Ada Colau, Mónica García, Mónica Oltra, Yolanda Díaz y Fátima Hamed, en su acto en Valencia
Los problemas judiciales de Colau, Oltra y García ponen en un brete al proyecto político de Yolanda Díaz
La alcaldesa de Barcelona debe hacer frente a dos imputaciones, por presunta malversación y prevaricación y otra por coacciones; Oltra deberá declarar por presunto encubrimiento de abuso sexuales y el TdC investigará por financiación ilegal a Más Madrid
Hace medio año, en Valencia, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, daba el pistoletazo de salida a su proyecto, una plataforma de izquierdas que tenía como objetivo parar la caída electoral de Podemos. Sus pilares y las personas que de hecho la acompañaron en ese acto fueron la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra y la líder de Mas Madrid, Mónica García.
«Esto es el comienzo de algo maravilloso», aseguraba entonces Díaz. Pero medio año después, su proyecto político está 'tocado' precisamente por los problemas judiciales de sus compañeras en aquel acto. Colau está siendo investigada por presunta malversación y prevaricación por conceder subvenciones irregulares a entidades afines. También declarará por coacciones a raíz de la querella presentada por una empresa, Vauras. Mónica Oltra acaba de ser imputada por el TSJCV por el presunto encubrimiento de abusos sexuales. Y en el caso de Mónica García, la fiscalía del Tribunal de Cuentas investigará la supuesta financiación ilegal de Más Madrid.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es una de las personas que más se ha volcado en el proyecto de Yolanda Díaz. Recientemente ha anunciado que se presentará por tercera vez como candidata a la alcaldía de Barcelona, a pesar de que tiene por delante un horizonte con varias citas judiciales importantes.
Una de las querellas a las que Colau debe hacer frente es la de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Se investiga a la alcaldesa por malversación, prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público por conceder de forma irregular subvenciones a entidades afines, como la plataforma de Afectados por la Hipoteca, el observatorio DESC o la Alianza contra la Pobreza Energética. En la querella se cifra la presunta malversación en 80 millones de euros.
También está pendiente de que otro juzgado de Barcelona la cite para declarar como investigada, junto con tres cargos municipales, por presuntas coacciones y prevaricación administrativa. Todo ello, después de una querella presentada por el fondo Vauras Investment, que acusa al consistorio de haberlos presionado, imponiendo multas, para que ofrecieran un alquiler social a las personas que habían ocupado ilegalmente varias viviendas de un bloque de pisos propiedad de Vauras.
Por otro lado, Mónica Oltra también deberá declarar el próximo 6 de julio en el TSJCV. El tribunal ha visto «indicios relevantes» contra la vicepresidenta de la Generalitat valenciana en la causa abierta sobre el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor. Menor que estaba tutelada y a cargo precisamente de la Generalitat.
Oltra ha asegurado en varias ocasiones que «ni hay ilegalidad ni falta de ética», pero el tribunal sí aprecia «indicios plurales» que «hacen sospechar la posible existencia de un concierto» entre la vicepresidenta y varios funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada». Oltra, por cierto, no tiene intención de dimitir.
Y la tercera participante en el acto de Valencia, junto con Díaz, Colau y Oltra fue la líder de Más Madrid, Mónica García. De momento, ha visto cómo la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias y va a investigar la supuesta financiación ilegal de su partido. Todo ello nace de la denuncia que presentaron tres excompañeros que militan ahora en Recupera Madrid.
En esta denuncia de decía que Más Madrid «obliga a los trabajadores contratados por el partido a donarle una parte de sus retribuciones mediante una cuota mensual». Y esta obligación se extiende al personal eventual y a los vocales vecinos, lo que, según los denunciantes, supone una «infracción de la normativa de financiación de los partidos políticos» que prohíbe aceptar cuotas periódicas a personas que no sean afiliadas. Puede suponer «una falta muy grave» que podría conllevar sanciones de hasta 300.000 euros.
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