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24 de abril de 2024

Juan Manuel Rodríguez Poo, junto al ministro Escrivá y Calviño

Juan Manuel Rodríguez Poo, junto al ministro Escrivá y la ministra CalviñoPaula Andrade

Trile parlamentario

El Gobierno urdió el asalto al INE mediante una trampa colocada en la Ley Audiovisual

Utilizó dicha ley, aprobada en las Cortes la semana pasada, para modificar de rondón la Ley de Función Estadística Pública y tomar el control del INE. Solo Vox se dio cuenta, pero de nada sirvió

Nadia Calviño se había cansado de que el Instituto Nacional de Estadística circulara en sentido contrario al del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La destitución encubierta –el Gobierno habla de dimisión– de su ya ex presidente, Juan Manuel Rodríguez Poo, no ha sido un arrebato; sino fruto de una operación diseñada al milímetro.
El PSOE preparó su asalto al INE utilizando como caballo de Troya una ley que las Cortes acaban de aprobar, la semana pasada: la Ley General de Comunicación Audiovisual, que entre otras cosas establece un cupo de lenguas cooficiales de obligado cumplimiento para plataformas como Netflix y HBO.
En ella introdujo semanas atrás, de rondón y sin venir al caso, una modificación de la Ley de Función Estadística Pública que, en la práctica, supone que el INE quedará bajo el férreo control del Gobierno, sin siquiera supervisión del Congreso. Puesto que estipula: «Su estructura y funciones se desarrollarán por medio de un Estatuto que será aprobado por Real Decreto». Es decir, por el Consejo de Ministros.
En mayo, en el último suspiro del plazo de enmiendas a la Ley Audiovisual en el Congreso, el grupo parlamentario socialista presentó por sorpresa una enmienda, la número 804, para añadir al articulado una disposición final que nada tenía que ver. Una disposición final que modifica sustancialmente la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública, la que a su vez regula el INE.
Tan sustancialmente que afecta a 17 artículos, cuatro de ellos relativos al capítulo dedicado al Instituto Nacional de Estadística. Adonde el Gobierno quería ir a parar, en concreto, es al artículo 25. En la nueva redacción, el Consejo de Ministros se arroga la potestad de cambiar de arriba abajo el INE –«su estructura y funciones»– mediante un Estatuto aprobado por real decreto.

El PSOE introdujo una enmienda a la Ley Audiovisual en el último suspiro para modificar la Ley de Función Estadística Pública

Este último detalle no es menor. Pedro Sánchez ha elegido la fórmula del real decreto, que tiene rango de reglamento, porque no requiere su posterior convalidación por el Congreso. A diferencia de lo que ocurre con el real decreto ley. Así que la oposición nada podrá hacer.
El artículo 25 de la Ley de la Función Estadística Pública de 1989

El artículo 25 de la Ley de la Función Estadística Pública de 1989

El artículo 25 tal y como ha quedado redactado tras la modificación

El artículo 25, tal y como ha quedado redactado tras la modificación

Además, añade un apartado tres a ese artículo que reconoce al INE como «autoridad estadística nacional». En la justificación de motivos de esa enmienda, los socialistas hacían alusión a esto último, pero no mencionaban el nuevo Estatuto del INE. Ni de pasada. «Este papel de los Institutos Nacionales de Estadística y de sus máximos responsables debe reconocerse en la modificación de la actual Ley. Así, se ha incluido un nuevo apartado 3 en el artículo 25 reconociendo el papel del INE como autoridad estadística nacional y se ha revisado el artículo 47 sobre el papel del presidente del INE para definir su función como representante del Sistema Estadístico Nacional en el Sistema Estadístico Europeo», explicaban.

La polémica que tapó lo demás

La enmienda del PSOE fue introducida en el texto final de la Ley General de Comunicación Audiovisual que el Pleno del Congreso aprobó el pasado 26 de mayo, en medio de una gran polémica entre los dos socios del Gobierno por la definición de «productor independiente». De hecho, Unidas Podemos se abstuvo en la votación. La polémica, suscitada pocos días antes, sirvió a los socialistas para desviar la atención y que pasara desapercibido el abordaje al INE que tenían tramado.
La Ley Audiovisual llegó al Senado y, ahí, Vox se dio cuenta de la trampa. El partido de Santiago Abascal presentó una enmienda para suprimir la disposición final que modificaba la Ley de Función Estadística Pública. «No existe ninguna razón que justifique la modificación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública a través de una disposición final de este proyecto de ley (el de Comunicación Audiovisual) que en nada a afecta a dicha Ley 12/1989. Esta forma de proceder atenta, además, contra la propia actividad parlamentaria al eludir un debate serio, específico y en profundidad de la amplia modificación de dicha Ley que aquí se aborda», lamentaron los senadores de Vox en el escrito.
Sin embargo, su denuncia cayó en saco roto y la Ley Audiovisual fue aprobada definitivamente por el Senado el 22 de junio en los mismos términos en los que había sido remitida por el Congreso.

Hasta el borde del precipicio

Solo dos días después empezaron a sonar con fuerza los rumores sobre una inminente destitución del presidente del INE, Rodríguez Poo, a raíz de una información publicada por El Confidencial. La vicepresidenta Calviño le llevó hasta el borde del precipicio y el lunes él saltó.
Una vez conocida la noticia, el Ministerio de Asuntos Económicos remitió un comunicado en el que por primera vez aludía a esa reforma encubierta de la Ley de la Función Estadística Pública: «El Gobierno refuerza el sistema estadístico estatal con una reforma legal y un nuevo estatuto para el INE. Las reformas impulsadas por el Gobierno para reforzar y modernizar el Sistema Estadístico Estatal han alcanzado un hito fundamental con la aprobación en el Parlamento de una modificación de la Ley de la Función Estadística Pública».
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