La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el arranque del pasado año judicial
Tribunales
El Supremo baraja acumular los dos recursos contra los nombramientos a dedo de Delgado
Los magistrados Pablo Lucas, Celsa Pico, Luis Díez Picazo, Pilar Teso, Antonio Fonseca-Herrero y José Luis Requero deliberan, este martes, sobre la legalidad de las designaciones de la fiscal general del Estado
Dos recursos, dos, contra la designación de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores que el Supremo tendrá que analizar. Una vez más, el Alto Tribunal se enfrenta a una polémica que afecta a la titular del Ministerio Público y tendrá que resolver si la designación discrecional de Esteban Rincón se ajustó a la legalidad. Tanto para la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo, como para el otro aspirante al puesto, José Miguel de la Rosa Cortina, la elección de Dolores Delgado no respetó los criterios mínimos de «idoneidad» para las vacantes. Ambos presentaron sendos recursos y, ahora, la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo baraja acumular ambos y dictar una única sentencia. Según confirman a El Debate fuentes próximas a la causa, será la primera cuestión sobre la que traten los magistrados este martes. En esta ocasión no habrá sorpresas con la legitimación de los recurrentes. «Se podría plantear pero es difícil», apuntan las mismas fuentes.
Delgado defendió, en su día, la elección de Esteban Rincón exfiscal Jefe de Madrid, por su capacidad para dirigir la circunscripción más numerosa y compleja de todo el país «con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos». Sin embargo, a juicio de la AF, de la Rosa Cortina, que también se postuló para el mismo cargo, atesoraba una mayor experiencia práctica y mejores conocimientos jurídicos en la materia y, además, ostentaba la categoría de fiscal de Sala, un escalafón superior al del elegido.
Un caso más que, a juicio de la entidad profesional, y del propio descartado, vendría a confirmar la opinión casi unánime en el seno de la Carrera sobre la «querencia» de Delgado por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que perteneció antes de adquirir dimensión pública– en sus procesos de selección.
De confirmarse esta tesis sobre la falta de transparencia y el sesgo de la titular del Ministerio Público en sus designaciones se vería mermado, todavía más, el prestigio de una institución en la que el Supremo tendrá que intervenir. Y es que, en las próximas semanas, tendrán que cubrirse varias jefaturas de la Fiscalía, al caducar el mandato de sus actuales titulares, entre las que se encuentran la de la Audiencia Nacional, Antidroga, Seguridad Vial, Extranjería, Criminalidad Informática y Cooperación Penal Internacional. Además, Delgado tendrá que decidir el reemplazo o la confirmación del fiscal de Sala contra los delitos de la Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente e Incendios Forestales.
La asociación mayoritaria en el Consejo (AF), con cinco miembros electos y presidida por Cristina Dexeus, que ha llegado a exigir la dimisión de la socialista, se quejaba en el recurso planteado ante el Alto Tribunal de que «transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia sólo conocida por la fiscal general del Estado».
No en vano, si bien es cierto que Delgado dispone de una amplia discrecionalidad para cubrir vacantes, sus excompañeros critican que su método sea como «norma general» que «sus propuestas lo sean de acuerdo con los votos emitidos por los vocales electivos por la lista de la Unión Progresista Fiscales, y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remita al Consejo de Ministros».
Comentarios
