tendrían como resultado resolver qué etarras aún no han pagado su deuda y si su solvencia les permitiría hacerlo.
La petición llega en un momento complicado para el Gobierno que se encuentra en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Previsiblemente y dados los tiempos, la respuesta se emitirá cuando las conversaciones estén cerradas y las cuentas anuales aprobadas.
El Ejecutivo ha acercado ya a más de cien presos de ETA a pesar de que muchos de ellos fueron condenados por delitos de sangre. El inicio de una investigación sobre el patrimonio de los etarras podría levantar ampollas entre los socios del Gobierno de Sánchez.
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