Francisco Granados, expresidente del Partido Popular de Madrid
Tribunales
La Fiscalía Anticorrupción cierra la pieza política de Púnica siete años después
Los fiscales han concluido el escrito de calificación provisional de la separata número 9 de la macrocausa en la que se trata de determinar si existió una presunta 'caja B' en el PP madrileño para financiar las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011
En 2014, la Audiencia Nacional arrancaba las investigaciones de la denominada causa Púnica que, durante más de siete años, han mantenido bajo sospecha a más de medio centenar de políticos y empresarios madrileños vinculados a una presunta trama irregular diseñada para costear las campañas electorales del Partido Popular de Madrid, durante la época en la que era presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre. La Fiscalía Anticorrupción ha cerrado, por fin, el escrito de calificación provisional de los hechos –identificado los delitos cometidos y a los responsables de los mismos, de entre los que quedarán apenas un 20 % de los imputados totales– en un pormenorizado escrito dirigido al magistrado del Juzgado de Instrucción Central número 6, Manuel García-Castellón, en el que todo apunta a que quedará liberada la propia Aguirre, según ha podido saber El Debate en primicia. El Departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón ha previsto la notificación formal del mismo este lunes 18 o martes 19, como fecha límite.
Más allá de las acusaciones recibidas, ninguna prueba contundente ha podido conectar a la entonces líder del PP de Madrid como «supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza» e impulsarlas con la «finalidad» irregular de sufragar «las campañas dirigidas a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad», según apuntaban las sospechas iniciales cuando fue imputada, en 2019.
El punto de partida lo marcó el hallazgo de una agenda de su entonces secretario general, Francisco Granados, considerado el ideólogo de un sistema orientado a la concesión de contratos públicos –supuestamente adjudicados «a dedo» y valorados en cerca de 250 millones de euros– a cargo de la Administración madrileña. Los empresarios beneficiados por las concesiones pagarían los favores recibidos a modo de comisiones opacas a la Hacienda Pública que, más tarde, afloraban para sufragar gastos electorales a través de un complejo entramado societario.
Tras siete largos años de actuaciones, diligencias y pesquisas, el pasado 29 de enero García-Castellón rechazaba prorrogar la investigación abierta sobre la presunta 'caja B' de los populares madrileños al entender que las actuaciones eran «suficientes» y que las solicitudes formuladas en sentido contrario no respondían más que a «argumentaciones potenciales o futuribles».
Desde entonces, y hasta la fecha, los fiscales al frente del caso han trabajado contrarreloj para finiquitar un escrito que rondará algo menos del millar de páginas y que ha sido revisado hasta el detalle por el jefe del Departamento contra la corrupción del Ministerio Público, Alejandro Luzón. Según han apuntado a El Debate fuentes conocedoras del caso, en su pormenorizada exposición las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez, con Alejandro Cabaleiro al frente, argumentarán las motivos por las que se quedarán fuera de las acusaciones formales, más del 80 % de los imputados. Entre ellos, la más que probable 'absolución' de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y algunos de los cargos populares que la acompañaron durante su etapa,
Horizonte despejado para Aguirre
Con esta actuación de la Fiscalía se cerrará definitivamente la fase de investigación de la parte central de Púnica sin que uno de los principales implicados, Guillermo Ortega, alias 'el Rata', haya presentado la carta de colaboración a la que se comprometió con el magistrado Manuel García-Castellón. El que fuera alcalde de la madrileña localidad de Majadahonda anunció que aportaría nuevos indicios acerca del presunto papel de Esperanza Aguirre, en el marco de la trama de financiación supuestamente irregular de la que se habría beneficiado el PP de Madrid, pero nunca ha llegado a consignar nueva información o documentos.
Así las cosas, y sin nuevas pruebas sobre la mesa, el horizonte se despejaría para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que fue imputada hace más de tres años sin que, transcurrido ese tiempo, se hayan dado indicios concluyentes sobre su posible implicación directa o acreditable en los hechos delictivos.
Y ello, pese a que Ortega –junto con otros dos de los condenados en la trama Gürtel, Arturo González Panero, 'el Albondiguilla', exalcalde de Boadilla del Monte; e Isabel Jordán, una antigua empleada de Francisco Correa– solicitó una declaración voluntaria ante García-Castellón, celebrada en julio de 2020, para arrojar luz sobre la presunta financiación opaca en el Partido Popular de la época aguirrista. Aunque todos aseguraron que en la formación madrileña no se movía nada sin el conocimiento de la entonces presidenta, ninguno ha presentado nada concluyente contra ella.
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