Mónica García, Más Madrid junto al líder de Más País, Íñigo Errejón
Causas Pendientes
La financiación irregular de los partidos políticos y sindicatos bajo la lupa del Tribunal de Cuentas
El órgano fiscalizador tiene actualmente en trámites varios expedientes destinados a determinar si las formaciones emplearon irregularmente el dinero público recibido con cargo a su representación parlamentaria
Más Madrid, Ciudadanos,PP, Podemos y UGT se enfrentan, en estos momentos, a la lupa del Tribunal de Cuentas. Sobre la mesa las presuntas irregularidades en la que las formaciones habrían incurrido para obtener la financiación necesaria para el desarrollo de su actividad de representación. En el caso del partido de Mónica García e Íñigo Errejón, el último en verse envuelto en una investigación formal del órgano fiscalizador, la Fiscalía ha solicitado el arranque de las pesquisas a raíz de la denuncia presentada por tres exmiembros de la entidad política, ahora en Recupera Madrid. Así las cosas, era el fiscal jefe quien esta misma semana comunicaba en un escrito que daba traslado de la denuncia presentada por el también Grupo Mixto al Departamento de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas, el competente para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos o no de infracción de la ley de financiación de formaciones políticas.
«En la denuncia se afirma que Más Madrid obliga a los trabajadores contratados por el partido a donarle una parte de sus retribuciones mediante una cuota mensual, obligación que se extiende al personal eventual contratado y a los vocales vecinos, todo lo cual supone, según la denuncia, una infracción de la normativa de financiación de los partidos políticos», recogía el documento.
Un escenario que, si bien no es un delito –sino una «falta muy grave» dado que la ley de financiación de partidos «sólo llama delito a recibir y aceptar donaciones anónimas, o de personas jurídicas del extranjero o por más de 50.000 euros»– «se puede sancionar con el doble o hasta cinco veces la cantidad recaudada ilegalmente». Según las cuentas del también Grupo Mixto y partiendo desde diciembre de 2020 con una cantidad recopilada de 60.000 euros, Más Madrid podría ser condenado a pagar una multa de entre 120.000 y 300.000 euros.
El caso de PP y Ciudadanos
En cuanto a las formaciones de la derecha política, el ente fiscalizador no descarta tomar decisiones sobre PP, Ciudadanos y hasta una decena de partidos más por el mal uso de una serie de subvenciones, correspondientes al ejercicio 2017, para seguridad, y cuya devolución reclama el Tribunal de Cuentas.
Era el pasado mes de marzo cuando desde el TC se detectaban unos supuestos errores en la contabilidad del PP, Ciudadanos y el Partido Feminista, formación extraparlamentaria, por lo que se decidió estudiar la posible imposición de sanciones. En el caso de PP y Ciudadanos se trataría de ingresos de procedencia no identificada -y escasa cuantía en el caso de los populares, unos 3.000 euros aproximadamente- y los feministas, pero sensiblemente mayores para la formación que lidera Inés Arrimadas. Para la catalana las cosas estánmás serias: ingresos de cuatro donaciones con origen en personas físicas, recibidas todas ellas en la misma fecha, por el importe máximo de 50.000 euros, que procedían «todas ellas de una misma cuenta bancaria de titularidad conjunta de dos de los donantes». Lo que habría podido llevar a Ciudadanos a superar el límite máximo de donaciones recibidas en sus filas «en cómputo anual», tal y como establece la ley de financiación de partidos políticos.
En el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio de 2016, el Tribunal cifró en 632.761,69 euros las subvenciones a reintegrar para un total de 12 partidos políticos
Para Podemos, Izquierda Unida o En Comú, el tribunal ya impuso la devolución de diferentes importes desde las entidades con cargo a una serie de inyección de de dinero público que, presuntamente, recibieron para la compra de elementos de seguridad que no se adquirieron ni ejecutaron, y que ahora les obliga a devolver al Ministerio del Interior. La cuantía asciende a casi medio millón de euros que, si bien les fueron concedidos en 2016, no se destinaron estrictamente para los fines que la ley establece.
Más de la mitad de ese importe total -unos 323.828,22 euros- correspondería a la formación morada que ingresó para gastos de seguridad del ejercicio 2016 unos 384.276,94 euros mientras dijo haber invertido en esa misma partida unos 452.955,97 euros.
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