Bartolomé Cursach, a su llegada a la audiencia de Palma
Las claves del juicio del caso Cursach: la causa contra el mayor empresario de la noche mallorquina
La Audiencia Provincial de Palma acoge desde este lunes un juicio que tendrá a 23 personas sentadas en el banquillo de los acusados
La Audiencia Provincial de Palma acoge desde este lunes el juicio de la pieza principal del denominado caso Cursach, con 23 personas sentadas en principio en el banquillo, entre ellas el empresario Bartolomé Cursach, quien durante décadas fue el principal promotor del sector del ocio nocturno en Mallorca. El juicio se prolongará en principio hasta junio del próximo año.
Cabe recordar que en el caso Cursach se investigó, esencialmente, la supuesta existencia de una trama de corrupción –policial, política y empresarial a un tiempo–, que presuntamente contaba con varias ramificaciones y cuyo supuesto impulsor habría sido Cursach, quien poseía negocios en los municipios de Palma y Calviá. Según esa hipótesis, el empresario habría contado durante años con la «protección» de policías, políticos y funcionarios, que habrían favorecido al Grupo Cursach a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los negocios de la competencia con continuas inspecciones y sanciones.
Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción pedía ocho años y medio de cárcel para Cursach en el marco de la pieza principal del caso, pero en su último escrito el Ministerio Público redujo esa petición a un año y medio. En ese mismo documento, la Fiscalía también decidió retirar la acusación a un total de ocho personas. Ambas decisiones estuvieron motivadas por las presuntas deficiencias detectadas en la instrucción que realizaron en su momento el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) acaba de dar luz verde a que se juzgue a Penalva y Subirán por esas supuestas deficiencias, en concreto como presuntos autores de diversos delitos, entre ellos los de detenciones ilegales, coacciones y revelación de secretos.
El nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción no ha evitado, en cualquier caso, que este lunes se hayan tenido que presentar en la Audiencia un total de 23 personas –de las 24 encausadas originariamente una falleció–, ya que por ahora las acusaciones particulares no han cambiado sus criterios de calificación iniciales. Cabe recordar que las acusaciones particulares están conformadas por empresas que se consideran perjudicadas por Cursach, para el que siguen pidiendo elevadas penas de prisión, de hasta 41 años en total. En cuanto a la Abogacía de la Comunidad, que se había personado también en el proceso, decidió retirarse tras conocer el contenido del último escrito del Ministerio Público.
Una larga instrucción
Los antecedentes del caso Cursach cabe situarlos hace casi una década, en dos investigaciones distintas puestas en marcha inicialmente por la jueza Carmen González, que empezó a indagar sobre sendas posibles tramas de corrupción, una en el seno de la Policía Local de Palma y otra en el seno de la Policía Local de Calviá, que aparentemente no tenían ninguna vinculación entre sí. En Palma, la jueza investigaba el presunto amaño de unas oposiciones convocadas en 2012 para poder acceder al grado de inspector de la Policía Local, mientras que en Calviá examinaba la presunta existencia de sobornos a policías municipales.
La Audiencia de Palma comienza este lunes el juicio del caso Cursach
La jueza González sería sustituida en la instrucción de esas dos causas por el juez Penalva, que trabajaba coordinadamente con el fiscal Anticorrupción Subirán. A raíz de las primeras indagaciones realizadas en Palma y en Calviá, Penalva y Subirán empezaron a plantearse la posibilidad de que aquellas dos supuestas tramas de corrupción en apariencia distintas pudieran tener algún vínculo en común y de que quizás más adelante pudieran aparecer posibles derivaciones inicialmente no contempladas. Así, además de investigarse en Palma la supuesta manipulación de las citadas oposiciones en la jefatura del cuerpo policial, a partir de 2015 se investigó también la presunta extorsión a bares y clubs de la Playa de Palma por parte de agentes de la Patrulla Verde o la supuesta celebración de fiestas privadas en la discoteca Tito's –propiedad de Cursach– sólo para policías locales.
Durante sus investigaciones, Penalva y Subirán fueron llegando poco a poco a la conclusión de que en realidad existía una vasta y única trama de corrupción, supuestamente liderada por Cursach. La progresiva percepción que iban teniendo Penalva y Subirán de que Cursach podía ser el posible nexo de unión entre las distintas causas que estaban investigando, motivó que a partir de un cierto momento los medios encuadrasen todas esas causas con un único epígrafe, el de caso Cursach, que se consolidó con cada nueva línea de investigación paralela que fueron abriendo el juez y el fiscal. El ya denominado definitivamente caso Cursach fue haciéndose cada vez más complejo, dando lugar a sucesivas piezas separadas. Fue también entonces cuando empezaron a surgir críticas cada vez más fuertes por el modo en que se estaba desarrollando la instrucción del caso, al entender los principales afectados e imputados que muchas decisiones de Penalva habrían estado marcadas por la falta de fundamentación y la arbitrariedad.
Las crecientes dudas sobre la labor instructora de Penalva motivaron que ya en marzo de 2018 la Audiencia Provincial le apartase de este macroproceso por «pérdida de apariencia de imparcialidad». El sustituto de Penalva al frente de la instrucción del caso Cursach pasó a ser el juez Miquel Florit, quien se hizo cargo de las diversas piezas separadas que estaban ya en marcha. Sin embargo, Florit tuvo que dejar también el caso, al ser procesado en 2019 por ordenar requisar los teléfonos móviles a dos periodistas que cubrían el caso Cursach. En el juicio posterior, celebrado en febrero de 2020, Florit resultó absuelto. Finalmente, pasaron a ocuparse del caso los jueces Antoni Garcías y Enrique Morell.
Principales novedades
La instrucción de la pieza principal del caso Cursach se cerró en 2018. En diciembre de aquel año, la Fiscalía Anticorrupción presentó un primer escrito de acusación, en el que consideraba que para esta pieza debían sentarse en el banquillo un total de 24 personas, entre ellas el propio empresario isleño y su número dos, Bartolomé Sbert. El Ministerio Público solicitaba entonces para Cursach un total de ocho años y medio de cárcel, como presunto autor de los delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. Entre el resto de acusados, la mayoría eran policías locales de Palma, si bien había también varios funcionarios y un alto cargo del Govern.
Los fiscales Joan Carrau y Tomás Herranz a su llegada a la Audiencia de Palma
Con posterioridad, como se ha indicado ya, buena parte de la instrucción llevada a cabo por Penalva y Subirán fue puesta en entredicho, lo que hacía prever que la Fiscalía presentaría un nuevo escrito de acusación poco antes del inicio de la vista oral, como así ha ocurrido finalmente. En ese nuevo documento, firmado por los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz el pasado 30 de mayo, se acusa a Cursach ya únicamente de dos delitos, integración en grupo criminal y prevaricación, solicitando para él una pena total de un año y medio de prisión. Para Sbert, la pena global solicitada ha pasado de los ocho años y medio que se pedían en 2018 a los tres años y medio que se piden ahora.
Carrau y Herranz han retirado además la acusación que pesaba hasta ahora contra otros tres empleados del Grupo Cursach, contra los tres funcionarios encausados y contra el mencionado alto cargo del Govern, esencialmente por la falta de verosimilitud o la ausencia de pruebas de los hechos que se les imputaban. En ese sentido, se ha descartado por ejemplo por completo la existencia de supuestas orgías en Tito's. Ambos fiscales sí mantienen, en cambio, la acusación contra los policías locales procesados en esta pieza, si bien han rebajado la petición inicial de cárcel o de inhabilitación para la mayoría de estos agentes.
Este será el tercer juicio al que se enfrente Cursach. En el primero, que tuvo lugar en junio de 2018, se condenó al empresario a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. La mencionada sentencia no implicó el ingreso de Cursach en un centro penitenciario, ya que se tuvo en cuenta que el magnate había pasado previamente 13 meses en prisión provisional, entre marzo de 2017 y abril de 2018, por orden de Penalva. El empresario pudo salir entonces de la cárcel y quedar en libertad con cargos después de haber abonado una fianza de un millón de euros. Con posterioridad, en julio de 2019, Cursach fue juzgado y condenado a pagar una multa de 9.000 euros por haber calificado a Penalva como «subnormal» hasta en tres ocasiones poco después de haber salido de la cárcel.
Penas solicitadas para los principales acusados
- Bartolomé Cursach, empresario
La Fiscalía solicita en total para el magnate isleño un año y medio de prisión, así como 25 años de inhabilitación, por los delitos de grupo criminal y prevaricación. Las presuntas deficiencias habidas en la instrucción del caso han debilitado las acusaciones que inicialmente pesaban contra él.
- Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach
El Ministerio Público pide para quien fue el número dos de Cursach un total de tres años y medio de cárcel, así como también 25 años de inhabilitación, por los delitos de grupo criminal, prevaricación y coacciones.
- Gabriel Torres, antiguo jefe de la Patrulla Verde
La Fiscalía le considera responsable de los delitos de grupo criminal, prevaricación, omisión de perseguir delitos, coacciones y revelación de secretos, por lo que pide para él un total de tres años y medio de cárcel.
- Bartolomé Capó, antiguo mando de la Patrulla Verde
El Ministerio Público le acusa de grupo criminal, prevaricación y revelación de secretos, reclamando una pena de un año y tres meses de prisión, y una multa.
- Juan Miguel Mut, exjefe de la Policía Local de Palma
La Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por prevaricación y dos años más también de inhabilitación por omisión de perseguir delitos.
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