El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol
Audiencia Nacional
Pujol declara que ocultó dinero en Andorra «por el riesgo político que asumí»
Alega que nunca «torció su recto y digno ejercicio» al frente de la Generalitat de Cataluña
El expresidente catalán Jordi Pujol ha pedido su absolución en la causa judicial abierta sobre los fondos que su familia ocultó durante años en Andorra al alegar que nunca «torció su recto y digno ejercicio» al frente de la Generalitat ni desoyó el interés general «por motivaciones económicas» que favorecieran a su familia.
Así lo ha sostenido el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003 en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, remitido a la Audiencia Nacional para ser declarado inocente en el juicio que se celebrará próximamente por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción, que pide para él 9 años de cárcel, así como entre 8 y 29 años para sus siete hijos también procesados.
«No existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas», resalta el escrito de la defensa de Pujol, que mantiene que el dinero que el clan ocultó en Andorra durante años procedía de un legado de su padre Florenci ante la «profunda inestabilidad política» y su «futuro incierto» por los «riesgos» que asumía al dedicarse a la política.
Escrito de acusación
En su escrito de acusación, la Fiscalía describe cómo todos los miembros de la familia Pujol actuaron conjuntamente para ocultar, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, «producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana».
Por el contrario, el expresidente alega en su escrito que «nunca en el ejercicio de su alta función pública (...) torció su recto y digno ejercicio, sin que resolviera o indujera por influjo a que otros lo hicieran, desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos».
Tampoco existe un «solo ingreso» en el patrimonio de los hijos del expresident y su esposa que tenga relación causal con un «abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas», afirma el escrito, que apunta que la acusación no ha aportado pruebas en su contra.
Lo niega todo
«Jordi Pujol i Soley, en la alta función pública que desempeñó, no se prestó jamás a desplegar gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo de prevalimiento sobre autoridades resolventes o funcionarios informantes en interés o a petición de sus hijos o cónyuge, ni tampoco fue nunca requerido por estos en esa dirección», agrega el escrito.
Por este motivo, la defensa argumenta que los fondos familiares que supuestamente les legó Florenci Pujol, que ascendían a 140 millones de pesetas en dólares, «no guardan relación alguna con la alta función pública» que Jordi Pujol desempeñó en la Generalitat desde su primer nombramiento como president en 1980 hasta que cesó en 2003.
El escrito destaca que Pujol arrancó su trayectoria profesional manteniendo una «fuerte vinculación» con su padre Florenci, aunando esfuerzos en proyectos como los Laboratorios Fides o Banca Catalana.
«Sin embargo, pronto la actividad política pasó a reclamar el mayor empeño y esfuerzo y, es más, la propia actividad económica quedó también reorientada y al servicio del proyecto político», esgrime la defensa.
En este contexto, el escrito alega que la «profunda inestabilidad política» y los «riesgos» que Jordi Pujol asumía «producían una profunda inquietud y desasosiego» en su padre Florenci, «quien le aventuraba un futuro incierto para él y su ya entonces numerosa familia».
«En ese marco de preocupación y con voluntad de asegurar y garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos, Florenci Pujol hizo saber a su hijo y nuera que constituía un depósito en el exterior, con el deseo que se mantuviera unido e intacto, para amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica por el riesgo político que asumía Jordi Pujol», resalta la defensa.
La muerte de Florenci -en septiembre de 1980, poco después de que su hijo fuese elegido por primera vez presidente de la Generalitat- «fortalece la determinación de respetar su voluntad con relación a mantener el depósito en el extranjero bajo la gestión de personas de confianza», que fueron por este orden Delfí Mateu, Joaquim Pujol y, en 1990, el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, según el escrito.
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