El presidente del Gobierno Pedro Sánchez a bordo del Falcon
Tribunales
La Audiencia Nacional obliga a Sánchez a detallar sus viajes privados en Falcon
El tribunal ha rechazado las maniobras del Moncloa para no dar explicaciones sobre el uso de vuelos oficiales para compromisos privados del presidente del Gobierno
De nada han servido los tres intentos del Gobierno para ocultar a la información pública los detalles del uso que Pedro Sánchez ha dado al Falcon y otras aeronaves del Estado, como el Súper Puma, para sus viajes personales, fuera de la agenda oficial de la Presidencia del Gobierno. En una sentencia dictada el pasado día 6 de septiembre, a la que ha tenido acceso El Debate, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional obliga a la Presidencia del Ejecutivo, en contra del último recurso planteado por Sánchez ante el tribunal a través de la Abogacía del Estado, a entregar la documentación explicativa en el plazo máximo de 10 días. Además, el jefe del Ejecutivo tendrá que abonar las costas del procedimiento.
El Ministerio de Presidencia ha tratado, sin éxito, de bloquear en la vía judicial la aplicación de las decisiones previas adoptadas por el Consejo de Transparencia que ya instó al presidente a dar explicaciones sobre el uso de aviones y helicópteros militares para asistir a eventos particulares con familiares y amigos, desde su llegada al cargo en 2019.
El tribunal ha sido tajante al respecto de una «información pública» que todos los españoles tienen derecho a conocer, puesto que son medios de transporte sufragados con fondos públicos. Especialmente, han expuesto los magistrados, si se tiene en cuenta que dichos desplazamientos son «de dominio público dada su cobertura mediática».
«Esta Sala es perfectamente consciente de las exigencia de sigilo y prudencia que rodean las cuestiones de seguridad pero ello no puede ser un obstáculo para la aplicación de la Ley de Transparencia», han abroncado los magistrados responsables de la sentencia al Ministerio de Presidencia.
Pese a que el tribunal ha sido igual de contundente en esta ocasión que en los dos pronunciamientos anteriores, todos en el mismo sentido, fuentes próximas al caso han avanzado a El Debate que Sánchez podría dilatar, todavía, unos meses más su obligación de rendir cuentas.
Para ello, cabe un nuevo recurso de casación ante la misma Sala que, previsiblemente agotará de nuevo de la mano de los letrados públicos, aunque el encargado de revisar dicho trámite sería, en última instancia, la Sala Tercera del Supremo. Curiosamente la misma que está en cuadro, con plazas vacantes sin cubrir, gracias a la reforma aprobada de urgencia por PSOE y Podemos para impedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos discrecionales, una vez prorrogado su mandato.
Bajo la lupa el viaje que Sánchez hizo con su mujer, Begoña Gómez en el avión presidencial para acudir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB) donde actuaba el grupo The Killers, en julio de 2018. Además, el vuelo del helicóptero Super Puma del 402 Escuadrón del Ejército del Aire que el presidente del Gobierno utilizó para acudir a la boda de su cuñado, el hermano de su mujer, en un pequeño pueblo de La Rioja, en junio de 2018. Así como desplazar a un grupo de amigos a los que había invitado a disfrutar de las vacaciones estivales, en la residencia oficial de Doñana, con su familia, este pasado verano.
Sánchez ha estado ocultando desde hace dos años y medio el coste de dichos desplazamientos ajenos a su condición de jefe del Ejecutivo y utilizando todo tipo de excusas infundadas para no facilitarlos. Entre otras, alegar que la publicación de dichos datos pondría en riesgo la seguridad nacional o que el Ministerio de Presidencia, el responsable último de los viajes no dispone de un archivo ni de una base de datos con el registro de la información. Algo que la Audiencia Nacional considera difícil de entender: «Cuesta entender que Presidencia del Gobierno carezca de información sobre los desplazamientos privados del presidente del Gobierno en medios aéreos oficiales, cuya existencia no niega, y que desconozca cuál sea la Administración que disponga de ella».
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