De izquierda a Derecha: Artur Mas, Jordi Pujol y Jordi Pujol Jr. en el Congreso de Convergencia Democratica de Cataluña (CDC) delebrado en Reus, en 2012
Audiencia Nacional
El juez Pedraz rechaza la acusación de la Generalitat en el caso del 3% por la financiación ilegal de CDC
No habrá personación de la Generalitat de Cataluña en la pieza separada del 'caso 3%' que se sigue en la Audiencia Nacional contra la presunta financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom. Así lo ha decidido el instructor de la causa, el magistrado Santiago Pedraz, en una providencia en la que ha rechazado la solicitud de la Administración autonómica catalana para participar en el procedimiento judicial en calidad de ofendida o perjudicada por los presuntos hechos bajo investigación. Ni acreditado dicha condición ni ha aportado datos suficientes para tenerla en cuenta.
De acuerdo con la posición de la Fiscalía, el juez Pedraz ha señalado que no cabe dicha participación activa del ente público en un caso en el que en la actualidad «hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados». No en vano, el instructor investiga si la formación política de los exptresidentes Jordi Pujol y Artur Mas se nutrió, irregularmente, de fondos procedentes de presuntos sobrecostes que la citada productora Triacom habría cobrado, con caracter previo a la televisión pública catalana TV3.
Era el propio Pere Aragonés, el presidente del Govern quien, el pasado 24 de marzo, ordenaba a los servicios jurídicos de la Generalitat acusar a CDC en la causa contra el extinto partido. Una petición que era cursada por el gabinete jurídico del ente autonómico y que ha quedado resuelta hoy mismo.
Pedraz lidera las pesquisas por las que la productora bajo sospecha, que contrata frecuentemente con TV3, vendía sus programas a la televisión pública y estas operaciones se utilizaban, en último término, para financiar ilegalmente al partido de Artur Mas. Convergencia ya fue condenada en el 'caso Palau' por el cobro de 'mordidas' a cambio de la adjudicación de obras públicas bajo el paraguas del Ejecutivo de Jordi Pujol.
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