Irene Montero, ministra de Igualdad
Duras críticas desde la oposición
PP, Ciudadanos y Vox, contra las ‘listas negras’ de médicos objetores al aborto
Las tres formaciones afirman que defenderán en todos los foros a los profesionales de la Sanidad
El anuncio por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, planteado de forma explícita «regular la objeción de conciencia» con la creación de ‘listas negras’ que señalen a los médicos objetores al aborto no solo ha causado temor y preocupación en los ámbitos profesionales médicos. También está generando las primeras reacciones entre los partidos políticos de la oposición.
Elvira Velasco, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Salud del Congreso de los Diputados, recuerda, a raíz de la polémica generada, que la objeción de conciencia del profesional sanitario es un Derecho Fundamental recogido en el artículo 30 de la Constitución. «Dificultarla es una mala solución, que resulta inaceptable, ilegal e injusta», señala la política popular.
Velasco recuerda para El Debate que desde el Grupo Parlamentario Popular actúan en línea con el posicionamiento de la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Enfermería. «No se puede colocar a los sanitarios en la diana de manera injusta. En el PP defenderemos en todos los foros esa línea de la objeción de conciencia de los profesionales de la Sanidad», afirma la portavoz.
Edmundo Bal, por su parte, recuerda desde su condición de abogado del Estado que «la objeción de conciencia es lo que los juristas llamamos uno de los derechos fuertes. estamos hablando de una protección máxima dentro de nuestro sistema constitucional. Por lo tanto, no puede haber ninguna ley, si ni quiera con el rango de ley orgánica, que pueda restringir el núcleo de este derecho, porque sería una ley inconstitucional».
Nueva atrocidad
Bal recuerda, acto seguido, que Ciudadanos siempre ha considerado que el derecho al aborto es «una conquista social», es decir, un derecho que, a su juicio, tienen todas las mujeres de España. «Nosotros hemos apoyado claramente el sistema que hoy tenemos en España: el derecho al aborto a través del sistema de plazos y no a través del sistema de supuestos. Esto nos diferencia de una forma grande del PP», recuerda el político liberal.
En cualquier caso, Edmundo Bal señala que ante cualquier iniciativa del Gobierno que vaya encaminadas a vulnerar el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios de conciencia para no practicar abortos «nosotros nos posicionaremos en el no. Siempre reconoceremos ese derecho».
Lourdes Méndez Monasterio, portavoz de Vox en temas de igualdad en el Parlamento, considera esta reforma de ley como una «nueva atrocidad». Las causas del avance de este proyecto, a juicio de Méndez Monasterio, están, primero, en la implantación del llamado derecho al aborto en el año 2010 y, en segundo lugar, en que «no se haya sentencia del Tribunal Constitucional ni en que esta ley haya sido derogada por el PP. Estos dos antecedentes permiten que la señora Montero siga todo el camino de intentar ampliar esa ley, cometiendo una nueva atrocidad».
Montero enfada incluso a las clínicas abortistas
En torno al aborto existe un negocio millonario. Mueve más de 50 millones de euros anuales, dado que cada año hay en España en torno a 100.000 abortos, y cada aborto cuesta, habitualmente pagado desde las arcas públicas, 500 euros. A estos datos hay añadir que, año tras año, cuatro conocidas clínicas abortistas no proporcionan datos. Además, a muchas mujeres que abortan no se les da factura alguna.
El volumen de negocio probablemente sea mucho mayor. Cuando se aprobó la Ley de Aborto, hace 11 años, se realizó una subcomisión en el Congreso donde una serie de expertos, entre los que había representantes de clínicas abortistas, reconocieron que había abortos que no se computaban.
La reforma que plantea Irene Montero para que todos los abortos se hagan en hospitales públicos quitaría el negocio a las clínicas privadas, donde habitualmente se subcontrata este ‘servicio’. «Las clínicas abortistas, con Montero, están que trinan», señala una fuente conocedora de este mundo.
El volumen de negocio probablemente sea mucho mayor. Cuando se aprobó la Ley de Aborto, hace 11 años, se realizó una subcomisión en el Congreso donde una serie de expertos, entre los que había representantes de clínicas abortistas, reconocieron que había abortos que no se computaban.
La reforma que plantea Irene Montero para que todos los abortos se hagan en hospitales públicos quitaría el negocio a las clínicas privadas, donde habitualmente se subcontrata este ‘servicio’. «Las clínicas abortistas, con Montero, están que trinan», señala una fuente conocedora de este mundo.
Anuncio de una clínica de abortos en Sudáfrica
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