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07 de mayo de 2024

Vista de los yates Solaris, propiedad de Roman Abramóvich, y Valerie (izquierda), de Sergey Chemezov, atracados en el Puerto de Barcelona

Vista de los yates Solaris, propiedad de Roman Abramóvich, y Valerie (izquierda), de Sergey Chemezov, atracados en el Puerto de BarcelonaEFE / Enric Fontcuberta

En respuesta a la invasión de Ucrania

La Guardia Civil inicia en toda España la incautación de yates y bienes inmuebles de oligarcas rusos

La Unión Europea ha ordenado la congelación de sus activos

La decisión del Gobierno de retener los primeros y grandes inmuebles debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea en respuesta a la guerra de Ucrania apunta a los oligarcas rusos. En concreto, a Alexander A. Mikheev y Sergei Chemezov como propietarios de estos buques, según han confirmado fuentes europeas.
Estas mismas fuentes confirman que Mikheev figura entre los empresarios rusos a los que la Unión Europea ha ordenado la congelación de sus activos, en respuesta a la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania.
El nombre de Mikheev cobró notoriedad tras iniciarse la guerra de Ucrania porque un ciudadano de este país, en venganza por los bombardeos ordenados por Vladimir Putin, trató de hundir el megayate Lady Anastasia, el mismo que ahora ha sido precintado.
El Diario Oficial de la UE ha reflejado que Alexander Mikheev es presidente y director ejecutivo de Rosoboronexport, único intermediario estatal oficial de Rusia para la exportación e importación de productos, tecnologías y servicios militares y de doble uso.

En Mallorca y Barcelona

Rosoboronexport es una filial de Rostec, compañía de propiedad estatal que supervisa la investigación y el desarrollo de tecnología militar, y posee varios centros de producción que juegan un papel instrumental en el despliegue de dichas tecnologías en el campo de batalla.
«La venta de armas constituye una importante fuente de ingresos para el Gobierno ruso», según consta el Diario Oficial de la UE, que añade que también se utiliza para promover los objetivos económicos y estratégicos de Rusia. Entre 2000 y 2020, Rosoboronexport vendió armas por valor de 180.000 millones de dólares a clientes extranjeros.
El pasado martes la Guardia Civil precintó el Lady Anastasia en Port Adriano, en Calvià (Mallorca), y otro yate en el Puerto de Barcelona, el Valerie, vinculado en este caso al oligarca ruso Sergei Chemezov, que es actualmente el director ejecutivo de Rostec Corporation, un holding estatal ruso que agrupa a más de 600 compañías tecnológicas, y es una pieza clave del complejo militar-industrial de Rusia. Emplea a más de 450.000 personas. Chemezov, nacido en Siberia, es considerado como uno de los empresarios más cercanos a Vladimir Putin. De hecho, fueron vecinos en Dresde, Alemania, y trabajó como espía del KGB en Europa Oriental con el presidente de Rusia.
El yate 'Valerie' es un barco de recreo privado de 85 metros de eslora. En un segundo comunicado, la Marina Mercante ha informado de que el 'Lady Anastasia', inmovilizado en Mallorca, tiene 48 metros de eslora y 9 metros de manga. Ambos superyates, el Lady Anastasia y el Valerie, están abanderados en San Vicente y Las Granadinas.

Otros yates en Melilla

Las indagaciones afectan a otros bienes después que el Gobierno, a través de la Marina Mercante, haya localizado otros yates en zonas como Melilla, según apuntan fuentes policiales. Se trata de barcos cuya titularidad no está vinculada a una persona física, de ahí que, una vez inmovilizados, se abra ahora un procedimiento para tratar de esclarecer si, como se cree, son empresas interpuestas las que camuflan la propiedad real, a cargo de oligarcas rusos.
En concreto, se trata de averiguar si la «propiedad, tenencia o control de estos yates corresponde a alguno de los oligarcas rusos sancionadas por el Consejo Europeo a causa de la invasión de Ucrania», según ha especificado en sus comunicados la Marina Mercante.
Las retenciones provisionales se han comunicado al titular de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a las instituciones dedicadas a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan llevar a cabo las actuaciones de verificación de la información sobre la titularidad real del buque.
En el procedimiento, según ha recordado el Gobierno, se aplica las previsiones de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo y el Reglamento número 269/2014, ambos del 17 de marzo de 2014, relativos a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
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