La actual ministra de Justicia Pilar Llop
Audiencia Nacional
Llop y Delgado maniobran para frustrar la demanda de riesgos laborales en el Ministerio
La APIF ha anunciado que ampliará su escrito inicial para hacerlo extensivo a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia
El Ministerio que dirige Pilar LLop y la Fiscalía General del Estado, en manos de la recién confirmada por el Supremo en el cargo, Dolores Delgado, han sorteado el primer trance planteado en la Audiencia Nacional por carecer de Plan de Prevención de Riesgos Laborales para los miembros de la carrera fiscal. La Abogacía del Estado ha concurrido al acto de conciliación fijado por la Sala de lo Social del órgano judicial, este pasado martes día 19, alegando que si bien no existe un Plan como tal «sí hay un instrumento» en el que se incluyen medidas de protección para tratar de evitar el juicio. Además, los letrados públicos han instado al magistrado de la causa a rechazar la petición de los fiscales por no incluir como demandadas a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.
Según ha podido saber El Debate, la maniobra de Llop y Delgado ha obligado a los fiscales a desistir de su demanda y a presentar una nueva «por prudencia procesal», que anuncian que estará lista la próxima semana y que incluirá también como demandados a los gobiernos autonómicos que, como Cataluña o el País Vasco, ostentan potestad en Justicia. De este modo, el abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago, ha considerado reconstruir la relación procesal siguiendo el criterio del juez responsable del caso.
Por su parte, el presidente de APIF, Salvador Viada, ha lamentado que las partes demandadas «se hayan referido a un instrumento del año 2014 que no es Plan, como exige la ley, ni es nada y que, además, no se ha aplicado nunca». Viada asegura que «no vamos a parar hasta conseguir que se hagan las cosas bien. Como hasta ahora no se ha hecho por voluntad propia de ninguna de ambas instituciones, pese a los múltiples intentos, tendremos que seguir en los tribunales aunque sea readaptándonos a los márgenes que se nos han marcado».
Por su parte, la asociación profesional de la que Delgado formó parte durante su época de fiscal, previa a la política, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se había personado como interesada en la causa para «increíblemente apoyar las posiciones de los demandados».
Activadas de urgencia
El pasado mes de agosto, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional admitía a trámite la demanda presentada el 22 de junio por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado por la inexistencia de un plan de prevención de riesgos laborales para la Carrera Fiscal. Las partes se veían este martes a las 09.30 horas para celebrar un acto previo de conciliación y en caso de no llegar a un acuerdo, el juicio. Sin embargo, finalmente la cita ha quedado sin efecto tras retirarse los demandantes en avance de un nuevo intento que ha servido a Llop y Delgado para ganar tiempo.
No en vano, fuentes próximas al Departamento de Justicia, así como a la Fiscalía (FGE) confirmaron hace días a El Debate que ambas instituciones se habían «activado con la máxima urgencia» para evitar una condena por este tema.
Las mismas fuentes apuntaban que tanto Justicia como la FGE estarían a punto de firmar un Convenio para dotar a los fiscales del Plan de Prevención de Riesgos Laborales del que actualmente carecen pese a que la ley establece la obligatoriedad del mismo. Una vez conocedoras de la demanda planteada por los fiscales, se conformó una comisión específica que está presidida por el fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral Félix Pantoja.
Los fiscales ya afearon, en declaraciones a El Debate, el hecho de que los organismos en los que se integran y que deberían, entre otras cuestiones, velar por sus intereses, vengan incumpliendo, desde 1995, las exigencias normativas por las que ellos mismos, como fiscales, «perseguimos y acusamos a los empresarios y empleadores» e incluso, en los casos más graves «pedimos penas de cárcel».
El Código Penal establece, en su artículo 317, que como mínimo, los que «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses».
Los fiscales, a través de APIF, han tratado «sin éxito» de arreglar la situación irregular en varios intentos con comunicaciones dirigidas a la Fiscal General del Estado pero al no recibir «ni siquiera respuesta», decidieron buscar amparo judicial. La gota que colmó el vaso fue la decisión de Dolores Delgado de enviarles a trabajar «de forma temeraria, en plena pandemia, sin medios de prevención, ni criterios médicos» y «expuestos a un contagio letal» por coronavirus, ha lamentado Salvador Viada, presidente de APIF.
5.000 fiscales desprotegidos
Pese a que desde el año 1995 es obligatorio que las administraciones públicas tengan activo su plan personalizado de prevención de riesgos laborales, ni el Ministerio de Justicia ni la Fiscalía General del Estado han abordado lo que, hasta la fecha, es una normativa formal pero no real, según ha reflejado APIF en su demanda. Algo que habría dejado expuestos a los más de 5.000 fiscales que integran la Carrera del Ministerio Público en España.
Si bien es cierto que en 2014 el secretario general de la Administración de Justicia aprobó un Manual de Prevención de Riesgos Laborales, sin trámite de participación de las asociaciones de fiscales, en el mismo no se recoge, como tal, la protección de los fiscales ni se establece su participación activa en la vigilancia ya que, según confirman a El Debate fuentes conocedoras del caso, en los Comités de Seguridad y Salud no se encuentran actualmente representados.
En dicho documento, según ha denunciado APIF ante la Audiencia Nacional, no se hace ninguna referencia a las cargas máximas de trabajo, a las circunstancias específicas de los fiscales de mayor edad o con enfermedades crónicas, a la protección de las fiscales embarazadas,... pese a que a Delgado, como fiscal general del Estado, es a quien corresponde en último término «velar por las condiciones y la carga de trabajo de todos los fiscales de España».
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