La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, había requerido esta investigación
Fiscalía
Anticorrupción ultima el cierre del caso de los contratos de Ayuso a la espera del visto bueno de Delgado
La Fiscalía accedió a la versión de Tomás Díaz Ayuso sobre la ocurrido con la compra de más de un millón de euros en mascarillas que adjudicó, en tres contratos, la Consejería de Sanidad
La Fiscalía Anticorrupción interrogó al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por su posible vinculación con un contrato de mascarillas adjudicado por el Ejecutivo regional al inicio de la pandemia, antes de Semana Santa. Su declaración, junto con la de Enrique Ruiz Escudero que duró poco más de diez minutos, y quien ya dio explicaciones ante la Fiscalía, y ante los madrileños -en varias comparecencias públicas-, han sido definitivas para una causa en la que desde el Ejecutivo madrileño siempre han asegurado que se trató de «una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación». Fuentes próximas a la investigación apuntan a El Debate que «el caso está cerrado» pero no habrá comunicación oficial sin que antes sea informada la fiscal general del Estado.
Contrato de las mascarillas
La Fiscalía Anticorrupción interrogó al hermano de Ayuso antes de Semana Santa
Pese a que Dolores Delgado tiene el deber de abstenerse en el pronunciamiento de este tipo de causas «políticas» -tal y como le ha pedido en numerosas ocasiones los miembros de la Carrera Fiscal a través de sus diferentes asociaciones profesionales- las mismas fuentes subrayan que la FGE será informada de todos los avances y decisiones. Es la llamada «dación de cuentas», especialmente, en un caso que ha trascendido con tanto interés a la opinión pública.
Tal es así que la propia Delgado se veía obligada a convocar, de forma extrarodinaria, a la Junta de los fiscales de Sala para deshacer el enfrentamiento surgido entre Anticorrupción, que ha asumido las riendas del caso desde un principio, y la Fiscalía Europea que reclamaba la documentación íntegra de las pesquisas alegando la presunta malversación de fondos europeos en el pago de los contratos.
Finalmente, y por unanimidad, era el Departamento que dirige Alejandro Luzón el que seguía con la instrucción. Una actuación de la que, hasta la fecha, no se han podido encontrar las irregularidades denunciadas, de forma genérica, por los grupos de izquierda de la oposición madrileña. El archivo está sobre la mesa pero, al mismo tiempo, sobrevuela la idea de que una «recomendación» de Delgado o de su entorno más próximo en el Ministerio Público prolongue las actuaciones como ya sucedió, por ejemplo, en el caso del Don Juan Carlos.
Paso a paso
El consejero de Sanidad madrileño fue el encargado de explicar, paso a paso, el proceso de adjudicación del contrato. Una operación administrativa aprobada para la compra de mascarillas FPP2-3 que llegaron desde China, gracias a la gestión profesional de Tomás Ayuso, por importe de 1.250.000 euros. Por dicha actuación, Tomás Díaz Ayuso, comercial del sector sanitario desde hace más de veinte años, cobró 55.850 euros más IVA, tal y como ha reconocido por la propia presidenta, a la que el expresidente de su partido, Pablo Casado, llegó a señalar elevando la cifra a más de 200.000.
Del contenido de la declaración del hermano mayor de Díaz Ayuso no ha trascendido nada pero fuentes próximas a la Fiscalía han apuntado a El Debate que habría quedado todo perfectamente aclarado. Lo que vendría a confirmar que Anticorrupción salvase, desde un principio, el papel de Isabel Díaz Ayuso y la naturaleza legal y ajustada a Derecho de la polémica contratación de la que, presuntamente, acabó beneficiándose su hermano mayor.
«La presente investigación no afecta, pues, a delito alguno competencia de la Fiscalía Europea. La investigación nuclear y que ha determinado la intervención de esta Fiscalía Especial no pone en cuestión el contrato» contestaba Alejandro Luzón tras la solicitud de la delegada de la UE en nuestro país. Un contrato para el que el fiscal jefe desmontó la tesis principal del Ministerio Público comunitario: «En el caso» de que hubiese sido «financiado por los fondos de la Unión Europea», «la Comisión establece una relación de irregularidades (23) sin que manifiestamente ninguna de ellas pueda serle atribuida».
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