Tribunales

Cuatro altos cargos de Mónica Oltra imputados en los abusos a menores «no recuerdan» por qué no avisaron a la Fiscalía

Las cuatro primeras investigadas en la causa de los presuntos abusos cometidos en un centro de menores tuteladas de la Generalitat Valenciana han declarado durante más de cinco horas. El juez alberga dudas sobre la posible falsedad del expediente informativo

Casi dos centenares de menores a cargo de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra fueron, presuntamente abusadas, mientras permanecían en un centro de titularidad pública sin que nadie hiciese nada por evitarlo. Unos hechos por los que, a mediados de febrero, eran imputados un total de seis cargos de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la también vicepresidenta autonómica Mónica Oltra, en el marco de la investigación sobre la gestión de lo ocurrido, entre otras, a una joven tutelada, por parte de un educador, que resultó ser el marido de la propia Oltra. Sin embargo, tres de los cargos citados a declarar este lunes, no han sabido explicar ante el juez el expediente informativo abierto en la Consejería acerca del tema –sobre el que pesan dudas razonables de falsedad– ni por qué no se dio parte a la Fiscalía, pese a la gravedad de los hechos.

Todos los cargos han reconocido saber que algunos de los abusos salpicaban, directamente, al entonces marido de Mónica Oltra

La directora territorial de la Consejería de Igualdad de Políticas inclusivas, en el momento en el que todo sucedió, Isabel Serra Marco, quien concurrió en la lista electoral de las municipales de 2019 y fue miembro de la ejecutiva de Compromís per Xàtiva; la directora del Centro de Acogida Niño Jesús, responsable de las menores que sufrieron los abusos, Isabel Domingo Martín; y, la psicóloga de la Sección del Menor de la Consejería, Inmaculada Martín Hernández, se han sentado hoy por primera vez ante el juez para contar su versión. La cuarta denunciada, la funcionaria María José Navarro Molina, instructora de la información reservada 1/2017 en la que se daba cuenta de la delicada situación de las menores tuteladas por la Administración valenciana, está llamada el próximo miércoles día 2.

Algunas contradicciones, muchas evasivas y varios «no recuerdo» han sido las únicas aportaciones de las implicadas –según han confirmado fuentes judiciales, en primicia, a El Debate– durante las más de cinco horas en las que se ha extendido el interrogatorio. La última en declarar ha sido la directora territorial de Igualdad de Políticas, Isabel Serra, quien ha asegurado que hicieron «lo que hacen siempre en estos casos», tratando de «justificar su actuación».

La denuncia que ha llevado a las cuatro responsables ante el instructor de la causa, aunque en distintas fechas, fue presentada por Vox, el pasado 25 de enero, ante la Fiscalía Provincial de Menores de Valencia contra la vicepresidenta del Gobierno en esta Comunidad, Mónica Oltra, por varios delitos de abandono de destino por dejación de funciones, omisión del deber de perseguir delitos e implicación en un delito de prostitución de menores.

Unas acusaciones que Oltra tildó de «cacería política» y a las que auguró poco recorrido y que, sin embargo, dieron lugar a una ampliación de las Diligencias Previas 000826/2021 –abiertas según Auto dictado el 26 de mayo de 2021– en base a las que algunos de los miembros del equipo de Oltra fueron citados a declarar, este lunes, por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. Entre ellos, la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia.

Unos hechos «gravísimos»

La vicesecretaria jurídica nacional de la formación, Marta Castro, registraba un extenso escrito basado en un informe del Sindic de Greuges –el equivalente al Defensor del Pueblo en dicha comunidad– que se hacía eco de los presuntos abusos sexuales sufridos por un total de 175 menores, 127 niñas y 48 niños, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, cuando se encontraban bajo la tutela de la Administración valenciana.

Al término de las comparecencias, la letrada de Vox en la causa en la que están personados, como acusación popular, ha calificado los hechos de «gravísimos», tanto por «la afectación de una menor que, sacada de su entorno familiar», estaba tutelada por la Consejería, como por el «abandono absoluto» por parte de la Administración competente de sus «funciones y obligaciones» y «eludiendo cualquier investigación al respecto».

La Fiscalía investiga al milímetro el registro de entrada y salida de comunicaciones de la Consejería de Igualdad

Además, Castro ha recalcado que los hechos se refieren a la «intervención directa del entonces marido de Mónica Oltra en los abusos sexuales», motivo por el que ya ha sido condenado en dos ocasiones –pendiente del recurso planteado ante el Supremo–.

Se trata de «esclarecer la inactividad absoluta y las evasivas de la Administración en los casos de las menores tuteladas», ha concluido Marta Castro. Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario de Vox, en las Cortes valencianas, Ana Vega ha asegurado que «no vamos a dejar de presentar iniciativas para que la señora Mónica Oltra comparezca para dar explicaciones de lo que está sucediendo con los centros tutelados por la Generalitat (...) con las personas más vulnerables».

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