Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela
Entrevista al Catedrático de Derecho Constitucional de la USC
Blanco Valdés: «La intervención abusiva del Gobierno en la Justicia para indultar a sus aliados políticos es vergonzosa»
El prestigioso jurista gallego habla para El Debate, sin tapujos, sobre las cuestiones legales más polémicas en el actual escenario político y social
Roberto Blanco Valdés (La Estrada, Pontevedra, 1957) es un hombre comprometido con la libertad, el pluralismo, el pensamiento crítico y la defensa democrática. Se doctoró en Derecho, en 1987, con premio extraordinario, y en la actualidad es catedrático de Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. Conferenciante y ensayista, ha publicado un total de dieciséis libros sobre Derecho Constitucional e Historia y Teoría Política; y, más de cien trabajos en algunas de las revistas españolas y extranjeras especializadas más prestigiosas. Ha sido, además, visiting researcher en la Universidad de Georgetown (Washington D.C.) e investigador visitante en la Universidad de La Sapienza (en Roma). Experto en Derecho de Partidos, en 1995, fue convocado como experto por la Comisión para el Estudio y la Investigación sobre Financiación del Congreso de los Diputados.
–El debate sobre la reforma constitucional es recurrente, ¿cómo lo ve usted, necesidad real o cortina de humo?
–Creo que hay dos útiles principios de partida para enfrentarse a la cuestión de la reforma constitucional. El primero, que las reformas no se hacen para poner al día las Constituciones, sino para resolver problemas que sin aquellas no podrían abordarse. El segundo, que plantear un proceso de reforma sin que haya un acuerdo mínimo entre los grandes partidos, cuyos votos son necesarios para culminarla, sólo puede conducir a una situación de frustración políticamente indeseable. En España, en estos momentos, ni se da la primera circunstancia ni la segunda condición, por lo que cabe pensar que el inicio de un proceso de reforma sería en forma de enfrentamiento partidista, que es la peor hipótesis imaginable.
–¿Cómo ve, en general, la salud del pacto constitucional? ¿Y el nivel de los políticos obligados a cumplirlo?
–El pacto constitucional atraviesa, sin duda, el peor momento desde el final del proceso constituyente. Por un lado, porque los nacionalistas vascos y catalanes que jugaron entonces al engaño (retrospectivamente puede verse con toda claridad) se han quitado hace tiempo la careta y se declaran ya, abiertamente, contra el consenso alcanzado y la Carta Magna que de él surgió. En todo caso, eso no sería tan grave de no darse una circunstancia adicional y es que, como consecuencia de los acuerdos con los nacionalistas para gobernar el Estado, en varias Comunidades Autónomas y no pocos ayuntamientos, el PSOE –fundamental en la culminación y desarrollo posterior del pacto constitucional– se ha instalado en una política de pura conveniencia en la que su único objetivo es sobrevivir en el poder, incluso a costa, si es necesario, de vulnerar elementos fundamentales del pacto constitucional.
–La Corona sigue siendo la institución más valorada. ¿Qué se quedó en el tintero de los padres constitucionales? ¿Habría que mejorar en materia de Igualdad?
–La Corona es hoy, como lo ha sido desde 1975, un elemento esencial del pacto constitucional como símbolo de la unidad del Estado por encima de las diferencias políticas e ideológicas que caracterizan a una sociedad plural. En un sistema donde los partidos tienden a controlarlo todo, incluso lo que no deberían, la Corona sigue siendo una institución suprapartidista que genera una fuerte unidad política y una sólida cohesión territorial. Esa es la verdadera razón por la que los enemigos del pacto constitucional quieren acabar con la Corona. No tanto por ella misma sino porque saben que si lograran abolirla sus demás objetivos, esencia el de acabar con la unidad del Estado, estarían mucho más cercanos.
Los enemigos de la Corona saben que si lograran abolirla, sería el fin de la unidad territorial del Estado
En cuanto al tema de la prevalencia hereditaria del varón sobre la mujer es obvio que la sociedad española actual no entendería que ese elemento determinase la sucesión, como no entiende que pueda determinar otras muchas elecciones personales o laborales. Pero dado que el Rey es joven y tiene dos hijas, abrir ahora esa reforma constitucional sólo serviría, por decirlo claro y pronto, para brindarles a los enemigos del pacto constitucional la posibilidad de un referéndum –obligatorio– que aunque formalmente dirigido a decidir sobre la eliminación del sexo preferente se acabaría transformando, con toda seguridad, en una consulta fraudulenta sobre la propia monarquía. Comportarse así sería, si se me permite, una ingenua estupidez.
–¿Está deslegitimado un Gobierno que ha encerrado a los españoles bajo el paraguas de dos estados de alarma inconstitucionales?
–La declaración por parte del Tribunal Constitucional, muy acertada a mi juicio, de que el primer estado de alarma fue inconstitucional en alguno de sus elementos, lo que ya algunos constitucionalistas habíamos adelantado, no deslegitima al Gobierno pero supone un fuerte varapalo a su forma frívola de actuar en temas esenciales. Es más grave el hecho de que algunos ministros y el propio presidente del Gobierno, desconociendo la sentencia del TCE y el lugar que éste ocupa en nuestro ordenamiento, hayan declarado que en iguales circunstancias actuarían del mismo modo, tras saber que ese modo de actuar ha sido declarado contrario a la Constitución por quien tiene la potestad constitucional para hacerlo.
–¿Y si, además, incorpora a los enemigos del Estado constitucional en una Comisión de Investigación de Secretos Oficiales?
–Esa decisión de la presidenta del Congreso, que todo indica que ha sido influida directamente por el Gobierno, constituye a mi juicio un gravísimo error. Introducir en una Comisión parlamentaria a la que se comunican informaciones sensibles para la seguridad del Estado a un partido cuyos dirigentes estarían en la cárcel por secesión, de no haber sido indultados por el Gobierno; a los directos herederos y valedores de la trayectoria de la más sanguinaria banda terrorista de Europa, durante más de medio siglo; y, a un partido con evidentes complicidades con movimientos violentos, constituye un auténtico disparate político. Es increíble que el PSOE lo haya tolerado. Como decía Martin Luther King, «no recordamos las palabras de los enemigos, pero sí el silencio de nuestros amigos».
–¿Fueron legales los indultos a los condenados del procés?
–Yo creo que no y así lo argumenté no hace mucho en un artículo publicado en la revista Claves de Razón Práctica, que dirige mi querido y admirado Fernando Savater. A mi juicio no se daban, entre otras, las condiciones fijadas en la ley para indultar y, con toda evidencia, falta el arrepentimiento de los condenados y su manifestación de voluntad de que no volverán a delinquir. Me alegro de que el Tribunal Supremo haya cambiado de criterio y aceptado los recursos presentados contra los indultos, pues resulta indispensable que resuelva una cuestión de tantísima trascendencia. Más allá de la legalidad, la apariencia de intervención abusiva y privilegiada en la Justicia que supone el hecho de que el que gobierne indulte a los aliados políticos que lo sostienen es, sencillamente, vergonzosa.
–¿Puede soportarse que esos aliados no cumplan una sentencia judicial firme y me refiero a la que obliga al 25 % de la educación en español?
–El cumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia es uno de los elementos que distinguen a una sociedad civilizada de una sociedad de bárbaros. El comportamiento del Gobierno catalán en relación con la denominada sentencia el 25 % se califica con claridad con una pregunta: ¿qué diría el Gobierno catalán si en aquellos asuntos en los que es parte, los obligados a cumplir una sentencia por haber violado la legalidad autonómica se la pasarán por el arco del triunfo una y otra vez? No hay que añadir nada más, salvo decir que en Cataluña se hablan dos lenguas que merecen, como cooficiales, igual respeto e idéntica protección.
En el aborto, cualquier cambio legislativo debería ser fruto de amplios pactos parlamentarios y no de decisiones tomadas por quienes representan a una parte del país frente a la otra
– ¿Es inconstitucional el aborto tal y como se regula actualmente en España?
–Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el recurso contra la ley de despenalización parcial del aborto en 1985, no hay duda de que, según su doctrina, el derecho a la vida del artículo 14 es compatible con una despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en determinados supuestos. La duda actual es, por tanto, si la ley de 2010 que cambió el previo sistema de indicaciones por un sistema de plazos cabe, o no, dentro de los límite fijados por la Constitución para el derecho a la vida. La reciente decisión del TC de seguir sin resolver esa cuestión constituye, a mi juicio un grave error, pues su misión pacificadora de los conflictos jurídicos no se ha cumplido durante mas de 10 años, con un grave perjuicio para la paz social y política. En todo caso, hay algo que me parece necesario añadir: en un tema de la importancia del aborto, donde están implicadas graves cuestiones éticas y morales, cualquier cambio legislativo debería ser el fruto de amplios pactos en el Parlamento y no de decisiones tomadas por quienes representan a una parte del país frente a la otra.
–¿Tiene usted la sensación de que el poder judicial es independiente? ¿Y la Fiscalía General del Estado?
–Creo, sin duda, que el poder judicial en su importantísimo y crucial trabajo del día a día actúa con independencia. Otra cosa es que la actual forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial favorezca esa idea de independencia o contribuya a contradecirla que es, justamente, lo que creo que pasa en España. A mi juicio, debería volverse a un sistema de elección del Consejo más cercano al que estableció UCD en su día, lo que, tal y como han declarado las autoridades europeas, constituiría un claro impulso a la idea de la independencia judicial. Por lo que se refiere a la Fiscalía General del Estado la respuesta es obvia, no. Y su falta de independencia está causando graves perjuicios al funcionamiento de nuestro sistema político.
–¿Cuál sería, en su opinión, el modo correcto para elegir a los miembros del CGPJ?
–El que, como ya en su día aclaró el Tribunal Constitucional, parece más coherente con la Constitución: la elección de ocho miembros del Consejo por el Congreso y el Senado y de los 12 restantes no sólo entre jueces y magistrados, sino también por jueces y magistrados.
–¿Cómo respira la universidad española? ¿Cree que es indulgente?
–Con sus problemas, propios de toda institución humana. La universidad actual creo que es la mejor que hemos tenido. Se investiga más que nunca y se preparan graduados de una gran calidad en todos los ámbitos. Además, es la institución más importante que existe en España para favorecer la movilidad social. Yo estoy orgulloso de ella en todos los sentidos y en este último de una forma especial. Otra cosa son los constantes cambios legislativos que, como para todo el sistema educativo en general, suponen un profundo disparate.
–Usted ha sufrido, como poco, pintadas en su despacho. ¿Cómo se asume eso en el día a día de la docencia?
–He sufrido ataques en mi Facultad pero, sobre todo, y lo que es mucho peor, graves ataques (con instrumentos explosivos incluidos) en mi casa, en la que vivo con mi mujer y vivía, cuando se produjeron, con mis hijas. Todo ello consecuencia, sobre todo, de mi labor como articulista en La Voz de Galicia durante cerca de treinta años en defensa de una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Más allá de esos ataques, intolerables, en mi labor docente me manifiesto con una absoluta neutralidad política: es posible que haya en España un profesor tan cuidadoso e imparcial en su labor como yo, pero puede asegurarle que no más. Ese es un patrimonio esencial para mí de honestidad intelectual que aprendí de mis padres y al que jamás renunciaré.
Comentarios
