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Justicia El indulto en España: ¿qué es y cómo se concede?
Desde finales del siglo XIX los condenados criminales por sentencia firme pueden solicitar esta medida de gracia
El reciente indulto concedido a María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre –condenada por secuestrar a su propio hijo– y la admisión por parte del Tribunal Supremo de los recursos presentados contra los indultados líderes del procés, han vuelto a poner sobre la mesa la relevancia de esta medida de gracia. La Ley del Indulto es una de las más antiguas que siguen vigentes en la legislación actual. Su aprobación se remonta a 1870 y, por tanto, es incluso anterior a nuestro Código Civil de 1889.
El indulto es un derecho al que pueden acceder todos los reos. Para beneficiarse de él es necesaria una solicitud al Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Justicia, que una vez aprobada en Consejo de Ministros será refrendada por el Rey. Su principal consecuencia es la extinción de la pena, pero sin que desaparezca el delito cometido. Por lo tanto, tras su concesión, subsisten tanto la responsabilidad civil como los antecedentes. Ésta es la principal diferencia entre el indulto y la amnistía en la que se esfuma la conducta antijuridica como si nunca hubiera existido.
Tipos de indulto y cómo se tramitan
La legislación prohíbe los indultos generales, por lo que es obligatorio que estén individualizados y sean particulares. Asimismo, pueden ser parciales, cuando se reduce parte de la pena (como son los casos de los nueve presos del procés y de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre) o totales, cuando al condenado se le conmutan todas las penas.
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La tramitación del indulto arranca con un escrito al Ministerio de Justicia, en el que se ha de incluir la referencia del órgano jurisdiccional que dictó sentencia y el número de ésta, ligado al del procedimiento o causa del condenado. Asimismo, el Departamento competente debe solicitar un informe del tribunal sentenciador, sin la necesidad de que éste sea favorable. Por último, para que la medida de gracia surta plenos efectos es necesaria su publicación en el BOE.